Con
un saldo de veinte muertos, más de ciento cuarenta personas
encarceladas, medio centenar de desparecidos y daños
materiales evaluados en varios millones de pesos, el conflicto que ha
vivido el estado de Oaxaca desde el 14 de junio pasado ha suscitado
muchas interpretaciones. No son pocos, en la coyuntura de las
elecciones federales del 2 de julio de 2006, los que han explicado la
crisis oaxaqueña a su conveniencia. Como Chiapas en enero de
1994, cada uno de los actores políticos ha buscado sustentar
sus posiciones tomando Oaxaca como prueba. Es difícil
encontrar un análisis contextualizado, y sin carga ideológica,
de los sucesos que han marcado la verde Antequera los últimos
siete meses. Tratemos de desentrañar el “caso Oaxaca”,
haciendo a un lado, por un instante al menos, las emociones
políticas.
El
origen del conflicto
Era
ya una tradición que los maestros de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
marcharan el 15 de mayo, día nacional del maestro, y
plantearan a los gobiernos federal y estatal una serie de demandas
sectoriales: aumento salarial, rezonificación (reevaluación
del índice salarial en función del costo de vida,
alineándolo sobre el de las demás entidades de la
República) y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta
costumbre se inició hace poco menos de veinticinco años,
en 1980, cuando la sección de Oaxaca entró en
disidencia, enfrentándose por primera vez con el líder
nacional del SNTE, Carlos JONGuitud Barrios y sus operadores
estatales. En su lucha contra el “charrismo” y por la
democratización interna del sindicato, los maestros oaxaqueños
se adhirieron masivamente a la recién creada Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación. Poco a poco, la
marcha del 15 de mayo se fue acompañando de “plantones” en
el centro histórico que duraban hasta que la SEP y el
gobernador en turno cedían ante las principales demandas de
los maestros. Eso ocurría generalmente a fines de junio, justo
antes de la celebración de la Guelaguetza, los dos primeros
lunes del mes de julio. Pero esta vez, el gobernador Ulises Ruiz
Ortiz decidió romper con la tradición, y mandó
desalojar a los maestros el 14 de junio en la madrugada.
Varias
interpretaciones se han ensayado, desde las más maquiavélicas
(la voluntad de involucrar al PRD en un conflicto violento, obligar a
Elba Esther Gordillo a enfrentarse con sus “bases”, etc.) hasta
la más prosaica: la falta de pericia de Ulises Ruiz. Esta
última interpretación sigue siendo la más
convincente. Al asumir la gubernatura, en agosto de 2004, Ulises Ruiz
tenía una sola encomienda: financiar la campaña de
Roberto Madrazo para la Presidencia. El gobernador de Oaxaca había
ocupado, sin brillo, los cargos de diputado local, federal y senador.
Nuca se había destacado por su liderazgo, sino por una
destreza excepcional en el arte de la alquimia electoral, la llamada
“mapachería”. Fue el operador electoral de Roberto Madrazo
en Tabasco, en 1994, y puso su know
how al servicio del PRI en otros estados de la República.
Pero un buen “mapache” no resulta necesariamente un hábil
político. Desde sus primeros días de gobierno, Ulises
Ruiz mostró su falta de experiencia y de tacto en el trato con
las distintas fuerzas sociales y políticas de la entidad,
incluyendo el sindicato magisterial, con sus setenta mil agremiados.
De esta forma, el gobernador logró unificar en su contra a los
más diversos actores, y hacer que una simple movilización
sectorial se transformara en el conflicto político más
grave que Oaxaca haya vivido en las tres últimas décadas.
En efecto, después de la represión del 14 de junio, los
maestros retomaron el control del centro de la ciudad, y junto con
organizaciones civiles y políticas, constituyeron la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el 17 de junio. Esa misma
represión tuvo un efecto determinante en la elección
federal del 2 de julio: no sólo el candidato presidencial de
la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López
Obrador, ganó las elecciones en el estado, sino que la misma
coalición opositora se llevó nueve de las once
diputaciones de mayoría relativa.
De
ahí en adelante, la APPO se fue conformando en un actor capaz
de coordinar la toma de edificios gubernamentales, del canal estatal
de televisión (canal 9), de varias radiodifusoras, y de
instalar barricadas en el centro de la ciudad y sus principales
avenidas, incluyendo el periférico, así como la
carretera panamericana que conecta Oaxaca con la ciudad de México
y el Istmo de Tehuantepec. La tensión aumentó
gradualmente, con enfrentamientos puntuales en las noches en torno a
las barricadas, entre los manifestantes y la guardia pretoriana
formada por el gobernador –con policías vestidos de civil y
sicarios. Los muertos se acumularon, noche tras noche, megamarcha
tras megamarcha, entre agosto y finales de octubre.
A
mediados de octubre, la Sección 22 del SNTE organizó
una consulta entre sus afiliados para saber si debían o no
regresar a clases. Una cómoda mayoría de los maestros
oó por un regreso a clases gradual, a partir del lunes 30 de
octubre. Mientras tanto, tras el asesinato de un reportero
estadounidense de Indymedia, Brad Will, el 27 de octubre, el
presidente Fox ordenó la intervención de la Policía
Federal Preventiva (PFP). Lo que siguió hasta el primero de
diciembre fue una serie de enfrentamientos violentos entre los
integrantes de la APPO, posicionados en las barricadas, y la PFP,
reforzada con militares disfrazados de policías. A partir de
la entrada de la PFP en la ciudad, los manifestantes se atrincheraron
en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, y mantuvieron una barricada en el crucero del periférico
que se encuentra cerca de la Universidad. El último
enfrentamiento violento se dio el domingo 25 de noviembre, cuando la
APPO decidió cercar la PFP en el centro de la ciudad. El
resultado fue desastroso: varios edificios públicos fueron
incendiados, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia del Estado,
la sede del Poder Judicial del Estado, las oficinas de la Secretaría
de Turismo, las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
las del Registro Público de la Propiedad. El enfrentamiento
también dejó un saldo de tres muertos y un centenar de
heridos. Los días siguientes se desató una verdadera
cacería de brujas, en la que cayeron presos más de cien
miembros de la APPO. La policía acabó de “pacificar”
la ciudad el 29 de noviembre con el desmantelamiento de la última
barricada. Los últimos “brigadistas” de la APPO decidieron
entregar la radiodifusora de la Universidad y abandonar el campus.
El
último golpe se produjo el lunes 4 de diciembre, cuando fueron
arrestados, en la ciudad de México, cuatro de los dirigentes
de esa organización, incluyendo a Flavio Sosa, uno de sus
representantes más mediáticos.
La
APPO: un espacio político heterogéneo
¿Qué
es la APPO? ¿Quiénes son sus miembros y dirigentes? La
respuesta no es simple. La APPO no es una organización, a
pesar de cierto formalismo en su estructura organizativa (el consejo
estatal constituido el 13 de noviembre está compuesto por más
de doscientas personas, nombradas según criterios
territoriales –diez representantes por cada una de las siete
regiones del interior del Estado, el doble para la región de
los Valles Centrales; además de once representantes para las
colonias de la conurbación de Oaxaca– y sectoriales
–comerciantes, artesanos, abogados, organizaciones civiles,
“ayuntamientos populares”, comunidades eclesiales de base,
“barricadas”, transportistas, sindicatos, mujeres, jóvenes,
indígenas, etc.). Se trata más bien de un espacio donde
convergen de manera flexible una serie de organizaciones e individuos
cuyo punto en común es la demanda de destitución de
Ulises Ruiz Ortiz. Los llamados “dirigentes” no son tales, en la
medida en que no tienen capacidad de decisión, más allá
de su entorno inmediato (su propia organización o la barricada
que coordinan); son “voceros” más que líderes,
pueden hablar en nombren de las APPO ante los medios, por ejemplo,
pero no deciden nada por sí mismos. Durante todo el conflicto,
la APPO se ha materializado en asambleas multitudinarias, donde
prevalecían los maestros, miembros de organizaciones sociales
y de ONGs de derechos humanos. Cuando fue fundada, la APPO reunía
un centenar de organizaciones. Al inicio acordaron una representación
partidaria para cada organización, por lo que el SNTE resultó
minoritario en la instancia de coordinación. A pesar de esta
subrepresentación, son los maestros los que han controlado las
decisiones tácticas, en particular en lo que toca a la
organización de las marchas, las barricadas, la ocupación
de edificios públicos y radiodifusoras, así como los
enfrentamientos con la PFP. Y es una corriente minoritaria, pero muy
radical, de la misma Sección 22, la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), brazo magisterial del
Frente Popular Revolucionario (FPR), la que ha tenido más peso
en esas decisiones. Los “ultras” fueron los que se opusieron al
regreso a clases, que había aprobado la mayoría de los
maestros; son ellos mismos los que instigaron el ataque a la PFP, el
2 de noviembre, cuando ésta quiso levantar la barricada de
Cinco Señores, en el cruce del periférico, a un paso de
la Universidad; son ellos también, los que propusieron
“cercar” a la PFP el domingo 25 de diciembre, lo que llevó
al enfrentamiento más encarnizado, y a desmantelar la APPO.
Mucho se ha escrito sobre vínculos con la guerrilla y, en
particular, con la Tendencia Democrática
Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), considerada como
una de las ramificaciones del Ejército Popular Revolucionario
(epr), y uno de los cinco grupos que se adjudicaron los bombazos del
lunes 6 de noviembre de 2006 en la ciudad de México. Sin
embargo nada se ha probado al respecto, y esas guerrillas parecen
demasiado fantasmagóricas para poder infiltrarse en un
movimiento como el de Oaxaca. Es mucho más plausible que hayan
existido vínculos entre personas de una y otra formación
(la UTE-FPR y el EPR o sus secuelas), pero nada orgánico,
desde luego. Las denuncias sobre almacenamiento de armas de alto
poder –“cuernos de chivo”– en algunas de las barricadas no
han resultado ser más que un rumor infundado. Ello no quita
que el FPR haya tenido un papel central en la estrategia violenta que
llevó a la APPO al atolladero. Los miembros de esa
organización se han distinguido por su dogmatismo y su
radicalidad “vanguardista” –en el sentido más
trasnochado de la palabra–; son ellos los que han rendido homenaje
al “padrecito del pueblo” José Stalin, al plantar su
retrato en medio del Zócalo oaxaqueño durante los seis
meses de platón; ellos son, también, los que, en los
foros de la APPO, han propuesto acabar con la democracia electoral
–por “burguesa”– e instaurar la dictadura del proletariado…
Qué contraste, desde luego, con las declaraciones y demás
relatorías de foros organizadas por la APPO: salvo la manida
letanía antineoliberal, el contenido de éstas es
bastante moderado y refleja más bien cierta idealización
del papel de la “sociedad civil organizada” ante el poder de un
estado totalmente corruo. Pero he ahí el detalle: los que
escriben son los representantes de las organizaciones civiles, mucho
más plurales en sus posiciones políticas, y no los
“operadores” de la UTE-FPR.
Aun
así, es importante recalcar que el movimiento social que ha
surgido en Oaxaca va mucho más allá de la APPO (como
estructura organizativa) y sus “líderes” autoproclamados o
designados como tales por los medios de comunicación y los
gobiernos estatal y federal. Mucha gente, incluso sectores populares
urbanos o de clase media baja, hasta entonces poco politizados, se
movilizaron a medida que se iba recrudeciendo la violencia. Ése
es precisamente el gran logro de Ulises Ruiz: haber unido en su
contra organizaciones y personas de las más diversas
procedencias. Algo impensable poco tiempo antes ocurrió: en
las asambleas de la APPO se encontraron organizaciones cercanas a la
“pastoral social” de la Iglesia Católica, organizaciones
radicales de corte marxista-leninista, maestros estalinistas, amas de
casa, universitarios, estudiantes sin experiencia política
previa, vecinos de los “pueblos nuevos” conurbanos, líderes
del movimiento indígena, simpatizantes de los partidos
Convergencia, PRD, PT, etc. En fin, un abigarrado conjunto de sujetos
que hasta ahora no se habían juntado ni para tomar un café.
Además,
toda movilización de esa magnitud adquiere su propia dinámica,
que escapa al control de los que la iniciaron. Muchos, incluyendo los
maestros y trabajadores de la educación, vivieron una
experiencia de acción política sin precedente que ha
cambiado su manera de ver las cosas, rebasando la visión
estrictamente sectorial y corporativista que tenían
previamente. Ha surgido, pues, un movimiento que no se reduce a la
suma de sus componentes individuales y colectivos, ni mucho menos a
sus “figuras” más visibles. En un estado caracterizado por
su conservadurismo y una “Pax
priista” ejemplar desde el conflicto universitario de 1977 y la
caída del gobernador Manuel Zárate Aquino, el
surgimiento de semejante movimiento, por muy desarticulado que haya
sido, es ya un hecho excepcional cuyos efectos sociopolíticos
seguramente se harán sentir por mucho tiempo.
Ulises
Ruiz y el “nuevo federalismo” mexicano
La
clave para entender el conflicto Oaxaqueño radica en Ulises
Ruiz, las condiciones en que llegó a ser gobernador y las
razones por las que se mantiene en su cargo.
Es bien sabido que
Ulises Ruiz no era el favorito de José Murat, su antecesor,
sino que fue impuesto por Roberto Madrazo, entonces dirigente
nacional del PRI. Sin embargo, velando por sus múltiples
“negocios” en Oaxaca, José Murat logró imponerle a
Ulises algunos de sus más cercanos colaboradores. Las cosas se
complicaron cuando Ulises Ruiz, bajo las órdenes de Roberto
Madrazo, decidió no cumplir los compromisos establecidos con
su antecesor, y reemplazó uno por uno a los funcionarios
“muratistas” por elementos de su propia camarilla. La furia de
José Murat no se hizo esperar, y así como había
lanzado el magisterio contra Diódoro Carrasco en el 2000,
cuando éste era secretario de Gobernación, aprovechó
el resentimiento de ciertos líderes sociales para “meterle
ruido” a Ulises Ruiz. El “pacto de gobernabilidad” que había
establecido José Murat con el SNTE y las demás
organizaciones políticas del Estado (incluyendo el Movimiento
de Unificación y Lucha Triqui –mult–, el Consejo Indígena
Popular-Ricardo Flores Magón –CIPO-RFM–, las
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca –OIDHO–
o Nueva Izquierda de Oaxaca), al otorgarles generosos subsidios, se
fue al traste. No es casualidad si varios líderes de estas
organizaciones se encuentran al frente de la APPO desde junio de
2006. Ello no quiere decir que hayan sido simples títeres de
José Murat, como algunos comentaristas lo han sugerido. La
teoría del complot resulta atractiva, pero siempre reductora.
Los líderes sociales y políticos que se han opuesto a
Ulises Ruiz lo hacen por motivaciones propias, en las que pesa
seguramente el trato que éste les ha propinado. Pero tampoco
se pueden descartar alianzas coyunturales entre Murat y los líderes
inconformes en contra de su enemigo común.
Más
allá de los posicionamientos individuales y de los intereses
particulares de unos y otros, el conflicto de Oaxaca evidencia un
nuevo rasgo del sistema político mexicano posterior a la
alternancia del 2000: el fortalecimiento de los poderes periféricos,
y en particular el de los gobernadores. Al perder el PRI la
Presidencia, los gobernadores de éste o de otros partidos han
ido cobrando una autonomía sin precedente. Tal evolución
se puede considerar favorablemente como el final del centralismo
antidemocrático, en el que la “presidencia imperial” ponía
y quitaba gobernadores a su antojo. El problema es que faltan los
mecanismos legales para regular las nuevas relaciones entre le
federación y los estados. En tal situación, la defensa
de la soberanía del estado puede solapar las prácticas
y los regímenes más autoritarios y corruos sin que haya
medio de impugnación alguno. En el caso oaxaqueño, fue
significativa la actitud tomada por los senadores, al declarar, en su
dictamen del 19 de octubre de 2006, que ante todas las evidencias de
ingobernabilidad en esa entidad, la desaparición de poderes…
¡no se justificaba! A pesar de las hipótesis formuladas
entonces, de que Ulises Ruiz pediría licencia después
del 1o de diciembre para evitar convocar a nuevas elecciones
(habiéndose concluido dos años de su mandato) y se
designaría un gobernador interino proveniente del mismo PRI,
el gobernador oaxaqueño ha permanecido inamovible. La
situación es similar a la del gobernador de Puebla, Mario
Marín, que se ha mantenido en su cargo a pesar de las
evidencias que lo vinculan con una red de pedofilia.
En
Oaxaca, la suerte de Ulises Ruiz depende de la alianza que han
establecido el PAN y el PRI. Ninguno de estos dos partidos quería
arriesgarse a perder un estado a manos del PRD, tras la victoria
estatal de este partido en la contienda del 2 de julio. Pero ésta
no es la única razón por la cual Ulises Ruiz ha logrado
permanecer en su cargo. El gobernador de Oaxaca tiene sus propios
recursos legales, políticos y materiales para mantenerse en el
poder a pesar de su impopularidad. Las normas para declarar la
desaparición de poderes son ambiguas –sólo un acuerdo
político en el Senado puede autorizar esta medida– y ningún
otro mecanismo de revocación de mandato está previsto
por las leyes mexicanas. Pero sobre todo, Ulises Ruiz tiene en sus
manos un poder de un estado que ha sido considerablemente fortalecido
por la descentralización, a partir de 1995. La transferencia
de recursos en materia de educación y de desarrollo social
(Ramo 33) hacia los estados le ha conferido un poder considerable a
los gobernadores. Aun así, la mejor póliza de seguro de
Ulises Ruiz es otra: la corrupción. Su contribución a
la campaña de Roberto Madrazo ha sido evaluada en más
de mil millones de pesos. Es de esperarse que el gobernador, tanto
como el PRI en su conjunto, prefieran encubrir tamaña estafa
al erario público. Además, es muy probable que el
mandatario oaxaqueño tenga suficientes evidencias de los
desmanes de sus antecesores, y en particular, de José Murat.
Éste ha empleado toda su energía para impedir que la
federación haga una auditoría del manejo de los
recursos federales durante su sexenio. De pronto, a los rivales
políticos les conviene cerrar filas para que no se hurgue
demasiado en los expedientes contables del estado (o lo que queda de
ellos tras el incendio, más que sospechoso, de las oficinas
públicas correspondientes).
Oaxaca
como advertencia
La
crisis de Oaxaca no refleja la remanencia de enclaves premodernos en
los márgenes empobrecidos de la República Mexicana.
Ulises Ruiz y su manejo caciquil del poder no representan un simple
atraso en la democratización del régimen político
mexicano. Al contrario, el conflicto que sufre esa entidad, y en
particular la ciudad capital, refleja una dinámica nueva,
propia de un régimen federal cuyas reglas han sido rebasadas
por la realidad política. Lejos de significar un lastre de
épocas pasadas, cuando los caudillos mandaban sin más
límite que el poder del caudillo mayor, lo que ha vivido la
sociedad oaxaqueña en estos siete últimos meses bien
podría ser la pauta del futuro federalismo mexicano. De no
establecerse un nuevo “pacto federal” que redefina las relaciones
entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y los mecanismos
para resolver conflictos entre los dos niveles de gobierno,
semejantes conflictos podrían generalizarse en el conjunto del
país. ~
