Hace unas semanas publiqué en este mismo espacio un artículo sobre los riesgos de incorporar la injerencia extranjera como causal para anular una elección. La realidad latinoamericana me obliga a volver al tema, pero desde una pregunta más exigente: ¿qué tendría que demostrarse para afirmar que una intervención extranjera cambió realmente el resultado de una elección?

La pregunta ha cobrado una urgencia inesperada. En Colombia, Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial. De la Espriella terminó imponiéndose a Iván Cepeda por aproximadamente 250 mil votos: obtuvo 49.66% frente a 48.70% de su adversario. La estrechez del margen convirtió el pronunciamiento estadounidense en una explicación inmediata: Trump había intervenido, había inclinado la balanza, había decidido la elección.

Pero los datos disponibles no permiten concluir tan rápidamente. Antes del respaldo de Trump, De la Espriella ya era un candidato competitivo y algunas encuestas incluso lo colocaban por encima de Cepeda. Su campaña había construido una operación digital intensa, basada en inteligencia artificial, WhatsApp y contenidos dirigidos a explotar el miedo, la inseguridad y el rechazo al gobierno de Gustavo Petro. También concurrían otros factores internos: el deterioro del sistema de salud, el malestar económico, la inseguridad y el desgaste del oficialismo. Después de la elección, esos elementos aparecieron con mayor fuerza que el apoyo de Trump en las explicaciones sobre el resultado.

Esto no significa que el respaldo estadounidense haya sido irrelevante. Significa algo más limitado: no sabemos cuál fue su efecto.

Para demostrarlo no basta presentar el mensaje de Trump. Habría que saber cuántos colombianos lo conocieron, cuántos modificaron a partir de él su intención de voto y si ese movimiento fue superior al margen que separó a los candidatos. Habría que distinguir, además, el efecto del respaldo extranjero del producido por la inseguridad, la economía, la campaña digital o el rechazo a Petro. Hasta ahora no existe un estudio público que permita recorrer esa cadena causal. Trump quiso influir, pero no podemos determinar si su intervención decidió la elección.

Tras otra elección presidencial extraordinariamente cerrada, buena parte de la discusión pública se concentró en el voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Decenas de miles de sufragios emitidos desde Estados Unidos, España, Japón, Argentina, Chile y otros países terminaron inclinando el resultado. La conclusión parecía inmediata: la elección se había decidido fuera de Perú.

Pero esa afirmación confundía dos fenómenos distintos. El voto provenía del exterior, sí, pero no de extranjeros. Eran ciudadanos peruanos ejerciendo un derecho reconocido por la propia legislación electoral. Lo relevante no era el lugar desde donde votaban, sino la facilidad con la que un solo factor terminaba convirtiéndose en la explicación dominante de una elección compleja.

Esa misma elección dejó otra enseñanza. Diversas fallas logísticas permitieron que un grupo de electores emitiera su voto después de conocerse los primeros conteos rápidos. Esa circunstancia excepcional dio origen a uno de los pocos estudios capaces de aproximarse empíricamente a una pregunta que normalmente permanece fuera del alcance de la investigación: ¿qué ocurre cuando algunos ciudadanos votan con información que otros no tuvieron?

Los resultados fueron reveladores, no porque resolvieran el caso peruano, sino porque mostraron la enorme dificultad de aislar el efecto de un solo elemento sobre el comportamiento electoral. Incluso en condiciones extraordinarias, donde era posible comparar grupos de votantes expuestos a información distinta, medir cuánto cambió realmente el sentido del voto siguió siendo un ejercicio complejo.

Ése es precisamente el tipo de evidencia que falta cuando atribuimos un resultado a una intervención extranjera.

La experiencia más ilustrativa sigue siendo Estados Unidos en 2016. La investigación del fiscal especial Robert Mueller acreditó una operación rusa para influir en la elección presidencial mediante hackeos, filtraciones de información, campañas de desinformación y el uso masivo de redes sociales. La intervención existió, sobre eso prácticamente no quedó discusión.

Lo que nunca pudo establecerse fue que esa intervención hubiera modificado el resultado de la elección. Las agencias de inteligencia estadounidenses acreditaron la operación rusa, pero no evaluaron su efecto sobre el comportamiento de los votantes. El Comité de Inteligencia del Senado llegó a una conclusión semejante. Los informes que documentaron cómo actuó Rusia no pudieron determinar cuántos ciudadanos cambiaron el sentido de su voto como consecuencia de esa campaña, ni si ese eventual cambio habría sido suficiente para alterar el resultado electoral.

Una cosa es probar que un gobierno extranjero intentó influir en una elección. Otra, muy distinta, demostrar que esa influencia fue determinante para el resultado.

También Rumania enfrentó ese dilema en diciembre de 2024. La Corte Constitucional anuló la primera vuelta de la elección presidencial después de que los servicios de inteligencia documentaran una operación coordinada en redes sociales, financiamiento opaco y actividad digital atribuida a intereses extranjeros. La decisión fue presentada como una defensa de la soberanía electoral. Sin embargo, la discusión jurídica no terminó ahí. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, recordó posteriormente que la anulación de una elección exige estándares probatorios especialmente rigurosos.

Colombia, Perú, Estados Unidos, Rumania: la experiencia comparada apunta en una misma dirección. No basta acreditar la existencia de irregularidades o de una operación extranjera. Es necesario demostrar que esas irregularidades fueron capaces de alterar el resultado de la elección.

México llegará a las elecciones de 2027 con una nueva causal de nulidad electoral, pero sin una respuesta clara a la pregunta que las demás democracias siguen intentando resolver: ¿qué evidencia basta para afirmar que una intervención extranjera cambió realmente el resultado de una elección?

La defensa de la soberanía electoral no puede descansar en presunciones. Si una democracia decide desconocer el voto de millones de ciudadanos, debe hacerlo sobre la base de evidencia capaz de demostrar que la voluntad expresada en las urnas dejó de ser auténticamente la de los electores. Todo lo demás pertenece al terreno de la sospecha.

Y la sospecha, por sí sola, nunca debería ser suficiente para anular una elección. Claro, si es que seguimos en el terreno de lo democrático. ~