La Constitución de 1978 ha celebrado su cuadragésimo tercer aniversario en un contexto político e institucional bastante deteriorado. No es solo España. El aliento democrático que se extendió en los noventa (recordemos la caída del Muro de Berlín, el impulso europeo del Tratado de Maastricht o, dentro de nuestras fronteras, la ilusión colectiva derrochada en las Olimpiadas o en la Expo del 92), cotiza a la baja en nuestros días. Por centrarnos en nuestro entorno, Reino Unido en riesgo de desmembrarse; en EEUU hemos llegado a ver a un señor con cuernos sentado en la presidencia del Congreso como colofón a la presidencia de Trump; y dentro de la Unión Europea la idea de una democracia iliberal (un oxímoron con el que se trata de maquillar la degeneración autocrática) cobra forma en países como Hungría o Polonia.
En España dos males especialmente graves aquejan a nuestra democracia: la polarización política, cada vez más radicalizada, y la progresiva extensión de usos y prácticas iliberales por el conjunto de los partidos políticos que está degradando el funcionamiento institucional. Desde la falta de consideración de Gobierno y oposición a las sesiones de control y la aplicación del “rodillo” parlamentario frente a las minorías; a nombrar a “soldados” de uno u otro partido como miembros de los órganos constitucionales; pasando por que haya que recordar que quienes gobiernan no pueden desobedecer sentencias judiciales; o que no son los jefes de prensa de los partidos los que reparten acreditaciones periodísticas en un Parlamento; o escándalos como el caso Stampa protagonizado por la Fiscal General, del que debería surgir un caso Dreyfus a la española, como ha advertido el profesor Fernando Jiménez. Por citar solo algunos de los más recientes.
Ante esta situación, el riesgo de desmoronamiento del orden constitucional es cada vez más patente. Un sector de la izquierda y del independentismo anhelan ese momento de colapso para impulsar entonces un nuevo momento constituyente. Muestran un fetichismo constituyente del que dudo que naciera una nueva Constitución de consenso ni más democrática, al contrario. Por la derecha se opta por el inmovilismo y se termina por patrimonializar la Constitución. Se acude a ella como dique, laminando su vocación integradora. Al tiempo que se confía en que el PP vuelva a gobernar aunque sea con el peaje de Vox como compañero. Se obvia que este partido cada vez se siente más cómodo coqueteando con sus colegas de la órbita iliberal europea y que su proyecto político excluye a la otra mitad de España.
Ambas estrategias creo que llevan al suicidio del régimen del 78. Si el mismo nació como un régimen de concordia que reunía a las dos Españas, perseverar en el frentismo y asumir que no cabe reconciliación ni acuerdo mínimo con los del otro lado, renunciar a reconstruir puentes, es dar por muerto el sentido profundo del 78. A lo que hay que añadir el peligro que supone la extensión de las prácticas iliberales antes denunciadas, protagonizadas por todos los partidos sin excepción, viejos y nuevos.
Tanto es así que, por desgracia, en mi opinión en nuestro espectro político no hay en la actualidad partidos auténticamente constitucionalistas. Trato de explicarlo. En un cierto modo, pueden considerarse como constitucionalistas solo aquellos partidos que no impugnan los consensos básicos forjados en el 78. Esta acepción llevaría a excluir a los partidos que apuestan por un cambio de Constitución: desde los que aspiran a un cambio republicano a los que optan por un modelo alternativo de organización territorial del poder (ya sea una vuelta al centralismo como aquellos que mantienen una idea plurinacional de tipo confederal). Una reforma de este tipo, en mi opinión, difícilmente iba a dar lugar a una mejor Constitución, ya que, sobre todo en el ámbito territorial, tanto el centralismo como la plurinacionalidad desconocen elementos esenciales de nuestra integración político-social. Tampoco creo que un cambio republicano supusiera ninguna mejora sustancial para nuestra democracia. No obstante, desde la perspectiva jurídica, la propuesta de esos cambios resulta legítima, ya que la Constitución de 1978 no es militante y admite su reforma total, siempre y cuando se respete el procedimiento. Un procedimiento rígido, gravoso, que supone una garantía democrática, que exige amplias mayorías parlamentarias y la participación directa del pueblo, primero en unas elecciones y luego en un referéndum final. Pero que previene derivas plebiscitarias a través de referendos previos que a la postre resultan profundamente divisivos y fomentan la polarización.
Por eso me parece más certero definir como constitucionalistas aquellos partidos comprometidos con la letra y el espíritu de los postulados que identifican la idea de Constitución liberal-democrática (separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales y al pluralismo, imperio de la ley, gobierno democrático…). Algo que se observa no solo en sus propuestas programáticas, sino también en sus prácticas cotidianas. Y es aquí donde debemos preocuparnos. Las declaraciones y propuestas de los partidos más radicales de uno y otro signo político tienen tintes cada vez más agresivos y sus líderes no tienen empacho en amenazar con que, de llegar al poder, harán todo lo posible por anular a los adversarios del otro frente. Más hiriente es, sin lugar a dudas, la deriva del independentismo. Si en su día el terrorismo etarra trató de instaurar un totalitarismo violento en el País Vasco, hoy vemos como en Cataluña, sin recurrir a ella, se desvía todo el poder autonómico para ponerlo al servicio de una causa identitaria, de signo cada vez más excluyente de lo español, incompatible con el pluralismo como pilar fundamental no ya de la Constitución española sino de cualquier orden democrático. Pero es que aquellos partidos que históricamente construyeron nuestra Constitución renuncian a su espíritu constitucionalista cuando se atan por los extremos contaminando sus discursos y cuando los únicos consensos que son capaces de alcanzar son conciertos mafiosos para repartirse el botín institucional. El reparto por cuotas de los magistrados constitucionales constituye el mejor ejemplo. En ese momento, hasta los partidos por así decir ortodoxos se convierten en dinamiteros de la Constitución.
Mientras, las propuestas regeneracionistas que hace tan solo unos años llegaron a incorporarse en programas de gobierno y tuvieron viso de verse realizadas han quedado sepultadas. Parecen conjeturas de otra época cuando la realidad es que en 2015-2016 se negociaron entre PSOE-Cs y PP-Cs. Antes, en 2005, el presidente Zapatero quiso impulsar una reforma constitucional y solicitó al Consejo de Estado un informe que todavía mantiene todo su interés. Incluso se pudieron pilotar cuestiones de Estado con notable sentido institucional como la reforma constitucional de 2011, a demanda europea; la abdicación del rey Juan Carlos en 2014; o la aplicación del art. 155 tras la insurgencia en Cataluña en 2017, aunque ya empezaran a advertirse señales de estos nuevos aires carentes de un mínimo sentido de Estado. Y es que, cada vez más, vivimos en un espacio político donde el sentido de Estado ha quedado diluido en un mundo guiado por criterios casi exclusivos de comunicación twittera y orientado en exclusiva al fin último de alcanzar o mantener el poder. Un mundo en el que ha crecido y se siente cómoda la nueva clase dirigente.
Más allá, se observa cómo intelectuales de signo liberal han adoptado posiciones cada vez más militantes, de trinchera. En el afán por dar la guerra cultural a la izquierda puritana y al independentismo identitario han terminado acercándose a postulados neoconservadores (desde la afirmación del “faminazi” al redescubrimiento de la nación histórica como sustento de la política). Parece olvidarse que la mejor manera de dar esa guerra cultural es precisamente a través del reconocimiento de la pluralidad en un marco de convivencia democrático donde cada persona puede desarrollarse y agruparse libremente. Desde el respeto mutuo, pero sin caer en sentirse continuamente ofendido con identidades a flor de piel. Y, al mismo tiempo, tratando de afirmar sin complejos aquellos lazos de los que nace el principio de fraternidad en una comunidad que encuentra la fortaleza en su unidad, solidaria y rica en la diversidad.
Entonces, ¿debemos resignarnos a esta espiral de polarización y de degradación institucional? ¿Solo cabe una respuesta en términos de enfrentamiento entre bandos opuestos? Un grupo de jóvenes constitucionalistas creemos que no, y por ello hemos reclamado virar para consolidar una auténtica “voluntad de Constitución”, que logre que la Constitución sea letra viva (aquí). Lo cual se debe traducir en un cambio radical en dos ámbitos: en primer lugar, debemos recuperar la primera virtud liberal-democrática, la tolerancia, para ser capaces de renovar los consensos fundamentales a través del diálogo y la concertación en un momento especialmente complejo. El rumbo no puede seguir siendo abundar en la guerra y la fractura, sino realizar un esfuerzo por la concordia. En lugar de impugnar la Transición, deberíamos aprender de lo que fueron capaces nuestros padres y abuelos y del esfuerzo de superar esa España dividida para reunirse en el afán de construir una democracia. Y, en segundo lugar, debemos exigir a todos los actores institucionales, y en particular a los partidos, que actúen con lealtad al espíritu constitucional y abandonen la lógica partitocrática que tan gravemente está erosionando el funcionamiento de nuestra democracia.
Para lo cual proponemos abrir un proceso de actualización constitucional que comience por corregir usos políticos perversos, que siga con algunas reformas legislativas clave de signo regenerador y pactos de Estado en temas básicos (educación, sanidad…), y que termine en una reforma Constitucional para reforzar y relegitimar nuestra actual Constitución.
Habrá quien piense que se trata de una posición ingenua tal y como está el contexto político, y quizá tenga razón. Pero creo que nuestro orden democrático no puede aguantar mucho más esta acelerada degeneración. Miremos menos a Chile o a Hungría y más a Alemania.
Es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia.
