El ciudadano plenipotenciario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluye al judicial entre sus poderes legítimos y absolutos. No extraña por lo mismo que de vez en cuando tenga que distraerse de defender a la Patria para atender asuntos enfadosos relacionados con el hampa.
AMLO es dado a resolver los problemas de índole judicial como resuelve todos los demás: con rapidez, valentía y una objetividad legendaria, basada en el claro y superior discernimiento que le otorga ser el único ciudadano plenipotenciario de México.
Desde un principio optó por el estilo Robespierre y su “Ley del 22 pradial”: incluir en su propia y única persona al policía, al ministerio público y al juez (la corte es “la gente”). Por ejemplo, si alguien opina que las elecciones del 2006 se llevaron a cabo correctamente, el policía AMLO avisa, el ministerio público AMLO averigua y el señor juez AMLO dicta sentencia de culpable (no hay de otra) en cosa de tres segundos. La corte, fascinada, rubrica la sentencia con su aplauso.
Estas virtudes se acaban de ver en acción en Campeche, donde el plenipotenciario acusó de ser “una rata”, investigó si era “una rata” y encontró culpable de ser “una rata” al señor Juan Camilo Mouriño ¡en cuarenta y dos centésimas de segundo! Y habrá quien dude de si el señor Mouriño es “una rata”, o que exija pruebas, o pida estudiar un expediente, o salga con que sus derechos humanos (nunca faltan); lo que no podrá decir es que hubo lentitud o titubeo en su juicio. Ni su abogado defensor que, lamentablemente, llegó tarde al tribunal.
He ahí una razón más para lamentar que no se haya reconocido a AMLO como jefe máximo. La lenta impartición de justicia en México, que tiene cientos de miles de procedimientos judiciales esperando resolución desde hace años, se habría puesto al día en dos semanas y media (aprox).
Ya será a la que sigue.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
