El polaco Jarosław Kaczyński y el húngaro Viktor Orbán han orquestado en sus países una demolición del Estado de derecho, que obedece a su particular concepción de la democracia. Como depositarios de la voluntad del pueblo, se han visto autorizados en el ejercicio del poder para eliminar todo aquello que impedía que su plan de gobierno se ejecutara. En Polonia, el proceso quedó abortado al perder el gobierno el pis (Ley y Justicia) en 2023. Pero desmantelar el sistema creado es complejo, debido al poder de veto del presidente, leal al pis. En Hungría, la derrota de Orbán ha dado paso a un sucesor, Péter Magyar, avalado por un poder aplastante en el parlamento. El riesgo es la falta de límites, salvo los que él mismo se imponga.
En Polonia fue donde realmente se empezó a fundir el telón de acero. La caída del Muro de Berlín es la imagen que pasó a la historia, pero el pulso contra el poder soviético se empezó a ganar en los astilleros de Gdańsk. La transición del comunismo a la democracia fue fruto de un compromiso, encarnado en la Mesa Redonda, que empezó en febrero de 1989. Es el mito fundacional de la Tercera República. De ahí parte la grieta en una Polonia polarizada: por un lado, están los que consideran que fue un modelo de diálogo político y, por otro, los que lo califican de traición, ya que ahí estaba sentado el general Wojciech Jaruzelski, último presidente con el comunismo. Los partidos situados en el centro, como Plataforma Cívica, liderada por Donald Tusk, y a la izquierda defienden esa transición pacífica y consensuada. Para Jarosław Kaczyński, el ideólogo del pis, aquello fue un movimiento de ajedrez, pero no un acuerdo fundacional.
El imposibilismo legal de Kaczyński
Al llegar el pis al poder por primera vez en 2005, el objetivo de Kaczyński, presidente del partido, era acabar con las anomalías derivadas de la transición pactada. Pensaba que la victoria le permitiría introducir la Ley sobre la Lustración, con el fin de identificar a quienes habían colaborado con la policía secreta comunista. Pero el Tribunal Constitucional le paró los pies. Entonces formuló por primera vez su concepción del “imposibilismo legal”. Kaczyński, jurista de formación, sigue la doctrina de Stanisław Ehrlich, crítico del dogmatismo legal, y sostiene que la voluntad política expresada por la nación es superior a la ley. Kornel Morawiecki, furibundo crítico de la Mesa Redonda y padre del ex primer ministro Mateusz Morawiecki, lo condensa así: “La ley es importante pero no es sagrada. Por encima de la ley está el bienestar de la nación. Si la ley interfiere ese bienestar, deja de ser inviolable.”
El punto de partida en la demolición que ejecutó el pis del poder judicial es el “imposibilismo legal”. Los tribunales, incluido el Constitucional, no pueden ser un muro frente al poder legislativo y el ejecutivo. Y menos aún cuando no se ha dado una lustración, de modo que quedan entre los jueces restos del comunismo. Es la tesis de Jarosław Kaczyński, quien se ve como un demócrata pleno, frente a los críticos, incluida la Unión Europea, que denunciaron que se estaba violando la división de poderes con sus intervenciones en las instituciones judiciales. A Kaczyński le movía, y le mueve aún porque aspira a que el pis vuelva al poder en 2027, el ansia de poder y su afán por implantar un modelo ultraconservador. También sueña con vengarse de los herederos de la Mesa Redonda y, sobre todo, de su enemigo acérrimo y antagonista legendario, Donald Tusk, ahora primer ministro.
Ziobro y el asalto al poder judicial
El ejecutor de la transformación del poder judicial en Polonia fue Zbigniew Ziobro, que ya empezó su batalla en el primer gobierno del pis (2005-2007). Ocho años después, el pis regresa al poder y Ziobro asume de nuevo la cartera de Justicia. Kaczyński ya dejó claro en la campaña cuál era su objetivo: renovar el poder judicial y purificarlo de los vestigios comunistas. El bloque gobernante cuenta con suficientes apoyos para modificar las leyes, y además en las presidenciales de 2015, contra pronóstico, ha ganado el candidato del pis, Andrzej Duda.
“Ziobro es implacable. El electorado de derechas no confía en el colectivo de los jueces. Lo ve como un semillero de patologías, injusticias, amiguismos, y lo más importante, de un pasado de la República Popular de Polonia que no ha sido juzgado. Considera que en los tribunales siguen dictando sentencia jueces de la época de la ley marcial, con una mentalidad que contagia a las sucesivas generaciones de jueces”, escribía en 2019 Tomasz Pietryga, experto en temas legales en el diario polaco Rzeczpospolita.
Guiados por esa concepción de que la política prima por encima del derecho, libraron la batalla contra el Constitucional. Es cierto que el primer paso lo dio Plataforma Cívica al final de su primera legislatura. Nombraron por adelantado cinco jueces del Constitucional, y no tres como correspondía. Era una forma de establecer límites al pis y bloquear su tendencia autoritaria. Pero al llegar al poder, el pis revocó todos los nombramientos, y fue más allá. Tampoco reconoció a los jueces de trayectoria intachable. En un año ya había logrado que la mayoría del Constitucional fuera afín a sus postulados.
El objetivo era neutralizar al Constitucional para evitar que frenara sus reformas. Kaczyński quería eliminar obstáculos. Contaba con mayoría parlamentaria y un presidente afín, pero un Constitucional díscolo le plantearía problemas. El precio fue muy alto porque la Corte perdió prestigio entre la opinión pública polaca, los expertos jurídicos y en la escena internacional. Acabó perdiendo su sentido.
Aún hoy, ya al final de la legislatura liderada por Donald Tusk, no se ha restablecido este daño. El gobierno de Tusk, una alianza con partidos de izquierda y centroderecha, ha sido incapaz de sortear los frenos impuestos desde la presidencia, primero por Duda, y desde el verano de 2025 por Karol Nawrocki.
Ziobro (a la orden de Kaczyński) también apuntó hacia el Consejo Nacional del Poder Judicial (krs) y el Tribunal Supremo, donde se impusieron jubilaciones anticipadas, al igual que ha hecho ahora Magyar en Hungría. Además, en los tribunales ordinarios destituyó a doscientos presidentes y vicepresidentes. En el Consejo Nacional del Poder Judicial aprovechó el descontento de la generación más joven, que se veía excluida de los niveles superiores. Dio poder a la asociación Iustitia, la más radical. Y poco a poco emprendieron el plan de cambio de las élites con el ascenso de los llamados neojueces. Pero Ziobro pisó demasiado el acelerador y los juristas clásicos se colocaron enfrente. Quedaba claro que estaba politizando el poder judicial, no democratizándolo. Aquello era una violación del Estado de derecho a cámara lenta.
También lo vio así la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la ue puso en cuestión el procedimiento político de elección del Consejo Nacional del Poder Judicial (aunque en Polonia se esgrimía que es el mismo sistema que en España, por ejemplo). Sobre el Constitucional, la Corte de la ue estableció por primera vez que no se atenía “a los estándares legales” por las documentadas irregularidades en la forma de designar a los jueces. Y además la Comisión Europea consideró que no se trataba de una disputa interna polaca, sino que planteaba un desafío a la autoridad legal de la ue. El pis se defendió con el argumento de que se trataba de la identidad constitucional del país, pero esta tesis fue rechazada, ya que al aprobar los Tratados de la ue, Polonia también aceptó las obligaciones legales que conllevaban.
La sentencia llegó en un momento de transición política en Polonia. Tras ocho años bajo el mandato del partido nacionalista Ley y Justicia, los votantes propiciaron un cambio radical a finales de 2023. El pis, a pesar de los temores, aceptó la derrota. Un nuevo gobierno de coalición proeuropeo asumió el poder, con la promesa de restablecer el Estado de derecho, reparar las relaciones con la ue y desbloquear miles de millones de euros en fondos comunitarios congelados. El gobierno de Donald Tusk aceptó formalmente las denuncias de la Comisión, una medida inusual en los procedimientos de infracción de la ue y una clara ruptura con el enfoque conflictivo de su predecesor. Pronto los fondos se descongelaron con la promesa de cambios, luego no cumplida, de Tusk.
Sin embargo, el proceso de desmantelamiento del sistema creado por los nacionalistas del pis se topó con el veto del presidente Duda. Tusk confiaba que acabarían los problemas si vencía su candidato, Rafał Trzaskowski, en las presidenciales. Pero no lo logró por escaso margen. Con Karol Narwocki el choque seguía vigente. Por ello cambió al ministro de Justicia para nombrar a Waldemar Żurek, mucho más confrontacional que su predecesor, Adam Bodnar. Prueba de su afán combativo fue que la fiscalía anunció en octubre de 2025 que presentaba cargos contra el exministro Ziobro por apropiación indebida de fondos. Ziobro huyó a Hungría, donde Orbán le dio refugio. Tras la derrota de Orbán, se dirigió a Estados Unidos. Żurek no descarta que, si vuelve el pis al poder, traten de encarcelarle. “Tengo cero tolerancia para los criminales. Incluso aunque eso me lleve a ser víctima de represalias”, dijo el ministro de Justicia a Associated Press.
Żurek está buscando fórmulas para acabar con la guerra interna polaca, con el fin de reformar el sistema judicial. Pero necesita la colaboración del presidente Nawrocki, que se ha convertido en una figura clave, dada la división actual de la derecha polaca. El pis acaba de escindirse, con la salida de Mateusz Morawiecki, que el 15 de octubre funda su nuevo partido. Y a su derecha pujan Confederación y el antisemita Grzegorz Braun.
Orbán y el iliberalismo húngaro
En Hungría, Viktor Orbán puso en práctica el ideal de Jarosław Kaczyński. Orbán lo llamaba iliberalismo. En el plano teórico el presidente del nacionalista Ley y Justicia fue el referente, pero Orbán lo hizo posible antes. Tuvo una primera etapa como primer ministro entre 1998 y 2002. Entonces todavía creía en el liberalismo, pero le costó volver al poder. Lo hizo en 2010 y se mantuvo durante cuatro elecciones consecutivas. Dieciséis años en los que desmontó el Estado de derecho en Hungría. Pudo hacerlo porque en los dos últimos mandatos contó con la mayoría constitucional (dos tercios).
Dinamitó la división de poderes, persiguió a ong y a instituciones educativas liberales, y acabó prácticamente con la libertad de prensa. En Polonia, sin embargo, los medios críticos sobrevivieron. El sistema que impuso Orbán favorecía la corrupción y el clientelismo. El que fuera líder del Fidesz apenas tenía patrimonio a su nombre, porque delegaba en su entorno, como su mejor amigo de la infancia, el millonario Lőrinc Mészáros. Llevó a Hungría a encabezar el ranking de corrupción de Transparencia Internacional.
En el Informe sobre el Estado de Derecho de Liberties de 2026, publicado poco antes de la derrota de Orbán, Hungría volvió a ser clasificada como “desmanteladora”. La Unión Europea denunció a Orbán, pero sin lograr ningún cambio real. Nunca llegó a presionar el llamado botón nuclear, es decir, el artículo 7, que permite suspender los derechos de un país miembro. Orbán utilizó hasta el final su voto para amenazar con bloquear decisiones clave. En la última parte de su mandato, su deriva prorrusa se acentuó y trató de vetar la ayuda a Ucrania.
Magyar, la enmienda 17 y el fin del sistema Orbán
En las elecciones legislativas del 12 de abril de 2026, Péter Magyar, líder de tisza, un partido de nueva creación, logró una victoria rotunda frente a Viktor Orbán. Todo el aparato de propaganda, sus redes clientelares, los tejemanejes corruptos, no pararon la ola de cambio que encabezó Magyar. Fue parte del sistema Orbán, exmarido de su ministra de Justicia y protegida, y por ello quizá supo detectar sus puntos débiles. Logró en el parlamento una mayoría superior a dos tercios, lo que le permite modificar la Constitución y aprobar las leyes cardinales, por las que se rigen las principales instituciones.
Magyar podrá desmontar el sistema creado por Orbán sin los obstáculos que se ha encontrado el polaco Donald Tusk. Ferenc Bíró, director de la nueva Oficina de Integridad, estima que el valor de los fondos nacionales robados durante los dieciséis años de gobierno de Orbán asciende a 160.000 millones de euros. Magyar sostiene que sus antecesores van a tener que rendir cuentas. Por eso, Orbán busca cómo garantizar su inmunidad.
La televisión estatal sorprendió este verano a los telespectadores con un mensaje que decía: “Los medios públicos no deberían mentir. Perdonen por haberlo hecho tanto tiempo.” Aquello era el anuncio de lo que estaba por venir. El 13 de julio, el parlamento húngaro aprobaba, en nombre del gobierno, la 17.ª enmienda a la Ley Fundamental de Hungría. Según la exposición de motivos, el objetivo principal de la enmienda es restablecer el Estado de derecho, y las medidas que contiene son de carácter transitorio. La enmienda ponía fin al mandato del actual presidente de la República, Tamás Sulyok. Magyar le considera un aliado fundamental de Orbán y le acusa de no impedir que se desmantelara el Estado de derecho. Sulyok estuvo al frente del Constitucional entre 2016 y 2024. Ha apelado a la Comisión de Venecia.
También se ha reintroducido una edad de jubilación obligatoria de setenta años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que obliga a dimitir a su presidente, de setenta años, que también es aliado de Orbán. Además, impone un límite de tres mandatos para los diputados, lo que, en la práctica, expulsará del parlamento en el futuro a los políticos del Fidesz con una larga trayectoria.
A más largo plazo, Magyar ha prometido una Constitución totalmente nueva, con una consulta pública este año, seguida de un referéndum. Sin embargo, afirma que estos primeros cambios son fundamentales para que Hungría funcione como una democracia constitucional.
Ahora Magyar ha de demostrar que no es un aprendiz de Orbán, y sabe autolimitarse. “Magyar pide perdón cuando comete errores. Orbán nunca lo hizo”, apunta el periodista húngaro Szabolcs Panyi. Aún se respira optimismo en las calles de Budapest.
En Polonia, el sistema cuenta con contrapesos, como la elección de presidente por sufragio universal, lo que lleva a la cohabitación actual. A su vez, Kaczyński ya no controla el bloque conservador porque han aparecido tres partidos fuertes. En Hungría, Magyar tiene todo el poder. ¿Es lo mejor para restablecer el Estado de derecho? ~
