Confieso que esta semana quería escribir de futbol. El Mundial empieza y, como millones de personas, esperaba dedicar estas líneas a otra cosa. Pero a unas horas del juego inaugural ocurre algo demasiado grave para mirar hacia otro lado.

Más de 1.4 millones de alumnos permanecen sin clases debido al paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Son 17,471 escuelas afectadas y casi 89 mil docentes involucrados. En Oaxaca hay más de 734 mil estudiantes sin actividades; en Chiapas otros 273 mil. La cifra debería ocupar el centro de la conversación nacional. No ocurre así.

Lo relevante no es únicamente la huelga. Tampoco las exigencias de la CNTE. Es que Morena actúa como si estuviera sorprendido por un conflicto que ayudó a construir.

La CNTE nunca ocultó quién era. Nunca escondió sus métodos, sus objetivos ni su forma de ejercer presión. Tampoco ocultó su oposición a las reformas que durante años combatió desde las calles. Convirtió varias de esas causas en banderas de campaña y construyó una relación política con sectores del magisterio disidente porque aportaban algo valioso: capacidad de movilización, presencia territorial y una narrativa de resistencia útil para disputar el poder.

La educación nunca fue el objetivo de la alianza; fue el terreno donde esta se construyó. Durante años se configuró un acuerdo político-electoral informal entre Morena y sectores del magisterio disidente. El intercambio era claro: respaldo político, capacidad de movilización y presencia territorial a cambio de revisar reformas, modificar reglas y abrir espacios de negociación sobre demandas históricas del movimiento. Como ocurre con cualquier acuerdo político, ambas partes obtuvieron beneficios. Morena fortaleció una coalición para llegar al poder; los dirigentes magisteriales adquirieron la expectativa de que sus principales reclamos serían atendidos.

El problema de las promesas es que generan acreedores. Y estos tarde o temprano cobran.

La CNTE exige un aumento salarial de 100 por ciento, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de las cuentas individuales administradas por las Afores y el regreso a un sistema solidario de pensiones. No se trata de una demanda improvisada. Es la continuación lógica de una conversación política alimentada durante años.

La organización está cobrando.

La factura es enorme. El propio gobierno calcula que atender plenamente estas exigencias tendría un costo cercano a 7 billones de pesos, equivalentes a 20% del PIB y a 68% del presupuesto federal previsto para 2026.

Hay además una diferencia importante respecto de conflictos anteriores. Durante años, los gobiernos del PRI y del PAN podían responder a las demandas de la Coordinadora desde la distancia política. La CNTE los consideraba adversarios y ellos consideraban a la CNTE un actor de presión. El conflicto era abierto.

Con Morena ocurre algo distinto. La tensión actual nace dentro de una relación construida durante años. López Obrador no llegó al poder prometiendo contener a la Coordinadora. Llegó prometiendo corregir agravios que la Coordinadora denunciaba desde hacía décadas. Claudia Sheinbaum refrendó esos acuerdos.

La CNTE no está exigiendo algo ajeno al discurso que escuchó durante años. Está reclamando coherencia. Está diciendo: si las reformas del pasado eran injustas, corríjanlas; si las pensiones fueron desmanteladas, restáurenlas; si los maestros fueron agraviados, otórguenles una reparación. Aunque su interés no está necesariamente en los docentes. El problema es que una cosa es denunciar agravios desde la oposición y otra muy distinta asumir el costo de corregirlos desde el gobierno. Ahí es donde la política se encuentra con la realidad.

Como el alacrán de la conocida fábula, la CNTE nunca ocultó su naturaleza. Su historia ha estado marcada por una secuencia conocida: movilización, presión, negociación y nueva movilización. La toma de espacios públicos, los bloqueos y la capacidad de alterar la vida política de la capital forman parte de un repertorio construido durante décadas.

Su eficacia depende precisamente de convertir una demanda sectorial en un problema nacional. Elevar el costo político de la inacción gubernamental. Trasladar la negociación del terreno administrativo al terreno político. En esa lógica, la presión no es un exceso; es el método. La CNTE está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñada. La pregunta es por qué Morena, como la rana de aquella historia, creyó que dejaría de hacerlo.

Durante años fue relativamente sencillo coincidir en la crítica al pasado. Gobernar es distinto. Implica administrar recursos limitados, asumir restricciones fiscales y reconocer que no todas las promesas pueden cumplirse simultáneamente.

La disputa gira alrededor de salarios, pensiones, presupuesto, plazas, recursos, bloqueos y gobernabilidad. Pero la tensión más profunda no está ahí, sino en la ausencia de las y los alumnos de esta conversación.

Hay algo particularmente inquietante en este tipo de conflictos. Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, mayor es la capacidad de presión de la organización. El daño educativo no debilita la negociación: la fortalece. Los estudiantes fuera de las aulas se convierten en evidencia de fuerza política. No son el centro de la negociación; son el instrumento que la vuelve eficaz.

La CNTE está cobrando compromisos que escuchó durante años. Morena enfrenta los costos de una alianza que consideró útil para llegar al poder. Pero los únicos que nunca participaron en ese acuerdo fueron los estudiantes.

Mientras el país se prepara para celebrar un Mundial, casi 1 millón y medio de alumnos permanecen fuera de las aulas. Ellos no negociaron pensiones, plazas ni reformas. Sin embargo, son quienes pagan la factura.

Y esa debería ser una razón suficiente para dejar de utilizar la educación como moneda de cambio político. ~