Que la escuela no sea escuela

Que el Estado convirtiera en ley la “educación socialista” como medio para alcanzar la “sociedad humana justa” buscaba, según sus críticos, que la escuela fuera más un partido político.
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Entre la cacofonía sentimental y la barahúnda ideológica se escucha a quienes reivindican la “educación socialista” como una orden vigente de Lázaro Cárdenas, una orden que se impone acatar para oponerla a “la reforma educativa neoliberal y el asedio gubernamental para desaparecer las normales rurales”.

A raíz de los conflictos educativos y su exacerbación entre los sindicatos magisteriales y las normales rurales, los ideólogos ya arraigan su voluntarismo en aquella difunta redacción del artículo tercero, y enderezan el Frankenstein contra el Instituto Politécnico y otras instituciones de educación superior, como la UNAM que —a juicio de un gran timonel exrector de la UACM— “navega sin rumbo” (es decir: no se pone en huelga).

Decretar la “educación socialista” fue un disparate que Narciso Bassols urdió en 1933 como secretario de Educación y que se convirtió en ley en 1934, cuando Cárdenas acababa de tomar posesión como “Señor del Gran Poder” (como le dice don Luis González y González):

La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.

Era curioso que el Legislativo, que le dio por su lado y modificó la Constitución, un Legislativo al servicio del Partido Nacional Revolucionario, practicase un antifanatismo que apreciaba la eugenesia, consideraba razas inferiores a chinos y judíos, juzgaba “degenerada” la homosexualidad y encontraba recomendable que el Estado encarcelase a quienes cometiesen el horrible delito de “impureza ideológica”.

Aquella redacción del tercero constitucional se borró en 1946: la educación ya no sería “socialista” sino “humanista, integral, laica, nacional y democrática”; formaría mexicanos conscientes de los problemas y aspiraciones de la patria; fomentaría el respeto a la independencia, la convivencia, el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad, la fraternidad y los derechos de todos. Esa redacción (que hizo Jaime Torres Bodet) se trasladaría en 1948 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En varios escritos, desde 1933, Jorge Cuesta criticó con osadía (y lo pagó caro, como lo cuento en Malas palabras. Jorge Cuesta y la revista Examen, publicado por Siglo XXI Editores, México, 2011) que el Estado convirtiera en ley la “educación socialista” como medio para alcanzar la “sociedad humana justa” que repartiría los bienes de la patria entre los trabajadores. El C. Secretario y la SEP —escribió Cuesta— “se adhieren a la idea de que la finalidad de la escuela no está en que sea escuela, sino en que sirva para lograr la transformación política del país, es decir, que la escuela sea un partido político”. El C. Secretario (que aspiraba a la Presidencia) quiere “apoderarse de la conciencia política por medio de la escuela”, quiere comprometer “a la escuela en la adopción oficial de una fe político-religiosa, la comunista”.

Bassols se empeñó en su actitud y decretó que la educación debe “rectificar la injusta diferenciación entre explotadores y explotados”. Cuesta contestó que, como el resto de la Constitución permite esa diferenciada injusticia, lo que logró Bassols fue poner al sistema educativo en contra de la ley. Si se tratase de terminar con explotadores y explotados, argumentó, el camino más económico y más lógico es que el Congreso reforme los artículos constitucionales sobre la propiedad y la producción en vez de autorizar que se conspire en las escuelas, dentro de la ley, contra la ley expresada en aquellos artículos.

Lo que logró Bassols, le parece a Cuesta, fue convertir al proyecto educativo en un instrumento de “oposición al Estado” y meter en una Constitución liberal la ideología marxista, contradictoria con la libertad que esa misma Constitución proclama. Hacerlo, concluyó Cuesta, no es sino una forma de autoritarismo, “un nuevo porfirismo del espíritu, perfectamente reaccionario”.

Porque puede haber quienes (como yo) aspiran a un estado superior de civilización que, para ser superior, tendría en efecto que ser socialista. Decretar que un segmento del Estado ya es socialista puede ser muy emocionante, pero poco productivo ante la obstinada realidad. Un buen partido político socialista es necesario y recomendable; convertir a las escuelas en su suplente, no.

Las normales rurales se ufanan de ser las únicas instituciones educativas que se conservan en México fieles a la “educación socialista” (es decir, al uso político de la escolaridad). Para sus ideólogos, conservarse fieles a la difunta redacción de un artículo constitucional de 1934 es revolucionario y (gulp) de avanzada. Todo los demás, el resto de la Constitución y, desde luego, la realidad, “navegan sin rumbo”.

 


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