Era de esperarse que más temprano que tarde Michel Temer, quien asumió hace un año la presidencia de Brasil en sustitución de Dilma Rousseff, se viera inmerso en escándalos de corrupción. Su nombre ya había sido mencionado en el Lava Jato –la investigación judicial que ha cimbrado a la clase política brasileña– y desde hace meses la justicia electoral sigue sus pasos por haber excedido el financiamiento de su última campaña. En Brasil, sin embargo, un presidente en funciones no puede ser procesado por crímenes que no hayan sido cometidos durante su mandato. Hasta ahora, no se había presentado evidencia de que hubieran ocurrido.
El pasado 18 de mayo se dio a conocer una grabación en la que Temer conversa con Joesley Batista, dueño de JBS –la empresa exportadora de carnes más grande del mundo y una de las que más incrementaron su fortuna en los últimos años–, donde éste le informa que tiene comprado el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Jose Eduardo Cunha, quien hoy cumple una condena de 14 años por corrupción y podría delatar a otros políticos involucrados en casos similares. En esa conversación, el presidente consiente y le pide al empresario continuar con esa maniobra, que claramente obstruye la justicia, revelando además una relación de complicidad delincuencial. La misma pudo comprobarse cuando uno de los principales operadores políticos de Temer recibía una maleta con más de 150 mil dólares.
Las imputaciones que se hacen a Temer no sorprenden del todo porque los casos de corrupción que se han ventilado en Brasil durante los últimos tres años involucran a gran parte de los partidos y figuras de la política que han dominado desde 1985, a partir del fin de la dictadura militar. Como resultado de las llamadas “delaciones premiadas” o confesiones premiadas (en las que ejecutivos de empresas procesados por corrupción han negociado contar lo que saben a cambio de una reducción en sus penas), aparecen cinco expresidentes de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, tres gobernadores, 42 diputados, 29 senadores y ocho ministros del actual gobierno. Algo similar al Tangentopoli que se vivió en Italia en los años noventa.
Tan solo en el caso Odebrecht, entre los más de 400 políticos que serán llamados a declarar por casos de corrupción hay cuadros pertenecientes a 26 de los 35 partidos que conforman el fragmentado cuadro político brasileño. Los tres partidos más grandes –el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, el PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso y el PMDB del presidente Temer– son también blanco de las principales investigaciones.
Temer es uno de esos políticos que personifican la corrupción en Brasil. Una corrupción sistémica y de larga data que ha marcado la relación entre lo público y lo privado en varios países de América Latina y que hoy se está evidenciando en Brasil como en ningún otro país de la región, gracias en buena medida al fortalecimiento del Poder Judicial y la capacidad de investigación de las fiscalías que tuvo lugar durante el gobierno de Lula.
En Brasil esa corrupción en gran medida es generada por las reglas de un sistema político con dos problemas principales: el primero es la falta de financiamiento público para las campañas electorales, con lo que los candidatos que realmente esperan ganar deben hacer acuerdos oscuros con grandes empresas a cambio de ofrecerles ventajas en el futuro. El segundo es la existencia de un sistema político a tal punto disfuncional que la formación de mayorías para gobernar es prácticamente imposible, con lo que el partido que gana la presidencia debe convocar a un amplio abanico de fuerzas políticas –muchas de ellas simplemente siglas que hacen negocio con la política, como el partido de Temer–, distribuir puestos en distintos niveles de gobierno y hacerles toda suerte de favores.
Por años, el PMDB ha sido uno de los partidos que con más eficiencia –y perversión– han jugado al juego de la política brasileña. Sostuvo los dos gobiernos de Cardoso y, aunque en un principio Lula da Silva se resistió a formar una alianza, apoyó también a los gobiernos petistas hasta 2014. Cuando el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a perder popularidad, Temer no tuvo empacho en traicionar a su antigua aliada y conspirar junto a Eduardo Cunha para apartar a la expresidenta y hacerse con el poder. Con esta acción, Cunha y un gran número de legisladores investigados por el escándalo del Lava Jato pretendían asegurar su propia impunidad e imponer una agenda conservadora.
Las cosas, sin embargo, no salieron como lo esperaban. La trama mafiosa de la política brasileña no se ha detenido. La grabación que se dio a conocer a la opinión pública ha caído como una bomba en Brasilia, no solo entre la clase política, sino también entre el sector financiero, que apostaba a las reformas –una al sistema de pensiones y otra a la legislación laboral, ambas altamente impopulares–, con las que el gobierno de Temer pretende revertir tres años de recesión y ganarse el apoyo del sector privado.
¿Qué puede esperarse ahora? Primero habrá que ver si Temer pretende mantenerse a toda costa en el cargo y si sus aliados políticos continúan respaldándolo. Existen ya catorce solicitudes de juicio político en la Cámara, aunque ninguna ha sido aceptada por su presidente. Dos partidos ya le han retirado su respaldo, aunque el PSDB –el más numeroso dentro de su coalición– todavía no ha tomado una decisión. Aunque por mucho menos ese partido accedió a destituir a la presidenta electa un año atrás, todavía un sector importante parece interesado en mantener la agenda económica de Temer. En caso de que el presidente no renuncie, el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de la República o la Cámara de Diputados podrían iniciar procesos de denuncia, aunque en todos los casos la decisión de separar a Temer del cargo tendrá que ser tomada por dos terceras partes del legislativo.
¿Quién asumiría en lugar de Temer? El sentido común diría (y el 85% de los brasileños lo desea) que debe convocarse a una nueva elección, de la cual pueda surgir un presidente legítimo, pues Temer acaso cuenta hoy con el apoyo de un 10% de los brasileños. Pero la constitución brasileña impide esa opción durante los dos últimos años del periodo presidencial.
El Congreso Nacional deberá, entonces, elegir a un nuevo presidente. Hasta ahora la elección no parece sencilla. Si el presidente de la Cámara de Diputados está investigado por escándalos de corrupción y el presidente del Senado también, quedan pocas opciones. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Lúcia, es la única con cierto grado de respetabilidad, e incluso cuenta con el respaldo de la sociedad civil, pero no tiene las credenciales que exige el sector financiero. El actual secretario de Hacienda, Henrique Mireilles, las tiene; el expresidente Cardoso, también, al igual que el ministro de Defensa, Nelson Jobin. Pero los tres tienen cola que les pisen y su nombre podría aparecer manchado en cualquier momento.
Todo parece indicar que la crisis política en Brasil continuará por un buen tiempo. Las condiciones parecen estar dadas para que en los próximos años un líder populista de derechas haga su debut, como en Italia lo hizo Silvio Berlusconi en los años que siguieron al escándalo de Manos Limpias.
Analista político, autor de "Lula, el Partido de los Trabajadores y el Dilema de la Gobernabilidad en Brasil"
