En las casas, en las remesas o en el mandado semanal, la economía en Estados Unidos agobia. Para una mayoría de migrantes latinos, regresar del supermercado con menos bolsas y un refrigerador cada vez más vacío es una preocupación que, en momentos, pareciera más poderosa que el miedo a las restrictivas políticas antiinmigrantes de Donald Trump, quien se ha propuesto lograr la mayor deportación en la historia del país. 

“Me preocupa más la economía que la migración, porque si te deportan, pues te regresas a tu país y ya. Pero el dinero se necesita para vivir todos los días”, dice Julián Placencia, de 32 años, un dreamer originario de México que llegó a Estados Unidos cuando era niño, beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

Placencia no pudo votar en la elección de noviembre y de haberlo hecho no se habría decantado por Trump, asegura. Algunos de sus familiares, amigos y compañeros latinos sí se inclinaron por el respublicano, dice, convencidos por las promesas de que las finanzas en casa estarían mejor. Trump obtuvo el 46% del voto latino en las pasadas elecciones, 14 puntos más que en 2020, según los sondeos a pie de urna de Edison Research. A seis meses del segundo mandato, su popularidad ha disminuido. 

Un análisis de Newsweek de las principales encuestas desde abril muestran que su aprobación entre los votantes hispanos y latinos ha caído al 40%, con un 56% de desaprobación. Según una encuesta a cargo de Reuters/Ipsos, más del 64% de los latinos cree que su situación financiera ha empeorado. Otra encuesta más, publicada en junio por YouGov/The Economist, da resultados similares: la mayoría de latinos está más preocupada por los precios y la inflación que por los temas de inmigración. Además de la falta de acceso a salud y el deterioro del empleo.

El desencanto por Trump crece entre todos los grupos y todas las geografías, incluso entre sus antiguos defensores. Prometió combatir la inflación “desde el primer día” de su gobierno. Bajar el precio de gasolina, vivienda y alimentos. Disminuir los impuestos a las familias trabajadoras. Pero la realidad está lejos de eso. 

“Antes íbamos al mandado con 100 dólares y traíamos un poco de carne para la semana, pero ahora con 100 dólares apenas ajusta para leche o el huevo, carne no. Si acaso unas piezas de pollo del más barato”, dice Carmen Luna, una mexicana que vive en Texas desde hace dos décadas. Vende pasteles a pedido, pero los costos la rebasan. “La gente ya no paga un pastel personalizado tan fácil porque realmente salen caros.” 

Uno de los insumos básicos que sigue con un precio alto desde el gobierno de Joe Biden es el huevo. Su precio aumentó 36.8% en el periodo de un año, según los reportes del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los brotes de gripe aviar en 2024 afectaron a las gallinas en el país y el costo para las familias no ha disminuido como asegura Trump. Si una docena de huevos costaba $5 dólares, ahora ronda los $20. Luna asegura que con la danza de aranceles, que un día el presidente los pone y otro los quita y así sucesivamente, no es posible mantener su emprendimiento de pasteles.

Guadalupe Cambria, una mujer jubilada de 68 años que vive en California, dice que la cuestión financiera la puede resumir con un ejemplo claro cuando sale con su esposo los fines de semana. “Antes comías comida rápida por 8 dólares, pero ahora necesitas 15″, compara. Ha visto cómo las fábricas con materiales importados están frenando la producción: “Los altos impuestos de importación encarecieron todo, y eso ha frenado los pedidos”, dice Cambria, que es contadora de profesión en México, donde cursó la universidad y una maestría, pero no ha trabajado como contadora en Estados Unidos. Y las tiendas de remates lucen vacías, apunta. Cambria tiene un par de años laborando en una empacadora de almendras solo durante unos meses del año para poder tener un ingreso extra. 

Román Carrasco, un cubano de 34 años que vive al sur de Texas, nota el aumento de los precios sin necesidad de consultar gráficas. “Hace un año me alcanzaba apenas para la renta, para la comida, para la gasolina, pero era más holgado lo que podías hacer. Ahora mismo, ganando lo mismo que un año atrás, mi refrigerador está más vacío”, cuenta. Román, que consiguió hace un año la residencia permanente por medio de la Ley de Ajuste Cubano, convirtió su presupuesto semanal en un cálculo exacto: “Gasto 40 dólares de gasolina, 50 de comida, 40 de agua al mes.” Antes solo hacía cálculos a ojo, con menos detalle y agobio.

Además, el problema no solo es con lo que entra a casa, también con lo que sale. Las remesas a Cuba cuestan más. Antes de marzo de 2025 pagaba 10 dólares extra por cada 100 que enviaba. Ahora son 15. Hace unos días, le llegó un mensaje del sitio por medio del cual transfiere dinero para su familia en La Habana. “Perfecto, su depósito sería vía link de pago: 200 USD x 1.08 de la tasa de cambio = 216 USD + 5% = 226.80 USD.” Carrasco se pregunta de dónde sacan ese cálculo. No tiene respuesta, pero dice que no le queda más que adaptarse al mercado y desprenderse de esos 26 dólares extra.

Lucía Meléndez, madre de dos adolescentes en Texas, emigró de México en 1999. Le ha tocado vivir bajo la administración de Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, tanto en su primer gobierno como en el actual. Como inmigrante indocumentada en ninguno se había sentido tan vulnerable como en este segundo mandato de Trump que inició el 20 de enero de 2025. Y habla con detalles: “La renta subió tres veces más… hace tres años con un trabajo de medio tiempo podías mantener un departamento. Ahora, ni trabajando 60 horas sacas para (pagar) la comida y la renta para (vivir) tres personas.” Su hijo no puede inscribirse en el college comunitario porque tiene una deuda de 800 dólares de los primeros semestres que cursó. Y aunque Amazon le ofrece apoyo para estudios, no lo aceptan: “Él ya se quiso inscribir, pero el college le dijo que tiene que pagar.”

Meléndez comenzó a cortar el pasto a conocidos para completar el alquiler y se ha vuelto invisible por decisión. No solicita trabajo formal para no caer en una ilegalidad, “para que no me rastreen.” Esa invisibilidad la enferma. “Va a aumentar el hambre, la pobreza, los suicidios, las enfermedades mentales. La gente se va a automedicar porque no quiere pagar un bill (factura) en el hospital. Que además en el hospital ya te preguntan si eres indocumentado o no.”

Promesas rotas y supervivencia

El presidente Trump dice fortalecer la economía, pero desarma su base. Desde su regreso al poder, el 20 de enero de 2025, Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas y cambios que han dejado más vulnerables tanto a personas indocumentadas como a personas en condición regular que han logrado tener asilo, refugio, TPS, libertad condicional o incluso una residencia permanente. Pero el trabajo de los migrantes latinos sostiene sectores importantes: campo, construcción, limpieza y servicios.

Placencia, el joven de 32 años beneficiario de DACA desde el gobierno de Barack Obama, trabaja pavimentando calles en el norte de Texas con un permiso de trabajo todavía vigente. Tiene un ingreso de alrededor de $1000 dólares por semana, un salario por encima de otros trabajadores en el estado, donde el salario mínimo es de $7.25 por hora. Incluso para él, el tema financiero está siendo difícil de enfrentar. El precio de su departamento aumentó más de lo que esperaban con el nuevo contrato y calcula que ahora paga tres veces más en alimentos que antes de enero. El incremento, asegura, coincide con la llegada de Trump nuevamente al poder. “Te doy un pequeño ejemplo: antes un snack y una bebida en una parada a cargar gasolina eran 10 dólares, ahora son 25. No se diga la gasolina”, cuenta.

La realidad de los precios altos y el día a día es imposible. Y si a eso se suman el acceso y costo de la salud, el futuro pinta aún más complejo.

Referente a este tema, el Senado estadounidense debate la aprobación del nuevo plan presupuestario impulsado por Trump (One Big Beautiful Bill Act, en inglés), con el que se propone eliminar la cobertura médica que algunos estados financian por su cuenta para personas sin ciudadanía o estatus migratorio verificado. De aprobarse, dejaría sin atención médica a aproximadamente 1.4 millones de personas, según un análisis preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y no solo afectaría a inmigrantes indocumentados, también a algunas personas con estatus legal.

Este proyecto presupuestario también incluye un impuesto de 3.5% a las remesas que millones de personas envían a sus países de origen desde Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza este impuesto y no descarta “movilizar” a México en contra. La medida ya pasó con luz verde en la Cámara de Representantes; solo falta la votación del Senado.

Todo esto afecta de alguna u otra manera la vida de los inmigrantes en Estados Unidos. No es que no se preocupen por su situación migratoria, las de sus familias o sus vecinos; es que la economía tiene que ver con lo que desayunan, comen o cenan todos los días.

En Fort Worth, Texas, donde Meléndez compra latas de comida a dólar y galletas con el poco dinero que queda después de pagar el alquiler, el futuro se ve oscuro. “Aquí en el barrio cerraron una farmacia Walgreens y muchas tiendas más. Ya no se pueden mantener por tanto robo. Va a aumentar más la violencia por la pobreza.” Los hijos de Lucía recibían entre 100 y 200 dólares en vales de comida del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pero en familia decidieron dejar de solicitarlos para que ella, como inmigrante indocumentada, no quede más vulnerable a una posible deportación exprés. 

Trump prometió eficiencia empresarial, pero en los refrigeradores vacíos y las cuentas pendientes los migrantes latinos ven simplemente más agobio.