José Antonio Caballero, abogado del caso Acteal

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“El sistema penal es como una línea de producción que desemboca en la cárcel”

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas –hombres, mujeres, niños– fueron asesinados en Acteal, una aldea de Chiapas. Acusadas por la masacre, se detuvo a más de ochenta personas, en la cárcel desde entonces. La Suprema Corte de Justicia decidió liberar a veinte de ellas el pasado 13 de agosto, no sin polémica: aún no se sabe realmente qué pasó, y los muertos siguen esperando justicia. José Antonio Caballero, director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, explica los detalles del caso.

¿Cómo te embarcaste en este caso tan complejo?

El caso ya lo había tomado la Clínica de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, operada por estudiantes y dirigida por el estupendo abogado Javier Angulo, en enero de 2007, y yo me incorporé en julio del mismo año. La Clínica se encarga de asuntos que tengan un potencial no sólo para defender a acusados sino para marcar cambios en el derecho en México. No todos los días tocan a la puerta casos que puedan tener trascendencia constitucional, y no todos los casos tienen condiciones para ser defendidos. Acteal es interesante porque es un caso de ochenta indígenas tzoltziles encarcelados durante una década –muchos de los cuales no sabían siquiera por qué estaban encarcelados–, marginados económica y socialmente, acusados de una masacre espeluznante y a la vez, víctimas de un proceso repleto de violaciones. El caso era elocuente por sí solo, pero además, implicaba modificar los patrones sobre los que funciona la justicia en México. Lo que se tiene en cualquier Estado democrático es el derecho a un juicio, pero un juicio donde tengas oportunidad de defenderte, no una pantomima, como era el caso.

¿Qué tipo de irregularidades hubo para que se pudiera excarcelar a esas veinte personas?

Desde las más básicas, como el acceso a un intérprete cuando el acusado no habla la lengua en la que le procesan o el acceso a una defensa de calidad, hasta las más complicadas, como la fabricación de pruebas para inventar culpables. Adicionalmente, parte de la culpa es de los jueces, y esto hay que subrayarlo. Por un lado tenemos responsabilidad de los agentes del ministerio público, fabricando pruebas, y por otro, de jueces indolentes, que consideran que su trabajo es meter a la cárcel a la gente, no defender derechos. Pareciera que el sistema penal fuera una línea de producción, y una vez que el individuo está sentadito en la banda, adiós: los demás se van a dedicar a ponerle el tornillo que le falta y la cadena va a desembocar en la cárcel. Es una maquinaria que además tramita pobres; las estadísticas de nuestro sistema de justicia penal así lo muestran, y no es casualidad. El sistema se ensaña con el que tiene menos condiciones para defenderse.

Pero de esos veinte excarcelados, hay indicios de que alguno sí puede ser culpable…

No indicios, sino confesiones. De los ochenta procesados, hay cinco personas confesas. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia el mes pasado fue liberar a veinte y modificar el proceso para otras siete, una de ellas confesa. Pero el argumento ahí es muy fuerte en cuanto a debido proceso: si es confeso, igual tiene derecho a que se demuestre su culpabilidad. Todos estamos familiarizados con la Declaración Miranda –“tiene derecho a permanecer callado” etcétera. Ernesto Miranda era un mexicano indocumentado que en los Estados Unidos fue acusado de secuestrar y violar a una mujer. Miranda dijo que sí lo hizo y lo procesaron, pero al revisarse el caso en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se dio el argumento de que la Constitución de ese país, igual que la mexicana y la de cualquier país democrático, mantiene el privilegio de no-autoincriminación, es decir, todo el mundo tiene derecho a permanecer callado y a que nadie lo obligue a declarar en su contra. En el caso Miranda, la policía no le advirtió de esos derechos, con lo cual no estaba contribuyendo a garantizarlos. Esa violación afectaba de tal forma la estructura del proceso, que lo desarmaba, lo viciaba de raíz.

¿De qué manera se va a revisar el caso de los demás presos?

En el caso de los confesos se va a revisar en los términos que en su día decidió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia: va a regresar al Tribunal Unitario, el tribunal de apelación, y éste tendrá que emitir una nueva sentencia siguiendo los parámetros que plantee la Corte. Ahora bien, quedan en la cárcel otras cerca de sesenta personas. De éstas, alrededor de veinticinco tienen todavía el proceso vivo, y sus amparos se quedaron atorados porque uno de los ministros de la sala a la que asignaron el caso, Sergio Valls, no aceptó el argumento de la defensa. Después, quedará el problema de una treintena de personas. Éstas ya no tienen más posibilidad de apelación. Tendremos que interponer un recurso extraordinario en función de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia en cada uno de los casos. Si la Corte determina que hay pruebas falsificadas y hay condenados por esas pruebas, exigiremos que los liberen.

Mientras, los 45 muertos siguen ahí. ¿Qué se sabe de Acteal a la luz de las pruebas?

Nada. La investigación criminal realizada por la Procuraduría es tan deficiente, que difícilmente se puede armar algo. No hay un relato claro sobre lo que sucedió. Por ejemplo, dentro de esa matanza terrible hay muertos por herida de bala y muertos por machete y otras armas…

Muertos por machete que no menciona ningún testigo…

Deja tú eso. El caso se concentra en las armas de fuego, pero cuando se le hizo la prueba del rodizonato de sodio a los acusados, todos salieron negativo. Lo que pasó fue un escándalo mundial, y sin embargo el Estado mexicano ha sido incapaz, doce años después, de proporcionar una explicación racional del suceso.

¿No tiene que ver con que hay gente interesada en que no se sepa la verdad?

En realidad eso es especulación. Me parece que en la raíz de este problema están las deficiencias operativas de nuestras instituciones. Cuando ves el tipo de errores cometidos en investigaciones delicadas, empiezas a pensar que no es ni siquiera algo que se haga a propósito: son ineptitudes estructurales del ministerio público y no una especie de conspiración. La verdad es que la manera tan burda en que se condujo la investigación no se aleja mucho de la manera en que se llevan a cabo otras investigaciones. Lo que ocurre es que no son casos tan elocuentes y conmovedores como el de Acteal. En el fondo, Acteal se asemeja a miles de casos de gente abusada por el sistema que no llaman la atención porque no tienen ese impacto social.

¿Y por dónde empezar a arreglar el asunto?

La única manera de revisar el proceso penal y de auditar su calidad es con una buena defensa profesional y con jueces exigentes.

¿Cómo se defienden ante las críticas de una parte de la opinión pública?

La defensa no propone una teoría del caso, no tomamos el caso para dilucidar qué pasó, y la autoridad mexicana no ha sido capaz de hacerlo. Sólo desmontamos una pantomima de juicio, señalamos violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo que nos parece muy difícil de entender es que haya derechos humanos para tipos que nos caen bien y que no los haya para los que no nos caen bien. ¿Nos tomamos en serio los derechos humanos? Entonces no importa a quién se apliquen. Si no, erradiquemos las reglas y establezcamos un aplausómetro para decidir culpables.

¿En el desarrollo del juicio se han manejado alguna vez los informes de la inteligencia de Estados Unidos que afirman que en la época en que ocurrieron los hechos la inteligencia mexicana apoyaba a los grupos paramilitares?

No, prácticamente no. Pero la idea de pensar en cuerpos paramilitares organizados, como lo entiende el derecho internacional, me parece muy difícil de demostrar en las condiciones en las que se encontraba la región de Chiapas por aquel entonces.

¿A qué te refieres?

Son gente muy marginada, que tiene muchas dificultades simplemente para su sustento diario. Pensar en una movilización o en grupos armados estables me parece complicado. En este momento no hay una evidencia clara que lleve a pensar que eso existió. Si la hubiera, la querríamos ver, y desde luego el Estado mexicano tendría que actuar. Nosotros no estamos por que se oculte la verdad, precisamente todo lo contrario: si se tiene que procesar y encarcelar a alguien, que se haga, pero correctamente.

¿Hay esperanzas de que los culpables acaben en la cárcel?

Eso es un problema de presión pública. En este momento, tenemos una misión con nuestros defendidos y la asumiremos hasta el final. Cuando concluyamos la defensa, como mexicanos, seremos los primeros interesados en que se sepa la verdad. Pero vamos paso a paso: de alguna manera, profundizar en la investigación no es lo que nos corresponde como abogados defensores. Ahora, eso no quiere decir que nosotros obstruyamos la investigación. Sólo que en este momento, el trabajo es que nuestros defendidos salgan y tengan un debido proceso. Una vez garantizado eso, me interesará trabajar para aclarar lo que sucedió. Te diré algo más: lo que les pasó a nuestros defendidos fue todo menos un juicio. Y no es un tecnicismo. Si la autoridad es la encargada de hacer respetar la ley, ella misma tiene respetarla. Si eso no ocurre, no tenemos un Estado democrático de derecho.

– Yaiza Santos