El último día de julio de 2013, Enrique Peña Nieto fue intervenido quirúrgicamente, en un procedimiento programado, para retirarle un nódulo tiroideo benigno, tras el cual suspendió sus actividades públicas por cinco días. Durante la madrugada del 25 de junio de 2015 un nuevo malestar lo hizo acudir de urgencia al hospital, donde le detectaron una inflamación de la vesícula biliar que ameritó una nueva intervención, de la cual volvió al trabajo después de tres días de convalecencia.
Rumores sobre el estado de salud del presidente han aparecido desde hace mucho tiempo en los medios y redes sociales. Además de Andrés Manuel López Obrador, periodistas de poco rigor profesional como Rafael Loret de Mola o Sanjuana Martínez, quienes se sirven de fuentes anónimas para construir declaraciones que encajen con el relato que se quiere publicar, contribuyeron a ensuciar el debate sobre un tema que va más allá de la denigración del político al que le prodigan su repudio.
Mientras el primero lleva desde la campaña presidencial de 2012 asegurando, sin respaldo alguno que Peña Nieto padece un cáncer de próstata y que los pronósticos no le dan largas expectativas de vida, la segunda escribió prácticamente una nota de desahucio: “¿Qué podemos esperar de un hombre limitado en su intelecto y ahora limitado físicamente por sus enfermedades?”
Las cirugías practicadas al jefe del Ejecutivo en los últimos años reavivaron, sin embargo, un debate iniciado al menos desde 2005 con intentos por conocer el estado de salud de presidente de la República, al considerar que tanto algunos padecimientos como el consumo de medicamentos podrían comprometer su desempeño e influir en su toma de decisiones.
El entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) rechazó en julio de 2005 que la Presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de los medicamentos adquiridos con recursos públicos para Vicente Fox. Presidencia solo entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados para un caso de emergencia.
El resto de los datos se consideró confidencial, entre otras razones porque divulgar esa información haría posible que los nombres de los medicamentos fuesen relacionados con alguna enfermedad o trastorno con el ánimo de identificar el estado físico y/o mental de Vicente Fox y su familia, “situación, que a todas luces constituiría una flagrante violación a la intimidad de los miembros de la familia del titular del Ejecutivo Federal”.
Años más tarde, el 31 de agosto de 2008, se supo a través de un comunicado que el presidente Felipe Calderón se había fracturado el hombro izquierdo en una caída de bicicleta sufrido la mañana anterior. Tras una solicitud de acceso al expediente médico, Presidencia informó que por tratarse de datos personales, la confidencialidad del expediente médico del presidente es automática, pese a que en primera plana del diario Milenio se había publicado la radiografía del hombro del presidente.
Para el IFAI, el expediente de la lesión de Calderón pertenecía a la esfera privada del hombre en funciones de jefe del Ejecutivo, y no del servidor público como tal, obligado a divulgar algunos datos relacionados con el ejercicio de su cargo público.
La posibilidad jurídica para poder conocer en algún momento el estado de salud, no solo del presidente, sino de cualquier funcionario del gobierno federal quedaron sepultadas en febrero de 2014, luego de que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desechó un amparo para acceder al expediente médico del presidente Peña Nieto y concluyó que “se debe privilegiar la protección de los datos personales”; es decir que se antepuso el derecho a la privacidad sobre el interés público, pese a los argumentos de que el estado de salud del presidente concierne a todos los mexicanos.
¿Es la salud de los gobernantes un asunto público? En la ponderación delas libertades de expresión y el derecho a la información, frente a los derechos de la personalidad, la cuestión es qué derecho tiene mayor rango, ¿la privacidad del presidente sobre su condición médica o el de los ciudadanos a conocer su estado de salud?
Al resolver en 2009 sobre un caso que intentaba controvertir la noción de “interés público”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteaba que el control ciudadano de la actividad de personas que ocupan cargos públicos fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los que tienen responsabilidades de gestión pública.
La actividad que han decidido desempeñar, exige un escrutinio público intenso de sus actividades y los hace susceptibles de sufrir mayores intromisiones en su vida privada que los particulares. El servidor público efectivamente tiene derecho a la vida privada como cualquier persona miembro de la sociedad, de igual forma tiene intimidad e intimidad exclusiva. Sin embargo, ciertos aspectos que conforman su vida privada pueden resultar ser relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio de sus funciones o trascienden al desempeño de su cargo público.
En general, en el plano internacional prevalece la secrecía en el tema de los expedientes médicos de los Mandatarios. Hay ejemplos de publicación proactiva de información, pero esta difiere en el grado y en el contenido de país a país. En Estados Unidos, el presidente Obama se ha practicado cuatro chequeos médicos cuyos resultados han sido difundidos por la Casa Blanca para conocimiento de los ciudadanos en un reporte firmado por su médico que incluye resultados de laboratorio, resultados de exámenes físicos, medicamentos que toma, vacunas que ha recibido, enfermedades preexistentes relevantes y una lista de recomendaciones para mejorar su estado.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos divulgó un historial clínico de 52 páginas sobre la intervención a la que se le sometió para extirparle un tumor cancerígeno en la próstata.
El presidente, su equipo y en general los servidores públicos tienen una condición distinta a cualquier ciudadano. En México, la salud presidencial ha sido un tema pasajero, pero en un país donde el diseño constitucional da gran peso a la figura del jefe del Ejecutivo, debería generarse una discusión que lleve al diseño de estándares mínimos que permitan crear un equilibrio entre el derecho a la vida privada del gobernante y el derecho a saber de la sociedad sobre el impacto que un problema de salud puede tener en su gestión. ~
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
