A mediados de los noventa, la Unión Europea ofrece ya las coordenadas en que ha de moverse su actitud respecto de Cuba. En una vertiente, una oferta de cooperación asentada sobre la idea de que unas mejores condiciones económicas tendrán efectos políticos positivos; en la opuesta, el requisito de que esa cooperación tenga alguna contrapartida, favorable al reconocimiento de las libertades en la isla. Lo resume Joaquín Roy:
El espíritu sobre la actitud de la Unión Europea sigue siendo hasta la fecha el contenido en la Resolución de 1994, además del informe elaborado por la troika bajo presidencia española al término del segundo semestre de 1995 y la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeos de 28 de junio de 1995. Se mantienen las esperanzas de mejora en las condiciones económicas de Cuba, al tiempo que se consideran necesariamente unidas a la liberación política.
La situación de relativo equilibrio permitía un incremento gradual de las ayudas, sin llegar al acuerdo formal de cooperación, y también unas relaciones comerciales más intensas. Los acontecimientos de 1996 cambiaron el panorama de manera bifronte. En un lado, el derribo de una avioneta de exiliados cubanos y el rechazo de Castro a las peticiones formuladas por la Unión llevaron a ésta a una mayor insistencia en la necesidad de un mínimo giro hacia la democracia. En otro, la ley Helms-Burton, por las amenazas que implicaba para los europeos que entablasen relaciones económicas con Cuba, obligaba a la UE a fijar una posición firme contra la política norteamericana.
A la agudización de las tensiones contribuyó asimismo el fin de trece años y medio de gobiernos socialistas, abiertos en muchas ocasiones al diálogo con Castro, y su sustitución por el gobierno de José María Aznar, de oposición mucho más activa a la dictadura cubana. En ello influyó sin duda el talante personal de Aznar, cuyo padre había estudiado en el mismo colegio habanero en que lo hiciera el adolescente Fidel Castro. Fue la dureza lo que caracterizó el texto presentado por Aznar en la reunión de los Quince de Dublín para adoptar una posición cubana, y las líneas generales de la posición común resultaron aprobadas el 15 de noviembre de 1996. La iniciativa española contribuía a endurecer los planteamientos previamente adoptados: ausencia de un acuerdo de cooperación al faltar las reformas políticas.
En la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, el 2 de diciembre, la diplomacia del gobierno Aznar consiguió fijar para una década los principios esenciales de una posición común, en la cual la presión adquiría perfiles concretos y despuntaba un segundo nivel de diálogo a abordar por la UE, esta vez no con el gobierno de Castro, sino con la oposición democrática. En el camino, la propuesta había perdido algunas plumas, y sobre todo, por iniciativa española ante la dificultad de superar la oposición de países como Francia, el criterio del “gradualismo”, esto es, la reiteración de que las ayudas debían acompañar a las reformas, sustituyó a la pretensión inicial de exigirlas sin más.
Lo más significativo de la posición común era que la presión por la democracia implicaba la puesta en marcha de un reconocimiento de la oposición democrática, al defender “el diálogo actual con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana” y plantear como exigencia “el fin del acoso y de la represión de que son objeto los disidentes”. Las generalizaciones cedían paso a una denuncia bien concreta, de modo que la petición de una apertura hacia la democracia incorporaba un reconocimiento de ese sujeto político hasta entonces invisible, la oposición perseguida. No se trataba de seguir la vía norteamericana de sanciones que podían empobrecer aún más a la población, sino de aplicar rigurosamente el principio según el cual la ayuda económica requería la contrapartida de las reformas que abriesen el camino hacia “el pluralismo político”.
En su estudio sobre las relaciones hispano-cubanas, Roy considera que la intransigencia de Aznar se volvió muy pronto en contra de los intereses de España. Por un lado, estuvo sin embajador en La Habana un largo tiempo, al negar Castro el placet al propuesto por Madrid a causa de unas declaraciones favorables a los disidentes; por otro, creó una situación desfavorable para los intereses económicos españoles. La verdad, en cuanto a lo segundo y principal, es que a partir de 1996 las relaciones económicas con Cuba experimentaron un notable incremento. De hecho, una vez pasada la tormenta de 1996, y posiblemente a causa de la presión ejercida sobre el gobierno del PP por los intereses privados que tan buenos negocios hacían con Cuba, el mantenimiento de los principios no impidió el mantenimiento bajo cuerda incluso de la ayuda económica, disfrazada de cooperación, humanitarismo y becas, mientras en la superficie era suprimida la línea de crédito para la exportación.
De hecho, la política española respecto de Cuba volvía al cauce definido inicialmente por el ministro “popular” de Asuntos Exteriores, el moderado Abel Matutes: oposición a la ley Helms-Burton y condena del embargo norteamericano, condicionar todo acuerdo de cooperación general a la apertura política y, en fin, flexibilidad que propiciara el desarrollo de las relaciones económicas de acuerdo con un enfoque tolerante: “no les vamos a exigir que ustedes sean una democracia plena; nos conformamos con que empiecen unas reformas”.
Todo ello encajaba con el criterio de “presión sin acoso” que desde un primer momento presidiera la política cubana de la UE. Pero no cabe menospreciar el punto marcado por Aznar al conseguir que la posición común definiese unas condiciones precisas para estimar esa voluntad de reformas y que abriera explícitamente el camino a la relación con los opositores. Su presión, criticada en España incluso por diarios democráticos como El País, ha servido hasta hoy para impedir que los planteamientos generales sobre la apertura política del castrismo den pie a estimaciones optimistas ante éste o aquel gesto, a partir de las cuales, una vez constatada la supuesta buena voluntad de la dictadura, se imponga el principio de ayuda económica plena. No en vano Fidel denuncia la posición como injerencia en la vida soberana de la isla.
Cuando la mejora de la situación económica en Cuba y de las relaciones económicas con la UE hicieron su trabajo, comenzó a plantearse una nueva estrategia de cooperación. En 2000, los países implicados en el acuerdo África-Caribe-Pacífico (UE-ACP) dieron su visto bueno a la inclusión de Cuba. Claro que una rabieta de Fidel Castro, en marzo, le llevó a suspender las conversaciones políticas con la UE y retirar la solicitud de entrada en la ACP y de suscribir el Acuerdo de Cotonou. Eran los días en que los países europeos hacían frente común en la condena a Cuba. Las relaciones volvieron a estrecharse medio año más tarde, como resultado de la actuación de la presidencia belga de la Unión. En agosto de 2001, una troika presidida por el ministro de Asuntos Exteriores belga, Louis Michel, visitó La Habana, acordando con el canciller Pérez Roque una reanudación del “diálogo político basado en el respeto mutuo y sin condiciones previas”. Quedaba el obstáculo para el gobierno cubano de la posición común, cuya supresión solicitó abiertamente y a corto plazo. Claro que para ello debía ofrecer garantías que en modo alguno estaba dispuesto a dar: liberación de los presos políticos, abolición de la pena capital, firma del convenio de la ONU sobre derechos y libertades.
Paralelamente, cobraba forma una nueva estrategia de cooperación económica. De 1993 a 2001, la UE había proporcionado a Cuba casi 145 millones de dólares en asistencia. A la altura de 2000, con una situación económica menos preocupante en la isla, la ayuda humanitaria fue suprimida, pasando los fondos a “proyectos para promover reformas económicas y desarrollo de la sociedad civil”. En sus presupuestos para 2002-2003, la UE centraba la ayuda a Cuba en una serie de intervenciones dirigidas a racionalizar la gestión fiscal y financiera, el sistema bancario, la contabilidad… En suma, se trataba de introducir cambios que hicieran la gestión económica más eficiente, como plataforma para una futura normalización de la sociedad civil y el sistema político.
El pulso
Apenas cinco días antes de que Castro desencadenara la oleada represiva, The Economist mostraba su optimismo sobre el futuro de las relaciones entre la UE y el régimen cubano. El semanario destacaba que las relaciones con la UE representaban el 40% del comercio exterior de Cuba, a lo que habría que sumar los 16,5 millones de dólares de ayuda al desarrollo. Fue entonces cuando quedó roto el clima de confianza por las detenciones. Muy pronto, los opositores cubanos supervivientes a la redada requieren lógicamente la solidaridad de la Unión Europea. El 22 de marzo, Osvaldo Payá se la juega al solicitar de la UE una rotunda condena de la represión. Ésta llegará en las semanas siguientes. La primera protesta de la UE tuvo lugar el 25 de marzo contra las condenas impuestas a quienes eran llamados por los cubanos “un grupo de mercenarios al servicio de la administración norteamericana”. El 14 de abril, a propuesta del Ministerio de Exteriores español, los calumniados por Castro como “mercenarios” eran llamados “presos políticos”. El 30, a petición de Loyola de Palacio, la UE aplaza sine die la petición cubana de integrarse en el Acuerdo de Cotonou. El 5 de junio llegaba a La Habana el comunicado con las sanciones, fijadas por unanimidad: limitar las visitas gubernamentales al país caribeño, invitar a los disidentes para que asistieran a las fiestas nacionales de los países de la UE, reducir la colaboración cultural y revisar al alza los planteamientos contenidos en la Posición Común.
Las invitaciones oficiales a disidentes y opositores habían de convertirse muy pronto en el caballo de batalla por parte de una opinión oficial cubana que se sintió profundamente humillada. Castro respondió con sus armas habituales: la exaltación machista del proceso revolucionario, la descalificación de los críticos y las movilizaciones convenientemente orquestadas. En su discurso pronunciado con motivo del cincuenta aniversario del asalto al cuartel de Moncada, Castro explicaba las razones de su orgullosa renuncia a la cooperación europea: “El gobierno de Cuba, por elemental sentido de la dignidad, renuncia a cualquier ayuda o resto de ayuda humanitaria que puedan ofrecer la Comisión y los gobiernos de la UE. Cuba no necesita de la UE para sobrevivir, desarrollarse y alcanzar lo que ustedes no podrán nunca alcanzar”.
Más sosegado, Pérez Roque apuntaba ya entonces la línea política a seguir por el gobierno cubano: golpear en lo posible los intereses europeos en la isla. Para ello, el gobierno de Castro procedería al “congelamiento” de los contactos con los diplomáticos europeos y a obstaculizar los trámites que los funcionarios de las embajadas tuvieran que desarrollar en la isla. El pulso se mantuvo durante meses, si bien pronto pudo apreciar Castro que empezaban a aparecer fisuras entre los miembros de la UE. Es así como, en enero de 2004, Pérez Roque recibe a los embajadores de los cuatro países que le son favorables dentro de la Unión: Austria, Bélgica, Grecia y Portugal. Les pone sobre la mesa una declaración de intenciones terminante: Cuba “no cederá ni un milímetro en su posición”. Frente a tal intransigencia, las sanciones serán mantenidas, al mismo tiempo que los portavoces de la UE reiteran cada vez que les es posible su disposición al diálogo. En especial, cuando en julio Castro concede la libertad condicional a seis encarcelados por razones de salud. Para entonces, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero había sustituido al fascista Aznar.
¿Flexibilidad o concesiones?
El 7 de octubre, el Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Congreso una proposición no de ley, dirigida al presidente del gobierno, en la cual se solicita una rectificación de la política de sanciones de la UE. El texto se sitúa a mitad de camino entre la constatación realista de la conveniencia de evitar una confrontación abierta con la dictadura de Castro y el cinismo de quien abandona una posición firme de defensa de los valores democráticos y encima justifica ese acto de cobardía por los intereses de los afectados. Los diputados del PSOE se curan en salud, proclamando sus buenas intenciones: “la defensa y la actuación proactiva respecto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la promoción de las medidas tendentes a la recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano, es un objetivo común a todos”. Tan saludables fines, piensan nuestros socialistas, no han de ser alcanzados por medio de la violencia. En apariencia, semejante toma de posición supone un rechazo a cualquier forma de actuación violenta para acabar con la dictadura castrista, lo cual es razonable. Pero al mismo tiempo sugiere que cualquier actitud de rechazo firme tiene que ser abandonada, en beneficio de un “diálogo” que por su propia puesta en práctica, sin tener en cuenta lo que representan los modos de una vieja dictadura, llevará a la solución deseada. No puede quedar más clara su vocación de repliegue.
El PSOE ni siquiera plantea ante Fidel Castro la necesidad de la democracia. Lo importante, nos dicen, es que “un contacto, respeto y diálogo permanente” prevalezcan sobre una actitud altanera “desde una posición de fuerza, de aislamiento, de endurecimiento económico y de precariedad social”. De nuevo se mezclan fraudulentamente las posiciones de la UE y la situación desesperada del pueblo cubano, como si la firmeza europea se constituyese en causa de una miseria de la que el régimen de Castro es el primer responsable. El texto deja ver sin dificultad que la propuesta consiste en una reconciliación sin contrapartidas reales, esto es, una rendición sin condiciones.
No es ésta la única señal precursora de un repliegue de la UE. Puede citarse el discurso pronunciado por Christian Poncelet, presidente del Senado francés, el 7 de julio pasado, con ocasión de la despedida del embajador cubano en París. El interés económico va por delante. “Nunca fue tan importante la comunidad francesa de negocios en Cuba”, y lo mismo cabe decir del número de turistas galos en la isla, se felicita Poncelet, para a continuación subrayar que “las relaciones culturales no se han visto afectadas por el enfriamiento político”. Así que, a pesar de lo sucedido en 2003, las relaciones entre Francia y Cuba van hacia lo mejor en el mejor de los mundos, sobre la base del “profundo afecto de Francia hacia Cuba”. Es más, a partir de 2000 está en vigor un acuerdo de cooperación entre el Senado francés y la muy democrática Asamblea del Poder Popular de Cuba, con relaciones regulares entre senadores y “diputados” (sic) cubanos.
Esta posición es ilustrativa de la que Francia va a adoptar en meses sucesivos, intentando lograr una rectificación de fondo en la Posición Común adoptada en junio de 2003. Existen, pues, razones suficientes para la preocupación de los demócratas cubanos. Sirva de ejemplo el comunicado de Osvaldo Payá, promotor del Proyecto Varela que publica El País el 7 de octubre. Payá pronuncia de entrada el elogio de la posición adoptada por la UE en 2003 y deja claro que sólo mediante una presión para lograr el respeto de los derechos humanos en la isla es posible mejorar la terrible situación de los cubanos. Esa presión, advierte, “no agrede ni aísla a Cuba”. Estamos ante un discurso diametralmente opuesto al de la proposición de ley del PSOE. Si nos encontramos ante un régimen que viola los derechos humanos y excluye a los cubanos de su propio país, el aislamiento sería causado por la dictadura y no por la firme determinación europea de apoyar “la apertura democrática de forma pacífica”.
La “extraña mansedumbre”
E pur si muove. La satisfacción de los demócratas cubanos ante las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, desde Hanoi, en el sentido de que el 12 de octubre se mantendrán en La Habana las invitaciones a disidentes y familias de presos, no significa otra cosa que el natural respeto del gobierno español a la posición común. No iba a dar por si solo “el golpe de timón”, pero está dispuesto a forzar que lo dé la Unión Europea. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores lo anuncian inequívocamente. En unas declaraciones precedentes, el 10 de mayo, Miguel Ángel Moratinos había respaldado la continuidad de la presión sobre La Habana. Fiel al principio zapaterista de “no crispar”, hablaba de crear “una nueva atmósfera”, sin que por ello se borrase la exigencia de mantener “una actitud severa”.
Llegado octubre, las tornas habían cambiado de modo definitivo. Para ello tal vez intervino el talante pragmático del nuevo embajador en La Habana y su sintonía en cuanto al estilo político con los gobernantes de la isla, a la vista de un pasado en que exhibió una mentalidad de estricta observancia como dirigente del PCE al lado de Santiago Carrillo. Carlos Alonso Zaldívar, Charly, pretende por encima de todo entenderse con un gobierno en el que figuran hombres a quienes probablemente conoció antaño y con los cuales coincide en intransigencia, en mentalidad y, last but not least, en voluntad de manipulación.
Más recientemente, Moratinos proponía ya a las claras un giro copernicano, dando por enterrada una política que juzga contraproducente. Incluso, añade, es perjudicial para encarcelados y disidentes —aspecto que por lo menos debiera dejar a la consideración de los interesados—. Su reciente intervención en el Congreso parte de la necesidad de desarrollar una nueva política de la UE que al parecer obtendría mejores frutos de otorgar un trato amistoso a la dictadura de Castro. No se trata ya de proponer una rectificación, sino de condenar sin paliativos la actitud adoptada por la UE. La invitación a los opositores, a su entender, “se ha revelado como el peor instrumento para mejorar la situación”, en tanto que la restricción en las relaciones diplomáticas habría sido “una medida irracional que no va a ningún sitio”. En sus palabras sólo falta el titular: renuncia unilateral a las sanciones y al trato privilegiado en el orden simbólico a los disidentes, quizás pidiendo de paso perdón a Castro por la ofensa cometida. El discurso de Zaldívar en la fiesta del 12 de octubre convierte en realidad esos propósitos. Ante los demócratas cubanos invitados por última vez, el embajador ratifica el fracaso de la política europea de sanciones y anuncia una reconciliación con el gobierno cubano. España asume la responsabilidad de que la UE la acompañe en su rendición.
Una vez más, Castro parece en condiciones de lograr una importante victoria simbólica. Su baza ha sido la de siempre: sostener la inmutabilidad de su posición, sobre la base de despreciar el coste que tal rigidez pueda representar para los cubanos. Se trata de una visión a corto plazo, bien conocida de los españoles por nuestra experiencia bajo el régimen de Franco, el cual también hacía gala de ignorar siempre los llamamientos exteriores al respeto de los derechos humanos.
Entablar un diálogo para limar aristas y normalizar la presencia de la diplomacia europea en Cuba hubiera sido difícil, pero positivo. Dar marcha atrás supone regalar una victoria a Fidel Castro, quien sin duda sabrá explotarla, habiendo aprendido que tras un sobresalto las democracias europeas sacrifican sin remordimiento alguno a los demócratas cubanos perseguidos. No es, ciertamente, un happy end. –
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).
