Donald Trump está en guerra contra la libertad de cátedra. Lo que está pasando con Harvard no es solo una disputa entre la Casa Blanca y una universidad. Es un intento del gobierno federal, encabezado por Trump y su creciente colección de agravios, de controlar el pensamiento en las instituciones académicas en Estados Unidos. Frente a la censura woke, la censura desde el poder. Aguas muy peligrosas que han desembocado en una confrontación legal mayormente inédita entre la esfera universitaria y el gobierno federal.
El caso legal es claro. El gobierno exigió que Harvard garantizara lo que llamó “diversidad de puntos de vista” en cada departamento. En la práctica, eso significa obligar a las universidades a aplicar un criterio de supuesto equilibrio ideológico impuesto desde el poder. La Corte Suprema estadounidense ya ha dicho que el gobierno no puede interferir con el discurso de actores privados para imponer su visión del mundo. La libertad académica está protegida por la Primera Enmienda, y esa libertad incluye decidir cómo se enseña y desde qué enfoques.
Pero la presión ha ido mucho más allá. Como tantas cosas en el mundo de Trump, el presidente ha llevado la disputa a lo personal. Trump ha dicho que Harvard “enseña odio y estupidez” y que, por eso, debería dejar de recibir fondos federales. No es una simple crítica: es una amenaza directa, una forma de castigo. Hay precedentes que indican que el gobierno no puede condicionar beneficios públicos –como el financiamiento– al tipo de discurso que una institución defiende. Eso es censura.
Por si fuera poco, también hay otros precedentes que prohíben que el gobierno exija a una institución renunciar a sus derechos constitucionales a cambio de dinero. La Casa Blanca no solo ignoró ese principio, sino que además incumplió los procedimientos establecidos por ley para revocar fondos bajo el llamado Título VI. Y aunque hubiera seguido el proceso, la ley exige que los recortes sean específicos, dirigidos solo a los programas en cuestión. En cambio, la respuesta fue general, indiscriminada y arbitraria. Típica del estilo de demolición trumpista.
Este no es un caso aislado ni una reacción espontánea. Forma parte de una ofensiva más amplia contra las universidades, los medios y cualquier espacio que no se alinee con la visión ideológica del presidente. Y lo que se intenta no es reformar, sino controlar. Imponer desde el poder federal qué se puede pensar, decir o enseñar.
En los regímenes autoritarios del siglo XX –de izquierda y de derecha– el control del pensamiento siempre empezó por las universidades. Se les acusó de ser “enemigas del pueblo”, “nidos de marxismo” o “cómplices de la decadencia moral”. Luego vinieron las purgas, los recortes, las listas negras. El objetivo era el mismo: intimidar y domesticar el pensamiento crítico.
El ataque contra Harvard no es una anécdota ni una extravagancia política. Es una señal. Una señal de que el poder ya no se conforma con gobernar. También quiere decidir quién puede pensar, cómo debe pensar y qué ocurre si no obedece.
Difícil pensar en algo más alarmante. ~
