Leo varios artรญculos de Fernando Savater publicados en el diario El Paรญs en los que reflexiona sobre la larga noche de violencia terrorista de la que su paรญs ha logrado salir despuรฉs de dรฉcadas. El filรณsofo insiste en las vรญctimas y su bรบsqueda de justicia; no los eleva ni idealiza. Para รฉl son ciudadanos como los demรกs, que pueden equivocarse en sus planteamientos pero que se han ganado a pulso el derecho de no ser acusados jamรกs de canalladas.
Esas lรญneas dicen tambiรฉn algo de nosotros. De hecho parecen extrapolarse a nuestro momento, cuando se piensa en casos como el de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el de los muchachos de Villas de Salvรกrcar, y los varios etcรฉteras por todo el paรญs.
Dice Savater que precisamente lo que no han hecho las vรญctimas (sus familias en estos casos) ha sido vengarse de sus agresores o tomar la justicia en sus manos. Han confiado en las instituciones legales para que los criminales fuesen detenidos y castigados. Lo anterior tiene particular relevancia cuando en nuestro paรญs se discute la responsabilidad del Estado por la desapariciรณn de los estudiantes de Ayotzinapa y cuando es un hecho que las autoridades locales fueron claves en lo sucedido.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos* la responsabilidad de un gobierno nacional puede generarse por actos de particulares que en principio no son atribuibles al Estado, ya que este tiene la obligaciรณn de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protecciรณn de los derechos humanos ante situaciones de riesgo real e inmediato. En su posiciรณn de garante, el Estado mexicano habrรญa incumplido con sus obligaciones, por las acciones u omisiones que en Iguala cometieron quienes operan las acciones de seguridad en el gobierno federal.
Aun asรญ, los reclamos legรญtimos de las familias y de otros agraviados con nombres y apellidos no han salido del cauce institucional; demandan, la apariciรณn de sus hijos y el castigo del daรฑo cometido, dรกndole a las instituciones una oportunidad tras otra para reconstruir su credibilidad. Se asumen, pues, ciudadanos que no pueden tomar la justicia en sus manos y eligen las leyes sobre cualquier acciรณn violenta para reclamar justicia, pues ambas cosas no pueden conciliarse.
Ahรญ, el comportamiento de quienes componen el primer cรญrculo afectivo de las vรญctimas ha sido ejemplar. Igual que una de las madres de Salvรกrcar reclamรณ al expresidente Felipe Calderรณn su falta de sensibilidad ante el crimen de sus hijos, los padres de Ayotzinapa han encarado al presidente Peรฑa Nieto y su gabinete de seguridad por la falta de resultados en las investigaciones por la tragedia reciente. No han violentado la ley ni prohijado a quienes han usado la violencia.
Alrededor de ellos estรกn las manifestaciones ciudadanas, las concentraciones de respaldo, y las de los otros que con aerosol, fรณsforos y piedras se proponen “vengar” a los desaparecidos (ver foto de Nayeli Roldรกn). Por eso habrรญa que rescatar imรกgenes como la conseguida por Irving Pineda el pasado 8 de noviembre en la cual se ve a una mujer que increpa a uno de esos ejecutores de venganzas sin rostro por las pintas que hace en medio de una manifestaciรณn pacรญfica. Esto dice que mรกs allรก de la rabia, en su mayorรญa, los ciudadanos no han caรญdo en la tentaciรณn de los atajos impropios para una sociedad democrรกtica (vรฉase a John Ackerman hablando de un golpe de Estado en el paรญs) y han fijado en la agenda pรบblica el fracaso de autoridades y partidos en su tarea bรกsica de proteger los intereses legรญtimos de los ciudadanos.
Es sencillo hallar un paralelo con esos textos de Savater cuando dice que en Espaรฑa no faltan quienes confunden la acciรณn polรญtica con el salvajismo urbano, pero que sobre todo abundan aquellos que confunden la maledicencia con el pensamiento crรญtico. Dado el dolor de cabeza que a muchos les ocasionan las ideas, la discusiรณn de pobrรญsimo nivel gana terreno y se opta por atajos: las renuncias a la medida de los rencores o las urgencias polรญticas de las redes sociales, las torpes invocaciones a un golpe de Estado, la justificaciรณn de actuaciones violentas. Ninguna de esas estรก en la hoja de ruta de las vรญctimas que hasta ahora han tomado la alternativa legal sobre cualquier ajuste de cuentas.
* Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de Mapiripรกn” vs. Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
