Ha pasado un mes desde que un grupo criminal, en complicidad con los poderes locales, cometió en Iguala, Guerrero, el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa. Desde la mañana posterior a los hechos y hasta hoy, jóvenes con el rostro cubierto han tomado en al menos siete ocasiones las cabinas de las principales radiodifusoras en la capital del estado (ABC Radio, Capital Máxima y Radio Universidad Autónoma de Guerrero), para demandar la localización de los desaparecidos y, la separación del puesto del gobernador Ángel Aguirre, lo cual ocurrió ya.
A decir de Sergio Campo, titular del programa matutino Tribuna Libre en la radio universitaria, y Cendei Arafat Alarcón, directivo de Capital Máxima, los intentos por usar los micrófonos en las emisoras privadas se caracterizaron los primeros días por roces fuertes entre los jóvenes que pretendían dar un mensaje al aire y las radiodifusoras, cuyos empleados, al paso de las semanas han optado por no presentar resistencia y permitirles el uso de la cabina.
Alarcón explica que el uso de diez a 15 minutos de la frecuencia les representa un quebranto de entre cinco y diez mil pesos por concepto de espacios publicitarios, pero esto se ha obviado a fin de evitar una confrontación mayor, pues ni Capital, ni ABC Radio (que transmiten en el mismo edificio) han recibido respuesta de la fuerza pública durante las irrupciones en sus oficinas. Sergio Campo, por su parte, reconoce que en su caso, la relación con los estudiantes ha sido menos tensa, pues al tratarse de una emisora de carácter público, hay mayor disposición para prestarles los micrófonos.
Si bien los mensajes de estos grupos se habían centrado en el destino de los normalistas y los escasos avances para dar con ellos, y habían transcurrido de manera pacífica en términos generales, la mañana del pasado 25 de octubre los jóvenes usaron la cabina de Capital Máxima para incitar a la gente al saqueo de centros comerciales, lo cual fue lamentado posteriormente por grupos vinculados con la Normal de Ayotzinapa, que precisaron que su intención era que la gente se “despachara lo indispensable” y no que se generaran las acciones de rapiña de electrodomésticos, pantallas planas, aparatos electrónicos y teléfonos celulares que finalmente se dieron.
La estrategia de comunicación tuvo un pequeño eco en la ciudad de México, donde el viernes 23 un grupo integrado por jóvenes, al parecer estudiantes en su mayoría, ingresó a las instalaciones de Tv UNAM, donde consiguieron que se les diera espacio para transmitir un mensaje relativo a los crímenes de Iguala y exigir el fin del acoso contra los normalistas guerrerenses, el cual fue insertado en la pauta programática nocturna del canal, donde dos representantes del movimiento hablaron a lo largo de 15 minutos.
Para la mañana del lunes 27, también normalistas de Durango bloquearon e interrumpieron las labores normales de tres televisoras y una estación de radio como una forma de solidarizarse con sus pares guerrerenses.
Para el investigador de la UNAM y especialista en el tema de derecho a la información, Raúl Trejo Delarbre, el asunto es complejo en cuanto a sus implicaciones para la libertad de expresión, pues debido a la simpatía por los muchachos se corre el riesgo de contemporizar con cualquier acción que violente el orden jurídico.
Aunque no cree que ocupar instalaciones de empresas de comunicación sea el camino más pertinente para ganar espacios, sí encuentra en estas acciones un recurso para enfatizar su intención de ocupar un lugar en el debate público, además de que las emisoras tomadas no son anuladas para decir lo que quieren, sino que se abre un paréntesis para que estos jóvenes hagan uso del micrófono.
Señala Trejo: “Encuentro saludable que se conozca el movimiento normalista con todos sus contraluces, con sus aciertos y defectos. Encuentro saludable que salgan de la marginalidad que han padecido durante tanto tiempo y encontraría saludable que expusieran sus razones en todos los espacios posibles, pero que estuvieran también dispuestos a escuchar y tomar en cuenta razones de otros”. En todo caso, dice, “sería deseable que estos jóvenes encontraran acceso regular a los medios”.
Hoy los estudiantes de Ayotzinapa tienen motivos para que la ira se sobreponga a cualquier afán de interlocución, pero como un actor social que son en el estado de Guerrero, además de exigir ser escuchados, están obligados también a escuchar, dice el académico.
La libertad de expresión en dos sentidos: la toma unilateral de instalaciones de radio y televisión y la suspensión de sus emisiones habituales supone un delito que los jóvenes asumen ocultando su identidad, y a ello se suma el uso de los micrófonos para azuzar a otros a violentar la legalidad. Pero lo cierto es que el régimen de libertades al que se alude con frecuencia en el discurso político, no los ha incluido en las reformas recientes: no hay canales nuevos de diálogo y negociación, ni hay pluralidad en los espacios informativos. Ahí pierden su dimensión de estudiantes; son embozados o encapuchados nada más.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
