A un año de su victoria electoral de 2018, Andrés Manuel López Obrador organizó en el Zócalo de la Ciudad de México un festejo descrito como “festival cultural”, cuyo costo fue de 3.3 millones de pesos, en el cual dirigió un mensaje a la nación. Aunque el presidente y su oficina lo presentaron como un informe de actividades de su gestión a siete meses de iniciada, el tono del discurso fue más cercano a un mitin de campaña que a un informe de gobierno.
Según el artículo 69 constitucional, el informe de gobierno es un documento escrito en el que el presidente “manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”, y que permite evaluar su desempeño. La primera vez que un presidente rindió cuentas fue en 1825, cuando Guadalupe Victoria voluntariamente se presentó ante el Congreso para informar el estado del México independiente. Su formato ha cambiado con el paso de los años. Durante años, la entrega del informe de gobierno era ocasión para que el presidente dirigiera un largo mensaje a la nación, en el que presumía sus logros y alardeaba cifras. En 2008, los artículos 69 y 93 se modificaron para que el presidente no estuviera obligado a entregar personalmente al Congreso, con lo cual la importancia ritual del acto se vio diluida en años recientes.
Lo que presenciamos el pasado 1 de julio no fue un informe de gobierno, sino un “acto simbólico”, según Luis Carlos Ugalde. En lugar de los legisladores, los destinatarios fueron los simpatizantes del proyecto de nación que encabeza López Obrador, además de algunos acarreados. Su objetivo fue reforzar el mensaje que se ha repetido a lo largo de estos meses: la transformación del país está en marcha.
A lo largo de ochenta minutos, el presidente destacó los tempranos logros de su administración. Por ejemplo, la creación de 300 mil empleos, el incremento de la inversión extranjera en un 7% en comparación con el primer trimestre del año pasado y la reducción del robo de combustibles en un 94%. Sin embargo, solo algunos de esos datos son ciertos, mientras que otros no se pueden corroborar porque la única fuente es el propio gobierno y otros son engañosos o falsos. Si bien es cierto que se crearon 303 mil nuevos empleos entre enero y mayo, Milenio reporta que la cifra es 88% menos a la obtenida en el mismo mes del año anterior, y representa la más baja en cinco años. Por otra parte, un análisis de Animal Político reveló que la cifra del incremento de inversión extranjera directa que dio la oficina de Presidencia no coincide con la ofrecida por la Secretaría de Economía. Según esta, la inversión extranjera directa presentó una disminución de 19.63% en comparación con el primer trimestre de 2018, convirtiéndose en la cifra más baja desde el 2012. En cuanto al robo de combustible, Pemex anunció que se ha reducido en un 93%. No obstante, la estrategia de cierre de ductos para evitar el huachicol provocó pérdidas por más de 66 mil millones de pesos en 2018. Para Ana Gutiérrez y Valeria Mendiola del observatorio económico México, ¿Cómo vamos?, el presidente presentó poca información comprobable para analizar el primer semestre de su gobierno, por lo que “en el futuro se necesitarán cuentas más claras para evaluar adecuadamente el progreso económico logrado por la nueva administración”.
Junto con esto, el presidente subrayó los beneficios de sus programas sociales y los ahorros que se han conseguido con la política de austeridad. “Todos los recursos que entrega el gobierno mediante los programas sociales y de bienestar llegan de manera directa a los beneficiarios; […] sin intermediación. Se acaba el clientelismo y el famoso moche y, desde luego, la corrupción”, dijo entre gritos y aplausos. No obstante, dejó fuera la explicación de qué ha pasado con los recursos que se han reasignado y qué implicaciones han tenido estos movimientos. De acuerdo con José Woldenberg, los recortes generales han afectado por igual a los programas estratégicos y a los superfluos. Sin la existencia de diagnósticos detallados que den cuenta de lo que sucedía en cada una de las dependencias, parece que todo “pasa por el mismo rasero y la barredora se está llevando lo bueno, lo malo y lo feo”. El resultado de estas acciones es un Estado debilitado con menor capacidad para cumplir con sus tareas. Raymundo Riva Palacio coincide con esto último: “Ya se verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a México durante nueve décadas”.
La prisa con la que el presidente toma decisiones y construye su nuevo andamiaje constitucional revela una necesidad de derrumbar lo que operó durante el llamado periodo neoliberal y de establecer las condiciones políticas, legales y sociales de su proyecto político. Ante los asistentes al Zócalo, López Obrador hizo un compromiso más: que para diciembre se arrancará de raíz al “régimen corrupto” y quedarán construidas “las bases para la transformación política de México”. Por lo pronto, el Congreso trabaja a marchas forzadas para aprobar las reformas y leyes que le permitirán al Ejecutivo cumplir con sus propósitos. Tan solo unas horas después de que el presidente diera su mensaje, en el Senado se aprobó la Ley de Austeridad Republicana, la cual pretende hacer eficiente el gasto público, eliminar los privilegios de los funcionarios y permitir al Ejecutivo decidir el destino de los recursos ahorrados. La oposición planea impugnar dicha ley, por considerar que no se revisó con calma. La senadora Martha Márquez, del PAN, fue una de los 29 senadores que votaron en contra de la norma por considerar que esos recursos podrían usarse con fines político-electorales, ya que la ley no establece mecanismos de transparencia. “Esto no es austeridad, lo que pretenden es dar un cheque en blanco al presidente, para gastar el dinero en programas sociales con fines electorales; esto provocaría corrupción”, declaró en el pleno.
Desde el templete en el Zócalo, el presidente insistió en que sus conferencias diarias “garantizan el derecho del pueblo a la información”, pero el desconcierto en torno a las acciones que desea ejecutar a lo largo del sexenio parece mostrar lo contrario. El Plan Nacional de Desarrollo aprobado la semana pasada carece de los elementos que la Ley de Planeación establece: objetivos, indicadores, estrategias, instrumentos, responsables, lineamientos y el contenido de los programas a ejecutar. De nada sirve que el presidente insista en que “ya no se tolera, ni se permite la corrupción” o que están “prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen” si no se establecen parámetros que permitan discernir en qué medida se ha avanzado en su combate. El problema es que, como afirma Ugalde, “sin metas no hay forma de medir los avances y los resultados de la gestión de gobierno”.
A pesar de eso el presidente se muestra optimista. De los 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre en el mismo estrado, aseguró, le faltan 22 por cumplir. “Posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”, afirmó con seguridad. Y en un ejercicio de autocrítica reconoció que existen pendientes, sobre todo en materia de seguridad, economía y salud.
El tono triunfalista del presidente no disipa las dudas en torno a las metas que se están persiguiendo y, sobre todo, respecto al sentido último de las transformaciones que impulsa. López Obrador insiste en que a siete meses “el cambio de gobierno no ha sido más de lo mismo; que, por el contrario, está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México”, pero esto no es perceptible fuera del campo de acción de la retórica presidencial. El elogio, los vítores y el olvido de los problemas que aquejan al país recordaron más a aquellas celebraciones del Día del Presidente encabezadas por el PRI que a un verdadero cambio en la manera de hacer política, como prometió durante sus tres campañas presidenciales.
Con investigación de Karla Sánchez.
