La decisión por parte de la delegación del gobierno en Madrid de prohibir las esteladas en la final de la Copa del Rey que se celebra este fin de semana permite que, a un mes de las nuevas elecciones, los españoles volvamos a discutir de algunos de nuestros temas preferidos: fútbol, banderas y semiótica.
Supongo que uno de los motivos de la decisión está evitar la imagen del campo lleno de banderas secesionistas ante el jefe del Estado, y su uso propagandístico para reactivar un proceso adormecido. La preocupación es comprensible, pero parece que el intento de evitar una situación incómoda ha servido para provocar algo peor.
En primer lugar, la libertad de expresión es la libertad de expresar cosas que no gustan a alguien. Respetar ese principio -que siempre está sujeto a regulación- es más importante que el deseo de evitar una imagen desagradable.
En segundo lugar, la delegación del gobierno ha dicho que su decisión se basaba en la Ley del Deporte de 2007, que prohíbe “la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo”. En las condiciones de acceso al recinto, se señala que queda prohibido “introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual”. La estelada es un símbolo secesionista, pero no cumple las características que enumera la ley.
La prohibición, como ha escrito Tsevan Rabtan, parece arbitraria. Ha permitido que los líderes independentistas se presenten como adalides de la libertad de expresión y del espíritu democrático, la misma semana en la que Arnaldo Otegi es recibido por el soberanismo en el Parlament, y en la que un rancio bastión del españolismo como The Economist cuestiona la política lingüística en Cataluña y las multas a quienes no ponen sus letreros en catalán (mientras la subdelegada de gobierno tiene que dar clase escoltada desde que unos jóvenes entraran en el aula acusándola de fascista).
Tampoco parece útil para las instituciones que teóricamente debería proteger: la arbitrariedad resta crédito, pero además la prohibición desprende una sensación de fragilidad, la impresión de que hace falta muy poco para amenazar al Estado. Hace unas semanas, Miguel Aguilar escribía en Letras Libres: “quienes solo se saben defender desde el código penal están condenados a acabar incumpliéndolo, y el ingenio y el sentido del humor, que son patrimonio de todos, a menudo resultan defensas más sólidas que pretendidas solemnidades que solo subrayan lo desnudo que está el emperador”.Quizá la prohibición no busca defender las instituciones, sino el beneficio electoral: en ese caso, a los errores anteriores se suman el cinismo y la irresponsabilidad.
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Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
