La antigua izquierda es hoy una filosofía fracasada, tanto como la nueva derecha.
Necesitamos una teoría política que no sea de izquierda ni de derecha.
Anthony Giddens
¿Fue de izquierda la política de Lagos y Bachelet que convirtió a Chile en el país con mayor número de TLCen el planeta? ¿Puede ubicarse en esa corriente a la más alta oferta pública de acciones en la historia mundial, realizada por la estatal Petrobras en el gobierno de Lula? ¿Es el Seguro Popular, programa ejecutado por administraciones panistas en México, una acción de derecha? ¿Responde a esta tendencia la reciente nacionalización de carreteras por el presidente panameño Ricardo Martinelli? ¿Es coherente con la ideología de Hugo Chávez que la estatal PDVSAtenga su filial más grande en Estados Unidos?
La geometría política continúa trazando los ejes de izquierda-derecha, aun cuando su carácter anacrónico, confuso e inoperante resulta cada vez más evidente, como la incapacidad de responder las preguntas arriba expuestas lo demuestra. Estas etiquetas surgieron hace más de doscientos años con significados que han variado drásticamente a través del tiempo, y que en el presente no solo tienen poca concordancia con sus orígenes, sino que también resultan limitadas para definir nuevas y complejas realidades del debate político. ¿Acaso las posiciones en torno al medio ambiente, a la eutanasia, al aborto, al manejo de células madre o a la participación privada en ciertos sectores de la economía pueden fijarse bajo las mismas categorías utilizadas para distinguir a los jacobinos de quienes defendían el Antiguo Régimen en la Asamblea Francesa del siglo XVIII?
América Latina es un ejemplo particularmente claro de la obsolescencia y la vaguedad de estas categorías. La línea que las separa se ha vuelto tan borrosa que ha ido perdiendo su función en un mundo en el que se impone el pragmatismo por encima de dogmas del pasado. Intelectuales, políticos, líderes de opinión y otros sectores de la población –sobre todo los jóvenes– coinciden en ello aun a pesar de sus diversas inclinaciones, y no se sienten ya representados por las categorías “izquierda” y “derecha”. De hecho, la preocupante apatía política que la juventud expresa en varios países de América Latina podría explicarse en parte por la ausencia de planteamientos ideológicos que respondan a sus inquietudes y sintonicen con las cambiantes necesidades de su entorno.
Los modelos de desarrollo que se han aplicado en nuestra región durante décadas, matizados por la disputa entre la izquierda y la derecha y bajo regímenes de una u otra orientación, han fracasado. Mientras la mayoría de nuestros países han quedado atrapados en enardecidas discusiones ideológicas sin solución, otros como Chile, Costa Rica, Uruguay y, más recientemente, Brasil, han logrado trascender la tensión izquierda-derecha, privilegiando la efectividad y la responsabilidad en aras del progreso.
¿Por qué entonces seguimos operando bajo una lógica tan desgastada? La respuesta parece radicar en el empeño de quienes obtienen lucro electoral por prolongar la dicotomía e identificarse con determinado bando. Particularmente notorio es el caso de quienes presentan su ropaje de extrema izquierda como patente de exclusividad para luchar por las causas sociales y satanizar cualquier postura moderada. En respuesta, quienes son “acusados” de ser de derecha apuran la negación de los cargos y acusan a sus contrincantes de obstruir la generación de riqueza, exacerbando las diferencias y reviviendo una geometría política moribunda. El apasionamiento que genera la lucha entre unos y otros ha impedido que numerosos temas puedan debatirse de forma más abierta. Al margen de la efectividad publicitaria que esta vieja terminología pueda generar para algunos, su incapacidad para orientar a la ciudadanía, así como para contribuir a la discusión seria y a la aceleración del desarrollo, revela la necesidad de mecanismos alternativos.
La responsabilidad como eje
En la definición de una geometría política funcional se deben tomar en cuenta las condiciones de orden social, económico y cultural imperantes en nuestra región. Las posiciones en torno a aspectos como el combate a la pobreza, la solidez institucional y el desarrollo económico sustentable, así como respecto al autoritarismo y el populismo, deben quedar claramente establecidas. Para evitar caer en los vicios de la división izquierda-derecha, el reto es construir esquemas que proyecten de manera directa y simple valores de aceptación general.
El esquema que propongo tiene a la responsabilidad como eje rector. La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, una forma del verbo responder. Responsabilidad es la “habilidad de responder”; conlleva el cumplimiento de los deberes que cada persona está llamada a ejecutar de acuerdo al entorno sociopolítico en el que se desenvuelve. El Estado, como regulador de la sociedad, tiene la obligación de asegurar la impartición equitativa de justicia y promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Así, la responsabilidad aplicada al gobierno, como estructura encargada de la conducción del Estado, es la obligación de “responder” ante la sociedad conforme al orden establecido.
El concepto de responsabilidad está estrechamente ligado al de libertad. Un individuo será responsable de sus actos en la medida en que tuvo libertad para ejercerlos. Un gobierno responsable implica el pleno respeto a la libertad de la persona. Si el autoritarismo se caracteriza por la violación de la libertad y representa su antítesis, entonces también será la antítesis del gobierno responsable.
Sin embargo, ¿dónde queda la responsabilidad del gobierno por sus acciones? Después de todo, por la misma razón que una persona es responsable de sus actos, un gobierno, como persona moral, debería serlo por las acciones que realiza. El gobierno responsable es el que responde por los efectos de sus políticas en la vida de los ciudadanos. Esto supone anticipar el impacto de una medida y analizar detalladamente si a través de ella se cumplirá con el compromiso social adquirido. Paradójicamente, hay ocasiones en que, a pesar del obvio impacto negativo de cierta política, se la aplica. Esto puede obedecer al deseo de los gobernantes de afianzar su poder coartando libertades (autoritarismo), o de incrementar su rédito político (populismo).
El populismo y el autoritarismo, antítesis ambos del gobierno responsable, no conocen bandera política, y pueden encarnarse en gobiernos etiquetados como de izquierda o derecha, de lo que América Latina ha sido testigo en varias ocasiones. Por ejemplo, la administración de Alberto Fujimori en Perú, considerada de derecha, se caracterizó por políticas de corte clientelar y un abundante uso de recursos públicos con fines de promoción personal, así como por constantes violaciones a la libertad, los derechos humanos y los principios democráticos. Algo idéntico puede decirse respecto al régimen de Hugo Chávez en Venezuela, que pregona constantemente sus convicciones de izquierda. Evidentemente, los gobiernos de Fujimori y Chávez serán recordados por la historia, más que por su tendencia de derecha o izquierda, por los rasgos abiertamente populistas y autoritarios que compartieron, a pesar de su supuesta contradicción bajo los ejes ideológicos tradicionales.
De igual modo, la responsabilidad puede plasmarse en regímenes definidos como de izquierda o de derecha, de lo cual también hay ejemplos en nuestra región. Si bien no es posible calificar como responsable la gestión integral de un gobierno (pues hasta el más responsable tendrá cosas que no lo sean y viceversa), es factible analizar bajo este lente las políticas individuales. En este escenario, se podría calificar como responsable la política económica de Michelle Bachelet y Álvaro Uribe, quienes a pesar de ubicarse en los extremos de la vieja geometría, se asemejaron en sus lineamientos de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y atracción de inversiones, que a su vez se tradujeron en crecimiento y generación de empleo.
Criterios de responsabilidad
En la definición de criterios para determinar si una política es o no responsable, surge como problema el carácter subjetivo de este concepto. Lo que para unos es responsable no necesariamente debe serlo para todos. Si bien resulta imposible superar de forma absoluta esta dificultad, la selección de lineamientos que sugieropretende revestir el concepto de la mayor objetividad posible.
Un gobierno responsable deberá, además de promover las libertades y los derechos humanos, cumplir férreamente los valores democráticos, lo que involucra el respeto a la división de poderes y el cumplimiento del marco constitucional. Estos principios son fundamentales para que un régimen sea considerado responsable, marcando así distancias con aquellos de tinte autoritario.
Un gobierno que responde a la sociedad es aquel que enfoca su gestión en abordar de manera prioritaria los principales problemas que la aquejan. En el caso de América Latina, la pobreza es sin duda el mayor flagelo, siendo causa y efecto de los rezagos que vivimos en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros. Por ello, la administración pública debe orientar sus esfuerzos a la superación de la pobreza, entendida esta en un sentido amplio, no solo como una situación de insuficiencia de ingresos. Para cumplir ese objetivo, se debe trascender el axioma de que solo el crecimiento económico o el asistencialismo estatal son suficientes. En el campo social, la política pública debe dirigirse a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y dotar de igualdad de oportunidades a toda la población, a través de programas técnicamente diseñados, debidamente focalizados y financieramente sostenibles, promoviendo además el concepto de corresponsabilidad en los beneficiarios.
En materia económica, es primordial mantener un entorno estable para generar crecimiento. Al respecto, el actual presidente de Uruguay (y ex guerrillero de extrema izquierda), José Mujica, señaló recientemente que “el equilibrio fiscal, mantener una economía austera y no jugar con la inflación” son factores “que ya no pueden estar en discusión ni por la izquierda ni por la derecha o el centro”. De lo señalado por el mandatario bien podría deducirse que manejar una macroeconomía sana, lejos de ser un asunto de izquierda o derecha, es una señal de responsabilidad. Lamentablemente, gobiernos de países como Venezuela o Ecuador ignoran algunos de estos principios y al hacerlo sabotean las posibilidades de desarrollo económico de sus pueblos.
Algo similar aplica respecto al rol del Estado en la economía. Su papel fundamental debe ser el de un regulador eficiente que, lejos de obstaculizar el desarrollo de actividades productivas lícitas, garantice el cumplimiento de las normas jurídicas y los regímenes contractuales, independientemente del origen –nacional o extranjero– de las inversiones. En esta línea, el Estado debe buscar el bien común, para lo cual, por ejemplo, debe evitar prácticas monopólicas –públicas o privadas– que terminen afectando a los consumidores. Países como Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay han cumplido con estos lineamientos, contribuyendo a incrementar el importante ritmo de crecimiento económico que han disfrutado en los últimos años.
Entre los temas que ejercen un protagonismo especial en los criterios de gobierno responsable está el del medio ambiente. La causa ambiental ha sido comúnmente asociada con posturas de izquierda; sin embargo, hoy resulta claro, ante los alarmantes niveles de degradación de los recursos naturales, que el respeto al medio ambiente como eje de política pública y el impulso al desarrollo sustentable, más que monopolios de determinada corriente ideológica, son cuestiones de elemental responsabilidad. Así lo demuestra el ejemplo más notable de América Latina: Costa Rica. En este país, la inclinación que algunos perciben en sus gobiernos hacia un lado u otro del espectro izquierda-derecha no ha sido obstáculo para dar continuidad a una política ambiental y de sustentabilidad, demostrando avances en la protección de la biodiversidad y en esquemas de vanguardia como el biocomercio, el mercado de bienes y servicios ambientales, los impuestos ambientales y el ecoturismo.
Otro criterio de responsabilidad es el de “gobierno basado en resultados”. De acuerdo a este concepto, los resultados de evaluaciones externas sobre el impacto y desempeño de los programas gubernamentales deben ser el factor que determine su continuidad, modificación o eliminación. Esto con el propósito de canalizar los recursos públicos solo en programas que sean beneficiosos y evitar la subsistencia de aquellos que, a pesar de su ineficacia, se mantienen por el lucro político-electoral que generan.
Una geometría política para el futuro
Para una generación que vio en su adolescencia la caída del Muro de Berlín, que ha crecido junto a un vertiginoso desarrollo tecnológico y que se encuentra conectada con el mundo sin límites y en tiempo real, la subsistencia de etiquetas que actúan como barreras de pensamiento y acción parece francamente inexplicable. Esta generación es también la que no comprende por qué muchos de nuestros gobiernos mantienen prácticas autoritarias, populistas o basadas en recetas derrotadas por la historia. Por eso, es quizá entre las nuevas generaciones que una geometría política basada en la responsabilidad puede tener mejor acogida.
Al plantear criterios de gobierno responsable no se busca un listado perfecto. Por el contrario, es solamente un punto de partida para la discusión. Esto bajo el entendido, además, de que el concepto debe ser suficientemente dinámico como para incorporar nuevos aspectos que cobren relevancia en el debate político futuro. Los criterios no buscan erigirse en verdad única para la gestión pública. Con la consciencia de que nadie querrá ubicarse en el eje contrario a la responsabilidad, lo que se persigue es que la discusión gire en torno a cuál de las diferentes visiones de política se apega mejor a ella. Es decir, no se cancela el debate, sino que se lo plantea en torno a un eje de aceptación y entendimiento general, más relevante que categorías ideológicas obsoletas.
El planteamiento de la responsabilidad como eje de la nueva geometría pretende generar consensos entre las fuerzas políticas, una vez despojadas las etiquetas que impedían su acercamiento. Busca también proyectar en la ciudadanía la importancia de la responsabilidad como criterio para evaluar la acción del gobierno y las ofertas electorales, contribuyendo al ejercicio de un voto responsable. Por último, y de manera muy particular, esta propuesta pretende despertar el entusiasmo de la juventud y alentar su participación en política.
Con una nueva geometría política, basada en la responsabilidad, quizá sea posible, además, plantear y responder las preguntas que el viejo esquema izquierda-derecha no puede ya resolver. ~
