A principios de marzo de 2021, estalló un escándalo entre los accionistas de Siglo XXI Editores, S. A. de C. V., por la conducta de Jaime Labastida, principal accionista y director.
En la prensa y las redes resonó el documento “Siglo XXI: respuesta a un atropello” firmado por más de treinta intelectuales, la mayoría accionistas. Siguieron declaraciones a la prensa y artículos en el mismo sentido de Javier Aranda Luna, Tatiana Coll, Elena Poniatowska, Iván Restrepo y otros.
Los minoritarios acusaron a Labastida, en primer lugar, de falta de transparencia. No estaban enterados de que tenía el 58.7% de las acciones ni de cómo las había acumulado.
Cabe señalar que el artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles las obliga a llevar un libro de socios, donde conste el nombre, domicilio y participación de cada uno, así como los cambios en la composición accionaria por transmisión de la propiedad de las acciones. Ahí debe constar cada transmisión: de cuántas acciones, entre quiénes, domiciliados dónde, en qué fecha. Y la transmisión no surtirá efecto respecto de terceros sino después de la inscripción en el libro de socios, que debe ser publicada en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. También establece que cualquier persona (socio o no) con interés legítimo comprobado tendrá la facultad de consultar el libro de socios.
El 19 de marzo, la asamblea general de accionistas, convocada para ratificar a Labastida como director y presentar al nuevo dueño del 58.7% de las acciones, fue suspendida porque la compraventa no constaba en el Registro Público de Comercio. Es posible que la serie de compras de Labastida con las que fue acumulando el 58.7% tampoco consten, lo que permitiría una acción legal en su contra.
Lo acusaron, además, de vender sus acciones a una empresa de Chihuahua desconocida en el mundo del libro: Merkcent Consulting and Funding, S. A. de C. V.
Pero no es desconocida solo en ese mundo: es ampliamente desconocida. No aparece en Google, fuera de la compra de Siglo XXI. Si en vez de buscar la razón social completa se busca únicamente Merkcent, aparece una página, creada en 2021, donde se presenta a sí misma (https://merkcent.com): “Merkcent nace en 2017”. “Nos especializamos en gestión empresarial, finanzas corporativas y gestión jurídica.”
Por último, lo acusaron de vender su participación en siete millones de dólares: un “botín personal”, “acto infame” y “traición” al legado histórico de la editorial. Elena Poniatowska lo calificó de Judas.
Siglo XXI nació como respuesta de la sociedad civil al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que en 1965 despidió a Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica, por un libro que publicó en octubre de 1964 y se agotó en semanas: Los hijos de Sánchez del antropólogo Oscar Lewis. Era el testimonio de cómo vivía una familia pobre al margen del paraíso que supuestamente era el país. El 9 de febrero de 1965, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística declaró el libro obsceno y denigrante, una difamación de México perpetrada por dos extranjeros: el norteamericano Lewis y el argentino Orfila. Procedió a demandarlos, pero la Procuraduría General de la República no encontró elementos legales para proceder en su contra, y el presidente optó por el simple despido laboral.
La ridícula acusación pasaba por alto lo que Orfila, como director del Fondo, había dado al país en libros y prestigio internacional, desde 1948.
Fue inusitado. Por entonces, el presidencialismo sujetaba los grandes medios (televisión, radio, cine y periódicos) al visto bueno de la presidencia. Pero dejaba en libertad los medios de escaso público (libros, teatro y bellas artes).
También fue inusitada la respuesta social, encabezada por Fernando Benítez, que convocó a ponerle casa editorial aparte a Orfila; por Elena Poniatowska, que prestó una casa para eso; y de cientos de autores y lectores que compraron acciones de $1,000 cada una.
Eso explica una singularidad de Siglo XXI. Fuera de la Bolsa, lo común es que las empresas mexicanas tengan un solo dueño. En las sociedades anónimas, la ley obliga a que tengan cuando menos dos. Pero es insólito que tengan cientos, como Siglo XXI.
Si el 58.7% de las acciones vale 7 millones de dólares, el 100% vale casi 12, algo difícil de creer. Los activos de una editorial están formados esencialmente de las cuentas por cobrar (si son cobrables), los inventarios (si son vendibles) y el inmueble (si es propio). Restando el pasivo: las cuentas por pagar a los proveedores, las regalías por pagar a los autores y los créditos de bancos y otros acreedores, queda el capital social. Es dudoso que el de Siglo XXI valga 12 millones de dólares.
¿Por qué Merkcent paga unos 150 millones de pesos difícilmente recuperables con la edición y venta de libros? Más aún, si no tiene experiencia editorial.
¿Qué gana Siglo XXI con la compraventa? Nada, porque el dinero no entró a la editorial, sino a los bolsillos de Labastida. Para que el dinero entrara a Siglo XXI, el vendedor de las acciones debería ser Siglo XXI, emitiendo nuevas para un aumento de capital.
¿Y qué gana Merkcent con aportar millones que no entran a la empresa, sino que se van con el accionista que se va? Más aún, frente a la “oposición abierta y constante” de sus consocios, anunciada en el documento de protesta y que ya entró en acción descarrilando la asamblea.
¿Qué ganan los accionistas minoritarios? Menos que nada: pierden. El valor de sus acciones era ante todo simbólico. Representaba la continuidad con el acto fundador de la casa. Labastida los despoja de ese significado. No es lo mismo ser partícipes de un legado de dignidad intelectual que consocios de una empresa fantasma que busca legitimarse. ~
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.
