Leo varios artículos de Fernando Savater publicados en el diario El País en los que reflexiona sobre la larga noche de violencia terrorista de la que su país ha logrado salir después de décadas. El filósofo insiste en las víctimas y su búsqueda de justicia; no los eleva ni idealiza. Para él son ciudadanos como los demás, que pueden equivocarse en sus planteamientos pero que se han ganado a pulso el derecho de no ser acusados jamás de canalladas.
Esas líneas dicen también algo de nosotros. De hecho parecen extrapolarse a nuestro momento, cuando se piensa en casos como el de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el de los muchachos de Villas de Salvárcar, y los varios etcéteras por todo el país.
Dice Savater que precisamente lo que no han hecho las víctimas (sus familias en estos casos) ha sido vengarse de sus agresores o tomar la justicia en sus manos. Han confiado en las instituciones legales para que los criminales fuesen detenidos y castigados. Lo anterior tiene particular relevancia cuando en nuestro país se discute la responsabilidad del Estado por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y cuando es un hecho que las autoridades locales fueron claves en lo sucedido.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos* la responsabilidad de un gobierno nacional puede generarse por actos de particulares que en principio no son atribuibles al Estado, ya que este tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos ante situaciones de riesgo real e inmediato. En su posición de garante, el Estado mexicano habría incumplido con sus obligaciones, por las acciones u omisiones que en Iguala cometieron quienes operan las acciones de seguridad en el gobierno federal.
Aun así, los reclamos legítimos de las familias y de otros agraviados con nombres y apellidos no han salido del cauce institucional; demandan, la aparición de sus hijos y el castigo del daño cometido, dándole a las instituciones una oportunidad tras otra para reconstruir su credibilidad. Se asumen, pues, ciudadanos que no pueden tomar la justicia en sus manos y eligen las leyes sobre cualquier acción violenta para reclamar justicia, pues ambas cosas no pueden conciliarse.
Ahí, el comportamiento de quienes componen el primer círculo afectivo de las víctimas ha sido ejemplar. Igual que una de las madres de Salvárcar reclamó al expresidente Felipe Calderón su falta de sensibilidad ante el crimen de sus hijos, los padres de Ayotzinapa han encarado al presidente Peña Nieto y su gabinete de seguridad por la falta de resultados en las investigaciones por la tragedia reciente. No han violentado la ley ni prohijado a quienes han usado la violencia.
Alrededor de ellos están las manifestaciones ciudadanas, las concentraciones de respaldo, y las de los otros que con aerosol, fósforos y piedras se proponen “vengar” a los desaparecidos (ver foto de Nayeli Roldán). Por eso habría que rescatar imágenes como la conseguida por Irving Pineda el pasado 8 de noviembre en la cual se ve a una mujer que increpa a uno de esos ejecutores de venganzas sin rostro por las pintas que hace en medio de una manifestación pacífica. Esto dice que más allá de la rabia, en su mayoría, los ciudadanos no han caído en la tentación de los atajos impropios para una sociedad democrática (véase a John Ackerman hablando de un golpe de Estado en el país) y han fijado en la agenda pública el fracaso de autoridades y partidos en su tarea básica de proteger los intereses legítimos de los ciudadanos.
Es sencillo hallar un paralelo con esos textos de Savater cuando dice que en España no faltan quienes confunden la acción política con el salvajismo urbano, pero que sobre todo abundan aquellos que confunden la maledicencia con el pensamiento crítico. Dado el dolor de cabeza que a muchos les ocasionan las ideas, la discusión de pobrísimo nivel gana terreno y se opta por atajos: las renuncias a la medida de los rencores o las urgencias políticas de las redes sociales, las torpes invocaciones a un golpe de Estado, la justificación de actuaciones violentas. Ninguna de esas está en la hoja de ruta de las víctimas que hasta ahora han tomado la alternativa legal sobre cualquier ajuste de cuentas.
* Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Sentencia de 15 septiembre de 2005.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
