En estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará una decisión que puede ser trascendente para la protección de la libertad de expresión.
El litigio es, además, entre dos medios de comunicación, el periódico La Jornada y la revista Letras Libres.
La Jornadademandó a Letras Libres por un texto de Fernando García Ramírez en el que el entonces subdirector de la revista criticaba la actitud tolerante y omisa del diario frente al grupo terrorista ETA.
En La Jornada sintieron que se violentó su honor e iniciaron un pleito legal contra la publicación que dirige Enrique Krauze.
El fondo de un asunto es si un medio de comunicación debe recibir la protección jurídica que no se otorga para los personajes públicos.
Los medios, como se sabe, suelen ser bastante flexibles cuando el asunto a tratar tiene que ver con políticos o artistas.
Para La Jornada, permitir que se les critique con rudeza, sería como establecer “la ley de la selva” y generaría presiones a las publicaciones “independientes”.
Esto no es así y más bien la razón le asiste a Letras Libres, porque lo que hizo García Ramírez fue desvelar una de esas incoherencias que tan frecuentes son en nuestro periodismo.
García Ramírez es, vale la pena recordarlo, un analista acucioso y un buen editor, de ésos que no abundan.
Pero además, lo importante es que avancemos en libertad de expresión y no que la debilitemos.
Los periódicos no están indefensos ante la crítica y cuentan con todos los medios para polemizar e inclusive para terminar en los tribunales, como es el caso.
Pretender el silencio o la complicidad, ante lo que son posiciones cuestionables y debatibles, no va a generar una mejor democracia.
Más aún cuando el tema que propició el conflicto es sobre el tratamiento periodístico que La Jornada suele otorgarle a la ETA.
Aquí los matices no caben, porque está probado que ETA es una banda terrorista que causó la muerte de 800 personas desde los años setenta.
Son los patriotas de la muerte, como los calificó Fernando Reinares en un ensayo bastante clarificador sobre los mecanismos que mueven y explican a esa organización.
Responden, además, a un nacionalismo étnico que ha producido exclusión, intolerancia y violencia.
“Ello es debido, sobre todo, a la serie de componentes decididamente integristas en lo religioso, xenófobos y racistas”, como apunta el propio Reinares quien, por cierto, es uno de los grandes expertos en el tema del terrorismo en España.
No se trata, como se afirma de modo absurdo en algunos artículos del diario que se dice agraviado, de ser presas de la propaganda del estado español al criticar a la banda de terroristas, sino de ponerse del lado del derecho, la democracia y la justicia.
La Corte tiene la oportunidad de impedir que existan zonas blindadas a la crítica y mucho menos cuando lo que se expresa tiene que ver con valores como la libertad y la vida.
Publicado en La Razón, 23 de noviembre de 2011.
