La vacancia por “incapacidad moral permanente” que ha ocasionado el más reciente terremoto político en el Perú es un dispositivo jurídico que ha quedado como un derrelicto del siglo XIX, flotando a la deriva todos estos años hasta encallar en la actual Constitución, concretamente en el artículo 113. Fue desempolvado en las últimas legislaturas por los congresistas peruanos quienes obviaron –aunque sería más exacto decir que aprovecharon– la enorme ambigüedad de la norma, pues no hay ni siquiera jurisprudencia constitucional para entender los límites de tal incapacidad moral permanente. También obviaron el carácter excepcional del dispositivo, de manera que decidieron que podía usarse como arma intimidatoria contra quien amenazaba sus parcelas de poder, convirtiéndolo en rehén de la Constitución.
Así, Pedro Pablo Kuksynski fue obligado a renunciar a la presidencia en 2018, luego de dos años de mandato. El motivo: lavado de activos.
Su vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el cargo y desde entonces presentó, sin partido político que lo respaldara, una feroz batalla contra ese mismo Congreso para, mediante referéndum, convocar nuevas elecciones y renovar un legislativo intoxicado por innumerables casos de corrupción y secuestrado por oscuros intereses económicos, cuando no abiertamente por partidos que parecen meras organizaciones delictivas con representación parlamentaria, como es el caso de Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori.
Un dato para entender ese estado de descomposición en el poder legislativo que perpetró la defenestración de Martín Vizcarra: de los 130 congresistas que tiene actualmente la cámara, cerca de 70 están siendo investigados por diversos delitos: malversación, cohecho, fraude, etc.
Tampoco tuvieron mucha atención los representantes políticos en cuidar ni siquiera las formas ante la estupefacción del país, que asistía con creciente indignación a los movimientos de un Congreso sumido ya en el descrédito. Así, ganados por la impaciencia de extirpar del escenario a quien ponía en peligro sus intereses y amenazaba con desactivar su impunidad, acusaron a Martín Vizcarra de contratar, a través de su ministerio de cultura, a un cantante, Richard Swing, para actividades ajenas a su formación. Aquello fue un escándalo de filtraciones, audios y testimonios que debilitaron la imagen de Vizcarra, pero quizá no lo suficiente, en plena pandemia mundial, como para aceptar el artero golpe de mano dado por el Congreso. Sin ni siquiera encausamiento procesal contra él, decidieron aplicar el artículo 113 de la Constitución, el de la incapacidad moral permanente, para cesarlo y poner en su lugar a Manuel Merino, un oscuro político que ganó su escaño con 5,000 votos y quien, mediante las habituales alianzas y componendas partidistas, fue primero elegido presidente del Congreso, condición indispensable para llegar después, mediante la espuria vacancia, a la Presidencia de la República.
Resultó todo tan grosero e improvisado, tan evidentes los intereses no ideológicos sino meramente mercantilistas que motivaban la defenestración, que la ciudadanía se echó a las calles para protestar por lo que consideraba un putsch. Aquellas protestas, saldadas con dos muertos, no fueron una defensa de Martín Vizcarra, pues en ninguna de esas manifestaciones se pidió que devolvieran a su cargo al presidente vacado. El amplio sentir expresado al respecto convino en que Vizcarra debería haber seguido en la presidencia y una vez acabada esta, en julio de 2021, ser investigado con todas las garantías procesales. En realidad, la ciudadanía reclamaba –con caceroladas, banderas y pancartas– la flagrante usurpación del poder. Después de todo, los peruanos están acostumbrados a que sus presidentes –e incluso sus candidatos presidenciales– tengan una relación intensa con la cárcel. O estuvieron en ella antes de ser elegidos (Fernando Belaúnde), o lo estuvieron después (Alberto Fujimori) o se escaparon de estarlo, como Alejandro Toledo, o se suicidaron para evitarla, como Alan García.
Como además el Perú se prepara para los fastos –es un eufemismo– de su bicentenario de independencia, que se celebrará en julio de 2021, resulta altamente metafórico que una celebración sin mucho contenido esencial hasta el momento haya quedado llena de substancia por el vigor con el que los ciudadanos se han enfrentado a la ambición de un grupo de políticos que deberían estar en donde están precisamente para defender los principios democráticos y preservar la salud constitucional. El nuevo presidente interino, Francisco Sagasti, un intelectual de verbo fluido y sólida formación, sin investigaciones procesales en su hoja de vida, tiene ahora el reto de enderezar la situación, al menos hasta las próximas elecciones, en julio de 2021. Muchos tememos que este breve momento dulce sea solo eso. Los congresistas corruptos siguen allí, al acecho. Pero deberían tomar buena nota de lo ocurrido.
(Arequipa, 1964) es escritor. Su libro más reciente es Volver a Shangri-La (Alianza, 2022).
