El presidente López Obrador ha mencionado que la lucha contra la corrupción es uno de los principales ejes de su gobierno. Sin embargo, en los primeros meses de su gestión las compras por adjudicación directa han alcanzado niveles muy altos, comparables con los de sus antecesores. Este tipo de adjudicaciones abren la posibilidad al desvío de recursos, la opacidad y el favoritismo en la asignación de recursos.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos del Estado serán administrados “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, y que las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes y contratación de obra se adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública con el fin de asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Cuando este tipo de licitaciones no sea el método idóneo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sienta las bases y requisitos para realizar la adjudicación directa y la invitación restringida a cuando menos tres empresas.
Como revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de enero a marzo del 2019, 21 mil 578 de los contratos del Estado –el 74.4% de los celebrados– han sido asignados de manera directa. Solo 5 mil 300 contratos, equivalente al 18%, se entregaron a través de un proceso de licitación pública, mientras que el 7% restante se ha adjudicado por invitación restringida. Por ejemplo, el 13 de marzo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que para garantizar el abasto de medicinas y material de curación en todo el país recurriría a la adjudicación directa para el periodo del 16 de abril al 30 de junio y a una licitación pública internacional para proveer de estos materiales durante el segundo semestre del año. El 19 de marzo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) adjudicó de manera directa tres contratos para servicios de asesoría, estructuración jurídica y el análisis económico-financiero del Tren Maya, los cuales suman 99 millones 870 mil pesos.
En un comparativo con las administraciones anteriores, el equipo de MCCI descubrió que el porcentaje de adjudicaciones directas de la actual administración es similar al total del último año de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Durante 2012, el 67.7% de los contratos a proveedores fueron otorgados por adjudicación directa, mientras que en 2018, el porcentaje de adjudicaciones directas fue de 76.4%.
CompraNet es la plataforma desarrollada por la Secretaría de la Función Pública para simplificar y transparentar el proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El sistema surgió en 1997 debido a la necesidad de almacenar información sobre los contratos emitidos por el gobierno y para reducir la intervención de los funcionarios en los procesos de contratación. A pesar de las buenas intenciones, un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2018 reveló que el portal es “incompleto e insuficiente” porque no funciona como una herramienta de control y vigilancia en las tres etapas del ciclo de contratación pública: planeación, licitación y ejecución. En aquel entonces, el centro de investigación recomendó rediseñar CompraNet para que efectivamente fuera un mecanismo de control y crear una nueva Ley de Adquisiciones que limite la adjudicación directa para evitar su abuso.
El gobierno ha justificado las adjudicaciones directas aludiendo a la falta de tiempo y a la urgencia para atender las problemáticas. No obstante, la ley señala que las excepciones a las licitaciones públicas deben ser respaldadas por un dictamen previo y tienen que asentarse por escrito.
El gobierno de López Obrador contempla la observación de organismos internacionales para garantizar que las licitaciones públicas se hagan con apego a la ley. En febrero de este año se firmó el Acuerdo Marco entre el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para promover la transparencia en el manejo de las adquisiciones e infraestructura pública. La primera transacción que el organismo observará es la subasta del avión presidencial. A finales de marzo, la UNOPS publicó la oferta de venta en su plataforma de proveedores. No obstante, no se ha especificado cómo intervendrá en la compra de bienes y servicios del Estado y en los contratos de obra pública, principalmente en los proyectos prioritarios.
La falta de competencia y de transparencia, así como las anomalías en el cumplimiento de la ley, son un caldo de cultivo para la corrupción. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, considera que las compras públicas consolidadas y las licitaciones públicas “deben ser la norma que dirija las contrataciones en el sector público, pues son mecanismos que fortalecen la rendición de cuentas y abonan a la confianza ciudadana”. También en MCCI ven como un peligro que existan las contrataciones sin licitaciones públicas. “La posibilidad de incidir discrecionalmente en la decisión de quién puede o no ser proveedor de un bien o servicio abre la puerta a negociaciones en las que se eleva sensiblemente la posibilidad de que quede fuera la búsqueda de la mejor relación precio-calidad y de que esta sea sustituida por una relación de beneficio propio”, concluyen los investigadores.
Las polémicas ternas de la CRE
El 21 de marzo, el Senado desechó las ternas presentadas por el presidente López Obrador para ocupar las cuatro sillas disponibles en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De los doce candidatos rechazados, el presidente repitió once porque “la ley no lo prohíbe” y “son gente buena” y “técnicos de primera”. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética dicta el proceso de selección de los comisionados. Si el Senado rechaza en su totalidad la terna, el presidente está obligado a mandar una nueva. En caso de que la segunda terna sea rechazada, entonces el Ejecutivo podrá elegir al nuevo comisionado de entre los aspirantes.
La falta de experiencia y conocimiento en materia energética fueron las razones por las que la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó sus candidaturas en la primera ocasión. Jorge Amaya Mendivil no sabía qué era un Certificado de Energía Limpia, Paola Elizabeth López Chávez fue asistente del presidente en el cuerpo de Ayudantía y Guadalupe Escalante Benítez desconocía cómo opera la Norma Oficial Mexicana.
El lunes 1 de abril, los candidatos volvieron a comparecer ante la comisión de Energía del Senado. El único en presentarse por primera vez fue Ignacio Vázquez Memije. En su segundo encuentro, los aspirantes acusaron a los senadores de oposición de exhibirlos y hacerles cuestionamientos excesivos o “con saña”, en lugar de responder a las preguntas que se les planteaban. Uno de ellos, Edmundo Sánchez, abandonó la sala sin responder ninguna pregunta, pues consideró que no tenía nada más que agregar a lo que dijo en la sesión previa.
En un tuit, el consultor en energía Gonzalo Monroy preguntó si la Secretaría de Energía había preparado a los candidatos para la segunda ronda de entrevistas, a lo que la institución respondió: “Critican mucho y ni saben del tema. Es claro que los candidatos tienen el nivel profesional y experiencia para ocupar el cargo de la CRE”. Minutos después el mensaje fue eliminado. Rocío Nahle ofreció una disculpa y afirmó que la dependencia que encabeza “es respetuosa de la decisión soberana del poder legislativo”.
La tarde del 2 de abril, el pleno del Senado avaló el dictamen de elegibilidad de los doce aspirantes con 67 votos a favor y 45 en contra, pese a que el senador panista Julen Rementería denunció que dicho dictamen había sido redactado antes de las comparecencias y a pesar también de la solicitud del PAN de aplazar la votación por considerar inconstitucionales las ternas enviadas por el presidente.
Aunque los senadores de Morena defiendan los perfiles de los comisionados, la falta de preparación de algunos de ellos representaría un problema para el organismo responsable de garantizar la calidad y disponibilidad de los energéticos. Por ejemplo, cuando Norma Leticia Campos, aspirante a comisionada de la CRE, fue cuestionada sobre el cambio climático respondió: “a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar e incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas”.
De acuerdo con José Woldenberg, mientras que la ley busca garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de la CRE, parece que los senadores de Morena actúan para cumplir la voluntad del presidente. Como escribe en su columna en El Universal, la propuesta de López Obrador es “agresiva y desconsiderada” porque pretende “demostrar quién es más poderoso”, pero “los poderes constitucionales no pueden ni deben estar subordinados ante el Ejecutivo”.
Con investigación de Karla Sánchez.
