Inteligencia artificial, corrupción, política de drogas, crisis climática. Estos son algunos de los temas pendientes en la agenda de políticas públicas en México. Sin embargo, para hacer un análisis de las mismas se debe tomar en cuenta una variedad de factores. Para empezar, la existencia de una ley, programa o estrategia nacional no implica que una política pública sea una realidad. Sin presupuesto, seguimiento en la implementación, instituciones y personal capacitado, las políticas públicas se convierten en letra muerta. Por otro lado, para hablar de pendientes no solo es necesario hacer un recuento de la regulación actual, de los presupuestos y desempeños, sino también de problemas inéditos en ámbitos conocidos –la inseguridad, la impunidad y la corrupción en el país, por ejemplo– que exigen la adaptación o generación de políticas nuevas. De frente al proceso electoral que tendrá lugar este año en México, conviene poner en primer plano algunas políticas públicas que ya resulta urgente atender.
Inteligencia artificial
El 2023 fue considerado por muchos como el año de la inteligencia artificial, debido a los avances y el desarrollo que se dieron en los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, como el caso de ChatGPT. Estados Unidos y la Unión Europea fueron las primeras jurisdicciones en generar regulación sobre el asunto. Aunque falta ver cómo se implementan y desarrollan estas dos políticas públicas (Estados Unidos está en proceso de legislar debido a la orden ejecutiva que emitió Biden en octubre de 2023), haciendo un análisis de ambas iniciativas se puede observar una tendencia a regular a partir del riesgo que los tipos y usos de IA implican para el sector. Por ejemplo, en el sistema de salud, existe el peligro de diagnosticar mal enfermedades en ciertos grupos poblacionales debido al sesgo que estas tecnologías tienen al momento de entrenarse. Otro caso es la regulación que se incluyó en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea que prohíbe el uso de IA por parte de la policía, a menos que venga acompañada de una orden judicial. Aunque podría parecer que una regulación mexicana sobre este rubro es innecesaria, este año veremos el impacto que los sistemas de este tipo tendrán sobre las elecciones y en materia de desinformación. Dada la complejidad del tema y la mala regulación que se puede hacer al respecto, es importante empezar mesas de diálogo con especialistas. El análisis de los distintos usos que se pueden hacer de esta tecnología es un tema que, tarde o temprano, necesitamos debatir en el país.
Crisis climática
Si algo nos dejó claro el huracán Otis es la importancia de crear e implementar políticas públicas para hacer frente a las consecuencias de la crisis climática. Aunque en el país existe una Ley General de Cambio Climático que establece líneas de acción para la mitigación y adaptación ante el calentamiento global, el presupuesto que se asigna al rubro deja en evidencia lo mucho que falta para implementar de verdad una política de esta importancia. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, más de la mitad de los recursos aprobados para enfrentar el cambio climático (anexo 16 del PEF) se destinarán al Tren Maya (53% de los 230 millones de pesos asignados). Aunque se podría alegar que los recursos para el desarrollo de esta “megaobra” contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la destrucción medioambiental que trajo consigo el Tren Maya, así como la limitada reducción de los GEI, va en contra de los objetivos establecidos por la ley. Hacer frente al cambio climático requerirá de una gran cantidad de dinero, tanto internacional como federal y local. Presumir una política nacional de cambio climático sin otorgarle recursos es condenar a gran parte de la población a sufrir las consecuencias de la crisis climática, como será el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Por otro lado, el no invertir dichos recursos en políticas de prevención, mitigación y adaptación nos dejará expuestos a nuevas tragedias como la que observamos en Acapulco.
Impunidad y corrupción
La impunidad y la corrupción fueron dos de los temas centrales en las pasadas elecciones. Aunque el actual gobierno dijo que priorizaría su combate, el desarrollo y la implementación de políticas públicas para tal efecto dejaron mucho que desear. Es cierto que la inseguridad y la violencia que se viven en el país obedecen a múltiples causas; sin embargo, no se puede dejar de lado el círculo vicioso que se origina cuando las instituciones de seguridad y justicia no asignan responsabilidades ante la diversidad de delitos. Para poner un ejemplo, de acuerdo con Impunidad Cero, durante la actual administración la impunidad acumulada en homicidio doloso fue del 92.8%. Si bien la responsabilidad de hacer frente a la impunidad y a la corrupción es competencia de los tres órdenes de gobierno, es importante analizar algunas las políticas públicas que deberá atender la próxima administración federal.
Crisis forense
De acuerdo con el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, en México hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, muchas de las cuales yacen en fosas comunes. Esto se debe a la falta de personal capacitado (alrededor de 2 mil 600 especialistas en todo el territorio nacional), así como a la asignación de presupuesto para este rubro. Otra de las áreas pendientes es la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, tal cual lo mandata la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. La crisis forense no se limita a las personas desaparecidas, sino que también incide en la impunidad de los homicidios dolosos y los feminicidios. De ahí que una de las recomendaciones en materia de políticas públicas sea contar con un mayor número de peritos especializados que trabajen de la mano con analistas de información, policías de investigación y fiscales.
Protección a alertadores y denunciantes de actos de corrupción
Una de las grandes propuestas que hizo el actual gobierno para combatir la corrupción fue un sistema de ventanilla única para hacer denuncias por internet. Aunque, de acuerdo con la Política Nacional Anticorrupción, la mencionada ventanilla se integraría a la plataforma digital nacional, a la fecha no está en operación. Otro de los pendientes es que no se ha desarrollado una política para proteger a los denunciantes. El año pasado –en la décima sesión de los Estados miembros de la convención de la ONU contra la corrupción– se aprobó una resolución que ordena a los países firmantes (México incluido) desarrollar políticas públicas que protejan a los denunciantes y alertadores de actos de corrupción. El tema es de la mayor relevancia para el país y, sin embargo, sin adecuados sistemas que permitan la denuncia anónima, que garanticen medidas de protección eficaces, así como el acompañamiento legal necesario para proceder con la denuncia, esta política no podrá llevarse a cabo.
Un registro central de beneficiarios finales que sea público
Uno de los mayores retos al momento de investigar redes de corrupción y lavado de dinero es identificar a las personas que se benefician de estos esquemas. Debido a la facilidad con la que se puede crear una empresa fachada en nuestro país, a fin de esconder a los beneficiarios de distintos tipos de delitos financieros, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha recomendado crear un registro central de beneficiarios últimos que sea público. Varios países europeos cuentan con estos registros desde hace años y Estados Unidos está en proceso de elaborar el suyo. En México, el tema se ha relegado en la discusión y, aunque el SAT tiene el mandato de crear este registro, a la fecha no se ha hecho público. En vista de la importante labor de periodistas de investigación, sociedad civil y academia en la lucha contra la corrupción, sería deseable que este registro central de beneficiarios finales esté al alcance de las personas.
Conclusión
A cuatro meses de las elecciones, urge poner en el centro de la discusión temas como los mencionados en este artículo. Tal como afirmé al principio, los pendientes en la agenda de políticas públicas van más allá de que tengamos o no una regulación específica. La falta de presupuesto y de seguimiento a las políticas públicas existentes, así como la nula adecuación de los marcos normativos ante las problemáticas actuales, hace que la lista de rezagos crezca día con día. Convendría preguntar a los candidatos sus propuestas para atender estos problemas, así como las estrategias que plantean para darles seguimiento y que no se conviertan en letra muerta. ~
s maestra en relaciones internacionales
por la New York University y exbecaria Fulbright-García Robles,
actualmente estudia el doctorado en ciencias políticas en la Central
European University. De 2016 a 2022 fue directora ejecutiva de
Impunidad Cero.
