Veinte segundos. El comediante Sergio Verduzco, “Platanito” hace durante una de sus presentaciones personales tres bromas estúpidas y crueles sobre los niños muertos durante el incendio de la guardería ABC, en Sonora.
A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le lleva unas horas emitir un boletín en el que llama a la ciudadanía a condenar las expresiones del payaso,a quien además se acusa de discriminación. Ese mismo día, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) niega que el desafortunado chiste sea un acto discriminatorio por parte del comediante, y en cambio lo explica como un “exceso” en el ejercicio de la libertad de expresión.
No importa si Verduzco ofrece una disculpa pública, si explica que su broma fue parte de un espectáculo privado para adultos, que escogió mal la rutina y que el propósito de su comedia nunca ha sido lastimar. El payaso debe sangrar. Las ciberturbas (como les llama Gabriela Warkentin) exigen a Telehit la cancelación del programa que el personaje conduce en ese canal de televisión restringida y uniforman su ejercicio de indignación con el hashtag #fueradelaireplatanitoshow.
Sin venir a cuenta y sin siquiera advertir que el episodio fue parte de una presentación personal y no de un programa de televisión, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal se sube al linchamiento y juzga “urgente” que la Secretaría de Gobernación regule contenidos en los medios. Lo mismo hace el diputado perredista Emilio Serrano, quien tampoco lee ni se entera, pero igual solicita a Segob censurar y sacar del aire el programa televisivo en el que él y otros oportunistas mal informados creen que se dio el incidente.
El caso de “Platanito” podría haber iniciado una discusión seria que permitiera una ponderación entre los diversos derechos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y los límites de ésta. Las cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que la libertad de expresión se refiere por supuesto a la emisión de expresiones inofensivas, bien recibidas por la opinión pública, pero particularmente protege aquéllas que chocan, irritan, inquietan y pueden ser consideradas profundamente ofensivas por un sector de la población. La Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, aprobada recientemente, refrenda ese principio.
Muy lejos de una defensa auténtica de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de las víctimas, los activistas de twitter invocan un interés social imperativo no solo para exigir una intervención innecesaria y desproporcionada de la autoridad para prohibir una emisión televisiva, sino para erigirse en verdugos de Verduzco, quien —pontifican— no debe siquiera tener un empleo. El tema es asunto de indudable interés público y es legítimo que las víctimas de una tragedia y sus familiares se consideren afectados en su dignidad por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión; también lo es que al otro se le permita rectificar.
En ese sentido es imposible entender posicionamientos como los de la CDHDF; su condena a un particular por una pieza de comedia lastimosa y su silencio, por ejemplo, ante el papel de Carlos Talavera Leal, jefe de brigada del programa Oportunidades en Uruapan, quien obligado a conducirse con un código de conducta como funcionario público dice públicamente que las mujeres a las que supuestamente sirve desde su puesto huelen “impresionantemente feo”.
Recientemente un escritor y un crítico literario mexicanos elaboraban por separado una idea que se complementa: “no todos estamos obligados moralmente a mirar el Holocausto con lágrimas en los ojos”; no deberíamos tampoco adaptarnos gustosos a escuchar a quienes dicen solo lo que esperamos escuchar. Nada hay de derechos humanos en apelar a la venganza como método de reparación y cortarle la lengua al bufón porque su chiste no hizo reír a nadie o (como en este caso) porque a otros se les ha negado la justicia.
Considerar aceptable la censura contra quien no ha violado la ley ni ha hecho apología del odio para incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia, legitima el autoritarismo que históricamente ha buscado expurgar el espacio público de voces incómodas. La salud democrática de un país —como apunta un viejo texto del diario El País— también se hace evidente cuando la libertad de expresión puede dar cobertura a las ideas más miserables del ser humano.
Coulrofobia: f. Fobia o miedo irracional a los payasos.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
