Primero, habría que decirle a Octavio Romero Oropeza que el dictamen que encontró para acusar en la tribuna con el mayor altavoz del país a una ciudadana crítica no contiene elementos para determinar que hace 20 años hubo un suicidio en Pemex. Tiene huellas, testigos y datos de autopsia para descartar un homicidio, pero de eso no se desprende un suicidio. Tiene, sí, a un testigo que afirma que un funcionario de Pemex estaba deprimido y también a otro que afirma que él siempre se subía a la orilla de la ventana para fumar. La ventana desde la que cayó o saltó.
Leer el dictamen es importante: la autoridad solo investigó para descartar el asesinato, no para demostrar un suicidio.
Segundo, habría que decirle al director de Pemex y al presidente de México que el foro público del poder ejecutivo del que abusan diariamente no es un medio de comunicación, sino un obús letal contra los ciudadanos que, culpables o no, responsables o no, delincuentes o no, críticos o no, son ahí acusados. El presidente de la República, el hombre más poderoso del país, señala a los que merecen ser escupidos o exiliados del grupo moral, lo que violenta la racionalidad del estado de derecho, los derechos humanos, la ley y la modernidad de una democracia liberal en la que el gobernante no debería poder guillotinar –ni simbólicamente– a su antojo.
Tercero. Habría que explicarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo que todos los mexicanos –buenos y malos, viudos de suicidas, viudas de enfermos, herederos de accidentados, hijos de asesinados o parientes de criminales– tienen derecho legal a la vida privada y por el contrario, las autoridades –buenas o malas, honestas o no, del pasado conservador o el presente abusivo– están impedidas legalmente para difundir información privada.
Cuarto. Habría que informarle al presidente y a su equipo que hay algo que se llama empatía con los deudos y las víctimas, pero que si es incapaz de sentirla, podría desarrollar herramientas de cortesía ante el dolor.
El gobierno de la República, al dar a conocer un dictamen con el que afirma que la muerte de un funcionario fue suicidio, que su viuda María Amparo Casar defraudó a Pemex y con el que da datos sensibles tanto de la muerte del primero como de la familia de la segunda, comete cuatro canalladas consecutivas:
1. Una acusación no demostrada.
2. Un abuso de autoridad.
3. Una violación a los derechos de una ciudadana.
4. Una insensible grosería a la familia de alguien que murió hace 20 años.
Si existiera un delito contra Pemex, este debería documentarse probando, primero, el suicidio y después el dolo para modificar un dictamen. No han hecho eso.
Si a la presunta modificación del dictamen se añadiera un delito por la no correspondencia entre los derechos del trabajador y la pensión otorgada, eso debe probarse y en su caso, iniciar un juicio por el daño al erario.
Pero solo un gobierno autoritario, vengativo e inmoral hace lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra una ciudadana crítica que, cada vez que ha alzado la voz, lo ha hecho con sólidas investigaciones de un riguroso equipo que teje con filigrana cada registro de corrupción que hace público. Los casos que se han investigado desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de la sociedad civil, no tienen nada qué ver ni con un accidente, ni con un suicidio, ni con un delito contra Pemex. No podrán borrarlos enlodando a María Amparo Casar con toda la potencia del altavoz populista. ~
es politóloga y analista.
