“Es el tiempo de los jueces constitucionales”, afirmó en su discurso de despedida el ahora ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, invitando a pensar en los órganos de justicia constitucional como un fenómeno parecido a la democracia. Quién podría oponerse a la democracia o a la idea de una judicatura imparcial y autónoma cuya labor prioritaria sea custodiar los principios fundantes de nuestra Constitución, es decir, los derechos humanos y los límites al poder político. Sin embargo, los vaivenes ideológicos del presente, explicó Cossío, nos muestran una democracia cooptada desde los mismos medios democráticos. No hay garantía alguna de que eso mismo no ocurra con las instituciones de justicia.
Hace unas semanas, por ejemplo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. El contexto importa: lo hizo apenas un día después del anuncio de una nueva Guardia Nacional por parte del gobierno federal entrante. En poco tiempo se afianzó la idea de una judicatura contramayoritaria en confrontación con el poder político. A este panorama habría que sumar que la misma Corte estudiará la validez de algunas propuestas que son pilares del nuevo gobierno: la Ley Federal de Remuneraciones y la creación de las llamadas superdelegaciones en los estados de la república. El papel de la justicia en el inicio del sexenio no será menor.
Como si lo anterior no fuera suficiente, se suman otras dos coyunturas. La primera es evidente: hay que designar una ministra o ministro que sustituya a Cossío Díaz en la Corte. El Senado ya recibió la terna del presidente López Obrador. La segunda: en la primera sesión de 2019, los ministros deberán elegir de entre sus pares a su próximo presidente, quien comenzará su gestión lidiando con un gobierno federal que, en campaña e incluso hace unos días, no escatimó en descalificaciones tanto de la judicatura federal como de los ministros que despachan en Pino Suárez 2. Quizás esa nueva presidencia deba buscar, desde la autocrítica, medios para reconducir los pasos de una judicatura muy poco popular y, con ello, contrarrestar la idea de que la justicia no existe en este país.
Otra tensión inevitable surgirá de la relación entre la presidencia por nombrar y el resto de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Ahora la relación, ante un inminente recorte salarial, es tirante. El próximo presidente de la corte sentirá una presión fuerte por parte del gremio judicial, que le exigirá apoyo en esta batalla legal y en próximas negociaciones del presupuesto anual.
Por otra parte, la designación de quien sustituya al ministro Cossío no solo podría definir la elección del siguiente presidente de la SCJN, sino también el futuro inmediato de muchos de sus actuales criterios, sobre todo los de la Primera Sala.
Me explico. En la última década la corte se ha hecho de un nombre que la ausencia de pluralidad política y el exacerbado poder presidencial no habían permitido antes de 1997. La reforma judicial impulsada por Ernesto Zedillo permitió sentar, por primera vez, las bases de un tribunal independiente. El expresidente buscaba consolidar el Estado de Derecho y los tribunales de justicia como medio para fortalecer la economía del país.
Esa independencia continuó ensanchándose con paulatinas reformas constitucionales que le dieron más y más poder. Con el tiempo, la corte dejo de ser solamente la sede de resolución de conflictos políticos y partidistas; ayudada de un catálogo cada vez más extenso de derechos humanos reconocidos en la Constitución, comenzó a construir una jurisprudencia enfocada en libertades civiles.
A partir de los primeros años del siglo XXI, empezamos a ver sentencias de libertad de expresión, debido proceso, derechos humanos de las mujeres. Luego, esas primeras y cautelosas sentencias se transformaron en otras más osadas: matrimonio igualitario, aborto, mariguana lúdica y medicinal, la liberación de Florence Cassez por violación al debido proceso penal, la responsabilidad de los hospitales ante la negligencia médica, libertad religiosa, derechos de las personas con discapacidad, reconocimiento de la doble jornada de las mujeres y otras más. Hay que hacer hincapié en algo: esas sentencias han venido, en su abrumadora mayoría, de la Primera Sala.
Su integración ha cambiado en la última década, sin embargo, el bloque liberal que pudo consolidar la jurisprudencia de derechos está conformado por Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cossío. En el ala conservadora, hemos visto con regularidad al ministro Jorge Mario Pardo. No es atinado afirmar que la ministra Norma Lucía Piña tiene un perfil conservador; sin embargo, su voto es difícil de predecir porque sus criterios para elegir los casos que puede resolver la corte han mostrado restricción más que apertura.
((Para efectos de este artículo omito deliberadamente una discusión más profunda sobre la clasificación ideológica de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Existen hipótesis, que yo comparto, que abogan por una gama más amplia de posibilidades de clasificación. De entrada, una dicotomía entre formalista e interpretativista que se diferencie claramente de la tradicional entre liberales y conservadores. Véase, Sánchez, Arianna, Magaloni, Beatriz y Magar, Eric, “Legalist versus Interpretatitivist. The Supreme Court and the Democratic Transition in Mexico”, en Helmke, Gretchen y Ríos-Figueroa, Julio (eds.), Courts in Latin America, Nueva York, Cambridge University Press, 2011, pp. 187-218.
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Mucho nos ha enseñado el estudio de los tribunales constitucionales alrededor del mundo. Una de sus más grandes lecciones es la siguiente: que una corte suprema tome hoy decisiones liberales no significa que seguirá haciéndolo mañana. Quizá sea momento de desempolvar esa preocupación, porque para inicios de 2019 es muy probable que la Primera Sala pierda dos votos del bloque liberal.
Uno de los tres votos liberales ya se perdió con la salida del ministro Cossío. Eso deja a la Primera Sala con un número considerable de casos en empate técnico; tratan, por cierto, sobre debido proceso penal, derecho familiar, libertades civiles y libertad religiosa, entre otros. Por ello, una postura que se preocupe por los derechos de las personas exigirá un perfil liberal que se atreva a elevar la discusión moral desde el espacio de la justicia suprema.
Pero el riesgo de perder un bloque liberal consolidado aumenta, ya que es probable que el próximo presidente de la Suprema Corte salga de la Primera Sala: tanto Arturo Zaldívar como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se han postulado para ocupar el cargo. Si alguno de los dos es nombrado, dejará su asiento en esa sala y se desintegrará el bloque
El cambio de integrantes puede, entonces, suponer el inicio de una nueva era. En los relevos que se avecinan hay una exigencia trascendental: que subsista una jurisprudencia de derechos que, si bien no es perfecta, probablemente es la mejor que hemos visto en toda la historia de la Corte.
Si esta en verdad es, parafraseando a Cossío, la era de la justicia constitucional, no deberíamos perder de vista que está en manos del Senado la designación de un ministro que llegará en un momento de definiciones, un momento que seguramente cambiará el rumbo de nuestra judicatura. Podríamos ver cambios drásticos en la forma en que se resuelven los casos más mediáticos y polémicos.
El Senado de la República tiene una tarea de gran importancia. La selección debe pasar por un modelo abierto y deliberativo para examinar con cuidado los perfiles de quienes han sido propuestos por el presidente. Un ejercicio que se tome en serio el proceso de renovación de la justicia constitucional no debería exigir menos que audiencias abiertas y exhaustivas.
Hasta ahora sabemos que la terna de Andrés Manuel López Obrador está conformada por Loretta Ortiz Ahlf, académica de la Universidad Iberoamericana y la Escuela Libre de Derecho; Celia Maya García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y Juan Luis González Alcántara Carrancá, investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Habría que examinar la trayectoria de cada candidato para explicar por qué sus nombres aparecen en la terna. Loretta Ortiz fue diputada por Morena en la Ciudad de México y en la LXII Legislatura federal. Celia Maya fue candidata a la gubernatura de Querétaro en 2003, postulada por el PRD –entonces no existía Morena–. Juan Luis González Alcántara fungió como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la gestión de López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.
Un Senado responsable valoraría si esa proximidad entre los candidatos y el presidente podría afectar el juicio autónomo de quien finalmente ocupe el asiento vacante en el órgano de justicia más importante de nuestro país. Morena no cuenta con votos suficientes para nombrar al próximo ministro de la Corte. Necesita una negociación que le asegure alcanzar las dos terceras partes del Senado que el nombramiento exige. A pesar de ello, es muy fácil debilitar un órgano que ha mostrado independencia –aunque paulatina y todavía imperfecta–, sobre todo considerando el margen de maniobra que la sociedad ha confiado al gobierno federal y a la representación de su partido en el Congreso de la Unión. Veremos si la tentación pasa de largo.
es abogado por la Universidad de Guanajuato. Le interesan los tribunales constitucionales y su relación con la política.
