El pasado mes de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó la minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley General de Salud y de la ley de Institutos Nacionales de Salud con el fin de que los servicios, medicamentos e insumos sean gratuitos a nivel nacional para quienes no cuenten con seguridad social, incluyendo a extranjeros. A partir del 1 de enero de este año, el Instituto de Salud para el Bienestar reemplazó al Seguro Popular, pero en sus primeras semanas de operación se ha convertido en una pesadilla en términos operativos, normativos y financieros, dejando en el desamparo a la población que pretende atender.
En su primera conferencia matutina del 2020, el presidente López Obrador declaró que con la creación del Insabi “ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos”. De acuerdo con él, a diferencia del Seguro Popular, donde los usuarios necesitaban afiliarse y pagar cuotas de recuperación dependiendo de sus ingresos y del tratamiento que requerían, con el Insabi cualquier persona podrá recibir atención médica gratuita al presentar su CURP o acta de nacimiento en la clínica.
Pese a esta supuesta gratuidad que anunció el presidente, algunos hospitales generales y de segundo y tercer nivel incrementaron sus cuotas de recuperación el 2 de enero. En algunos casos, los pacientes tuvieron que pagar hasta cinco mil pesos por la hospitalización y la atención médica, así como conseguir los medicamentos e insumos en farmacias externas porque no había en los hospitales. Tras la confusión de los primeros días, algunos hospitales congelaron las cuotas y las reembolsaron a los pacientes. Juan Antonio Ferrer, quien antes de ser titular del Insabi fungió como administrador de diversas zonas arqueológicas, entre ellas la de Palenque en Tabasco, ha negado que el Insabi cobre cuotas y que exista un desabasto de medicamentos. “Si se cobra servicios de salud a personas sin seguridad social, es indebido (…) Nos hemos puesto de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública para sancionar ejemplarmente a los servidores públicos que cometan alguna irregularidad”, declaró. Sin embargo, según un comunicado que el propio Insabi emitió el 8 de enero, la gratuidad de los servicios médicos solo aplica para los centros de salud de primer y segundo nivel, mientras que los institutos nacionales y hospitales federales seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de tercer nivel.
En términos presupuestales, el Insabi representa un peligro. Mientras que los recursos del Seguro Popular se obtenían a partir de un esquema tripartito, donde el gobierno federal y el estatal subsidiaban la mayor parte y los beneficiarios realizaban aportaciones según su nivel de ingreso, ahora se pretende que sus recursos provengan de los gobiernos federal y estatales. Para su primer año de operación, el Insabi cuenta con un presupuesto de 112 mil 538 millones de pesos, de los cuales 40 mil millones de pesos provienen del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, mientras que el resto fue transferido de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. De acuerdo con Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta cifra resulta insuficiente para atender a los 75 millones de mexicanos en condiciones vulnerables y sin seguridad social que hay en el país. Según estimaciones del CIEP, el Insabi podría costar desde 162 mil millones de pesos hasta más de 900 mil millones.
Las autoridades estatales tampoco tienen claro cómo actuaría el Insabi en sus entidades ni cómo se harían las transferencias de fondos de la federación. En el pasado, el 85% de los recursos del Seguro Popular provenían de la federación y el 15% de las entidades. Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas no firmaron el convenio para su operación. En Yucatán, los usuarios del Seguro Popular no estaban al tanto de su desaparición, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Puebla algunos pacientes protestaron por el incremento en las cuotas y la falta de información. Por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalino, reiteró su apoyo al instituto y anunció la creación de la Universidad de la Salud, mientras que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pidió darle un voto de confianza al nuevo sistema de salud.
Por otra parte, con la desaparición del Seguro Popular, casi dos mil empleados podrían perder sus trabajos. Dado que desde la Secretaría de Salud federal no se han publicado las reglas de operación del instituto, enfermeras, médicos y administradores contratados por el Seguro Popular no saben si les renovarán sus contratos, e incluso a algunos se les adeudan quincenas del año pasado. En la conferencia matutina del 14 de enero, López Obrador propuso que médicos y enfermeras trabajen turnos de 24 horas para cubrir la demanda y que los hospitales de tercer nivel no cobren cuotas de recuperación porque el gobierno se los va a “reponer”.
La ciudadanía aspira a gozar de un sistema de salud pública de calidad, pero no parece, ni por su diseño ni por los problemas de funcionamiento que ha tenido en sus primeros días, que el Insabi vaya a cumplir dicha demanda. El CIEP ha dejado en claro que sin un financiamiento suficiente es imposible pensar en un sistema de salud universal. El camino para esto, más allá de la austeridad, es que sea un sistema fiscalmente sostenible que no dependa de las de por sí bajas reservas financieras, sino de lo que los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, aporten. Sin mecanismos de operación y financiamiento claros, no está en camino de convertirse en un sustituto del Seguro Popular, sino en un sistema de salud fallido que podría dejar a la población más vulnerable sin una necesaria cobertura médica.
