La semana pasada se hizo público el informe de la Oficina Especial para el “Caso Iguala” creada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Se titula “Estado de la Investigación del Caso Iguala” y se puede leer aquí
En la sección quinta del documento, “Observaciones y propuestas que formula la CNDH a diversas autoridades”, la oficina del ombudsman considera que “no se han desahogado un conjunto de diligencias que se estiman indispensables en la investigación ministerial”.
Esto es delicado, toda vez que una investigación deficiente “conlleva a que se violen los derechos humanos de las víctimas, afectando el derecho que tienen de conocer la verdad de los hechos, acceder a la justicia, a que se repare íntegramente el daño causado y que se garantice la no repetición del acto.”
De ahí que la CNDH sugiera que cuatro instancias involucradas en la investigación del “Caso Iguala” den respuesta a sus “observaciones y propuestas”. Estas cuatro instancias son la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero y el H. Ayuntamiento Constitucional de Iguala.
Ahora bien, la cuarta de esas “observaciones y propuestas” (página 35) demanda investigar
¿Por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?
¿Quién los llevó?
¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?
Los tres cuestionamientos, subraya la CNDH, “fueron manifiestos de manera legítima y enérgica por algunos de los padres de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en reunión con la CNDH el pasado febrero de 2015.”
También piensa la CNDH que conseguir esa información es “un aspecto esencial que debe agotar y aclarar la investigación”, pues permitirá conocer “cómo se conformó el grupo, quiénes los organizaron” y si “tuvieron injerencia o no las autoridades de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’”.
Se reconoce, por fin, a diez meses de aquellos hechos atroces, que en toda investigación criminal es imperativo analizar las causas, motivos y razones por las cuales las víctimas se encontraban en la hora y el sitio en que serían victimadas. El imperativo de contar con respuestas a esas preguntas tiene ya detrás, por fin, a la autoridad de la CNDH y, sobre todo, tiene la urgencia “legítima y enérgica” de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Habrá explicaciones jurídicas detrás del motivo que lleva a la CNDH a recomendar que la instancia adecuada para responder las preguntas sea la PGR. Habrá que suponer que es la instancia con autoridad para hacer formalmente esas tres preguntas de la CNDH y los Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa a las personas o agrupaciones que tienen las respuestas pero a las que, como todo lo indica, ni los padres ni la CNDH pueden interrogar directamente.
Esas personas y agrupaciones –entre las que se encuentran el director y demás autoridades de la Normal Isidro Burgos; el Comité de Orientación Política e Ideológica (COPI) de la Normal; la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) de las Normales Rurales; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente de Masas Populares de Guerrero (FMPG) y muchas otras– son ahora las nuevas destinatarias de esas tres preguntas.
La exigencia “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, coreada una y otra vez con indignación, no se dirige ya únicamente al Estado mexicano.
La pregunta habitual entre quienes nos indignamos por la desaparición de esos 43 muchachos es “¿quién se los llevó de Iguala esa noche?” Los padres de los desaparecidos han agregado ahora, por medio de la CNDH, una segunda pregunta: “¿quién los llevó a Iguala esa tarde?” De la respuesta a la segunda pregunta dependerá contestar cabalmente la primera.
¿Habrá respuestas?
(Publicado previamente en el periódico El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
