La Comisiรณn Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que del aรฑo 2000 a la fecha 88 periodistas han sido asesinados y 20 mรกs han desaparecido, presumiblemente, por razรณn de su trabajo. En un comunicado de prensa reciente, el organismo acusaba a las autoridades de incumplir con su obligaciรณn de investigar y recabar pruebas sobre los ilรญcitos cometidos contra comunicadores, mientras invocaba el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal de estos. Pero la CNDH, que cuenta con un Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, no ha hecho un mejor trabajo que el que exige a otros.
Basta con volver a julio de 2010, unas horas despuรฉs de que un grupo de delincuentes secuestrara en Gรณmez Palacio, Durango, a tres periodistas de Televisa y Grupo Milenio, para hacerle a sus medios varias exigencias a cambio de respetar su vida. Sin importar, que en ese momento se negociaban en sigilo las condiciones de su liberaciรณn, la CNDH de Raรบl Plascencia se comportรณ como agencia de informaciรณn y emitiรณ un boletรญn para hacer pรบblico el hecho, poniendo en riesgo la negociaciรณn y, por tanto, la vida, la integridad y seguridad personal de los reporteros retenidos.
Cรณmo lo escribiรณ el entonces director editorial adjunto de Milenio, “la CNDH querรญa hacerse presente, llevar agua a sus mediocres molinos burocrรกticos". Lo รบltimo que le importaba era si los periodistas estaban vivos.
Por aรฑos, la CNDH ha sido una referencia de los medios cuando se habla de comunicadores muertos y desaparecidos. A cada nuevo crimen conocido, su รกrea de comunicaciรณn social anuncia el inicio de una investigaciรณn por parte de su personal. Sin embargo, sus registros estรกn llenos de errores y se advierte una total falta de consistencia en los criterios empleados sobre la identificaciรณn de periodistas asesinados en razรณn de su trabajo.
Hace un par de aรฑos, mediante una solicitud de informaciรณn pรบblica, pedรญ al organismo los nombres de periodistas que de acuerdo con sus registros hubieran sido asesinados o desaparecidos bajo ese supuesto (ver la informaciรณn entregada). Al revisar el listado, era evidente que las investigaciones de la CNDH se limitaban a sumar casos aparecidos en la prensa y que en general no parecรญa haber un seguimiento mรญnimo de ellos, ya no digamos contacto con la familia, los conocidos o los compaรฑeros de trabajo de las vรญctimas.
Entre los casos mรกs llamativos se encuentra el de Juan Carlos Hernรกndez Mundo, supuesto director del periรณdico El Quijote de Taxco, Guerrero, asesinado el 27 de febrero de 2009. Busquรฉ a Josรฉ Antonio Mundo Estrada, director del diario Siglo XXI y familiar del fallecido. Me dijo que Hernรกndez Mundo no tenรญa relaciรณn con la actividad periodรญstica; trabajaba como taxista, y hacรญa de prestanombres de Adalberto Catalรกn, verdadero director y propietario del periรณdico. La CNDH no se enterรณ ni corrigiรณ.
El 29 de julio de 2010, Ulises Gonzรกlez Garcรญa, director del semanario La Opiniรณn de Jerez, Zacatecas, fue secuestrado. Aunque fue pรบblico que su liberaciรณn sucediรณ once dรญas despuรฉs, para enero de 2012 la CNDH no habรญa actualizado su registro, y Gonzรกlez Garcรญa aparecรญa aรบn como desaparecido. En contraste, a Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Polรญtico, en Guerrero, el personal de la Comisiรณn lo ha declarado muerto —pese a que nunca hubo prueba concluyente de su asesinato, a que el supuesto hallazgo de sus restos calcinados correspondรญan a un animal muerto—- ignorando incluso lo asentado en una recomendaciรณn de la Comisiรณn Estatal de Defensa de los Derechos Humanos que denunciaba “denegaciรณn de justicia y el ejercicio indebido de la funciรณn pรบblica e irregularidades” en el caso.
A las inconsistencias se suman nombres de periodistas que murieron en accidentes, lo que de entrada hacรญa imposible vincular su deceso con el ejercicio de la libertad de expresiรณn, asรญ como criterios diferenciados aplicados de manera discrecional en casos similares, lo cual se evidencia, por ejemplo en el crimen contra Miguel รngel Lรณpez Velasco y su hijo Misael Lรณpez Solana, editor y fotรณgrafo, respectivamente, del diario Notiver, quienes fueron asesinados a mediados de 2011, pero solo el primero de ellos quedรณ en el listado del organismo defensor de derechos humanos.
Guillermo Alcaraz Trejo, asesinado en junio de 2010 en Chihuahua, o Pablo Aurelio Ruelas, asesinado en Sonora en junio de 2011, no existen en los expedientes abiertos del organismo, pese a haber recibido amenazas previas por su labor como reporteros. En cambio, en los listados sรญ puede leerse el nombre de Josรฉ Luis Cerda (muerto en marzo de 2011), quien trabajaba en Televisa Monterrey, pero no como periodista, sino como comediante, animador de un programa de entretenimiento.
Tal y como funciona ahora, a nadie conviene la continuidad del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos: burรณcratas sin conocimiento del tema, que no entienden en quรฉ consiste el ejercicio periodรญstico, cuyas investigaciones se reducen a recortes de prensa, e incapaces de verificar los datos o el estatus de casos en sus manos, convirtiendo a las personas en muescas en un pizarrรณn, falsificaciรณn de un trabajo serio en el tema que luego presentan a los medios como datos fiables.
Vale la pena recordarlo, ahora que el presidente de la Comisiรณn Nacional de los Derechos Humanos, Raรบl Plascencia, anda en campaรฑa polรญtica buscando ser ratificado en el puesto.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
