Nos referimos a la carta abierta publicada el 15 de mayo en The National, vinculada a la supuesta represión de derechos en España, y dirigimos esta respuesta a los firmantes.
Al leer el titular, nos complació ver que 150 académicos hubieran decidido llamar la atención sobre “la constante violación de derechos civiles en Cataluña”, que hoy sigue polarizando Cataluña y alimentando tensiones políticas en España.
Esperábamos que mencionaran ustedes en su carta que el más alto tribunal de Cataluña ha sentenciado que la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), una de las universidades más importantes de España, violó los derechos fundamentales de sus estudiantes no nacionalistas. Estábamos seguros de que iban ustedes a denunciar que la administración de la misma universidad ignoró repetidamente los requerimientos de la Junta Electoral de Sabadell (Barcelona, España), que urgían a la universidad a mantener un ambiente neutral en el campus durante la campaña electoral en abril de 2019. Esperábamos que la carta abierta hubiera señalado los numerosos ataques contra las libertades individuales perpetrados por los grupos nacionalistas catalanes.
Al leer su carta, esperábamos que un grupo internacional de académicos hubiera adquirido por fin conciencia de las restricciones sistemáticas aplicadas al uso del castellano en la educación primaria y secundaria en Cataluña, un asunto que se ha debatido en abundantes ocasiones en el Parlamento Europeo. No teníamos duda de que mencionarían ustedes que muchos pequeños negocios de Cataluña afrontan multas y penas absurdas y punitivas por no servir a sus clientes en catalán. Estábamos convencidos de que iban a manifestar su preocupación por el hecho de que el presidente autonómico de Cataluña haya expresado de forma clara y reiterada sus opiniones xenófobas y racistas hacia la gente que se trasladó a Cataluña desde otras regiones españolas. Confiábamos que fueran ustedes conscientes de que las leyes aprobadas –contrarias a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña– por una exigua mayoría nacionalista en el parlamento autonómico de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre derogaban de facto la Constitución española en Cataluña.
Por cierto, esperábamos que se sintieran alarmados por el hecho de que esas leyes, más tarde suspendidas por el Tribunal Constitucional, pretendieran abolir los derechos constitucionales en Cataluña y habrían eliminado cualquier separación de poderes digna de ese nombre, puesto que el presidente de esa república futura tendría autoridad única para nombrar a los jueces de los tribunales más altos del país.
Quizá, pensamos, habrían seguido ustedes la retransmisión en directo o la abundante información en directo del juicio de los responsables del intento de secesión en 2017, que actualmente se celebra en el Tribunal Supremo español. La información sobre el juicio en distintos idiomas les habría permitido a ustedes oír a los testigos declarando sobre los ataques físicos y las heridas que sufrió la policía a manos de los autoproclamados pacifistas, mientras cantaban sarcásticamente “Somos gente pacífica”. Esto ocurrió cuando los agentes de policía cumplían un mandato judicial legal y específico durante el referéndum ilegal.
Suponíamos que ustedes podrían haberse enterado de la acusación por parte del fiscal de la malversación de dinero público y del uso indebido de recursos públicos por parte del gobierno nacionalista de Cataluña para organizar el referéndum ilegal, ilegítimo y divisivo del 1 de octubre de 2017. Los jueces tomarán sus decisiones en su momento, pero las declaraciones de los testigos son ciertamente perturbadoras.
Finalmente, pensamos que podrían ustedes haber visto el detallado informe del Tribunal de Cuentas que revela que el departamento de acción exterior del gobierno autonómico de Cataluña gastó 416,8 millones de euros en sus actividades entre 2015 y 2017.
Por cierto, parte de ese dinero se destinó a académicos extranjeros que expresaron opiniones favorables al movimiento secesionista.
Pensábamos que señalarían ustedes esos aspectos en su carta. Sin embargo, no fue así.
Al terminar de leer la carta, quedaba claro que ustedes ignoran totalmente la situación real en España, y que no han seguido el preocupante deterioro del tejido social en Cataluña. Sin embargo, estamos de acuerdo con ustedes en que el silencio de la comunidad académica ya no es una opción frente a la grave violación de derechos civiles en Cataluña.
Firmas:
Alfonso Valero Aguado, fundador del Foro de Profesores, exprofesor de derecho, Nottingham Trent University. John Elliott, Historiador y académico. Jonathan Israel, Institute for Advanced Study, Princeton (Estados Unidos). Anthony Pagden, UCLA (Estados Unidos). Michael Freeden, Universidad de Oxford. Barbara Loyer, Université Paris 8. Fernando Savater, Universidad Complutense de Madrid y 200 nombres más.
Publicada originalmente en The National.
