Los segundos pasan; diez, veinte. Un grupo de personas que se oponen a la realizaciรณn de obras hidrรกulicas en la zona apalean y patean en la cabeza a uno de los policรญas enviados para garantizar la continuaciรณn de los trabajos. La crueldad colectiva aparece de nuevo como ejercicio de defensa legรญtima, de justicia impartida por la indignaciรณn gregaria, la misma que en 2004 condujo al linchamiento de dos agentes de la Policรญa Federal Preventiva, que fueron quemados vivos en un pueblo de Tlรกhuac.
Josรฉ Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigaciรณn y Docencia Econรณmicas (CIDE) publicรณ a inicios de mayo un texto llamado “La quimera del justiciero”, en el cual advierte un claro distanciamiento entre la sociedad y las autoridades, con la suma de voces que hablan del fracaso de las instituciones para administrar e impartir justicia. Y alude a un escenario que ha venido multiplicรกndose de manera peligrosa: los linchamientos que comienzan a ser reivindicados como actos de legรญtima defensa por individuos que en realidad suplantan o disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza. En apenas dos pasos, el ciudadano se convierte en policรญa y verdugo.
El artรญculo 17 constitucional cierra el paso a los justicieros cuando niega el derecho a las personas a hacerse justicia por sรญ mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, pero el acadรฉmico del CIDE no desdeรฑa fenรณmenos importantes. Uno, el de una sociedad que ve en la violencia la forma mรกs inmediata de hacer “justicia”, en contraste con el debido proceso que es percibido como un estorbo a los instintos del sadismo punitivo. El otro, que involucra al sistema de justicia, en el que los casos son vistos sin prisa y con excesiva frialdad, sin importar que en cada expediente haya personas agraviadas.
Durante abril pasado, una docena de casos de “ajusticiamientos” populares en varios puntos de Argentina hicieron encenderse las alarmas. Las razones y los efectos de estos hechos de violencia condujeron a muchos a un debate impensable, de modo que hubo medios que abrieron foros de discusiรณn acerca de si estos exterminios callejeros de carteristas son el mรฉtodo adecuado para hacer justicia, polarizando a la gente a favor o en contra de este tipo de reacciรณn. “Estรกbamos discutiendo la legitimidad del linchamiento, de las turbas enardecidas resueltas a golpear a un ser humano hasta matarlo”, decรญa una periodista de aquel paรญs.
La madre de uno de los jรณvenes asesinados por esos grupos furiosos escribiรณ sobre la ausencia de su hijo, pero sacรณ la cara por cada uno de los que han caรญdo en manos de los justicieros de barrio a quienes no les escatima su delito. ”No puede ser asรญ de ningรบn modo, asรญ sean culpables o inocentes del delito que se los estรฉ acusando. ¿O acaso esas personas enfurecidas que lo mataron a golpes y patadas de la peor manera, como si fuese un animal, no son culpables?”, preguntaba.
Tambiรฉn, en distintos puntos de Mรฉxico se ha vuelto recurrente la colocaciรณn de pancartas del tipo "Vecinos Organizados: si te agarramos te vamos a linchar", de modo que la amenaza de muerte se ha vuelto disuasiva. El Estado no puede ser brazo ejecutor de los deseos de venganza de las vรญctimas, pero en su tarea de proteger a los ciudadanos, castigar a los delincuentes y garantizar a todos la justicia, es claro que no ha construido certezas.
“Masas airadas o fanatizadas” de un “comportamiento irracional, estimulado mรกs por la sensibilidad que por el pensamiento”, decรญa Javier Darรญo Restrepo de los linchadores. Pero la suya no es sรณlo una definiciรณn en la que caben los que con tubos, trancas y botas sobre la cabeza anulan a esos a quienes no dan oportunidad de un proceso civilizado. Aplica tambiรฉn al desprecio de las instituciones alentado desde los medios por arrogantes inquisidores, “convencidos de que el nรบmero es razรณn suficiente para imponer la verdad รบnica”, porque ellos son la opiniรณn, la conciencia crรญtica del paรญs y basan “sus muy dรฉbiles verdades en el entusiasmo gregario de los otros” y creen desempeรฑar un papel de cambio.
En paรญses justos, los ciudadanos no se transforman en bestias: el Estado, a travรฉs de la justicia, los resguarda de su propia y horrible naturaleza humana —mencionaba Leila Guerriero en una de sus columnas acerca del tema. Sin embargo, la pena de muerte callejera y el linchamiento mediรกtico ofrecen venganzas (travestidas de justicia) de forma rรกpida y efectiva; ahรญ no hay debate posible.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
