En 1967, cuando entrรฉ al Departamento de Economรญa de la Universidad de Pittsburgh, el decano me preguntรณ quรฉ curso optativo deseaba enseรฑar y le dije โeconomรญa de la seguridad socialโ. Me mirรณ extraรฑado y objetรณ: โยกQuiรฉn estรก interesado en eso!โ Medio siglo despuรฉs, nuestro presente le responde contundente.
Grecia fue sacudida, en el 2016, por manifestaciones y protestas multitudinarias de empleados urbanos y campesinos contra un proyecto de ley del partido de izquierda Syriza, el cual incrementaba las cotizaciones y reducรญa las pensiones de previsiรณn social para evitar la bancarrota del sistema. Los griegos levantaron barricadas en calles y puertos, y organizaron una huelga general. La ley, finalmente, fue aprobada, lo que le costรณ al primer ministro, Alexis Tsipras, su desgaste polรญtico.
En 2008, durante su primer mandato, la presidenta de Chile Michelle Bachelet logrรณ lo que parecรญa imposible: reformar la reforma que privatizรณ el sistema de pensiones en tiempos de la dictadura de Pinochet. Dicho sistema se habรญa convertido en โgloria nacionalโ, fue apoyado por los organismos financieros internacionales y se extendiรณ por Amรฉrica Latina y Europa Oriental. Aunque la re-reforma introdujo mejoras notables, subsistieron algunos problemas. Por ello, en su segundo mandato, Bachelet nombrรณ una comisiรณn de expertos (incluyรฉndome) que, tras un aรฑo de estudio, en 2015, aprobรณ por mayorรญa 56 recomendaciones para corregir las fallas pendientes.
Debilitada, sin embargo, por un escรกndalo de corrupciรณn, la presidenta tuvo que cambiar al ministro de Hacienda, quien era el promotor de las reformas adicionales. Por su parte, el nuevo ministro no estaba intere- sado en apoyar los cambios y estos se quedaron en el limbo. Sulfurados por ese aรฑo de inercia, un millรณn de chilenos se lanzaron a la calle protestando contra las administradoras privadas (AFP) y demandando mejores pensiones. Bachelet intentรณ, al final de su periodo, que se aprobaran algunas de las reformas necesarias, como la creaciรณn de una AFP pรบblica y el aumento de las cotizaciones de los empleadores. No tuvo รฉxito.
Y ahora mismo, en Nicaragua, estรก ocurriendo una rebeliรณn sangrienta. Durante decenios se vaticinรณ (yo tambiรฉn lo hice) la bancarrota del sistema de seguridad social de ese paรญs. Sin embargo, en el segundo mandato de Daniel Ortega se agregรณ una pensiรณn anticipada, el fondo se invirtiรณ en bienes raรญces ilรญquidos y se dispararon los gastos administrativos. Esto provocรณ un dรฉficit creciente, ante lo cual el presidente aprobรณ, sin debate previo, una ley de reforma para postergar la quiebra: aumentรณ en 7% las cotizaciones, que ya eran de las mรกs altas en Amรฉrica Latina, y redujo las pensiones en 5%.
El pueblo respondiรณ con manifestaciones masivas, bloqueos al trรกfico y reclamos de aboliciรณn de la ley. Los empresarios que habรญan estado en contubernio con los gobernantes rompieron el pacto y se unieron a la protesta. Un amedrentado Ortega suspendiรณ la reforma pero ya era tarde, el asunto se habรญa convertido en una rebeliรณn contra su mandato de once aรฑos, su concentraciรณn del poder y la corrupciรณn rampante. La respuesta del gobierno fue violenta: hay alrededor de doscientas personas muertas, mil heridas y otras miles encarceladas. No dio resultado el intento de diรกlogo por medio de la Iglesia. El 14 de junio se efectuรณ una huelga general de veinticuatro horas que paralizรณ el paรญs. Los dรญas siguientes serรกn cruciales debido a que tres organismos presentarรกn informes al respecto, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la OEA y la CIDH.
ยฟCuรกles son las causas de estas rebeliones? Los sistemas pรบblicos de seguridad social enfrentan graves retos, como la concesiรณn de prestaciones nuevas sin el financiamiento requerido, la inversiรณn inadecuada de los fondos, la maduraciรณn de los programas de pensiones y el proceso de envejecimiento demogrรกfico. En el futuro, habrรก menos trabajadores activos que financien al nรบmero creciente de jubilados, quienes desde hace tiempo viven mรกs y cobran su pensiรณn durante mรกs aรฑos; a la vez, sufren enfermedades crรณnicas y terminales que encarecen su atenciรณn sanitaria.
Los sistemas privados de cuentas individuales tampoco estรกn exentos de problemas, prueba de ello es su alto costo administrativo, las jugosas ganancias de las AFP y los reclamos por pensiones inferiores a las prometidas. Los asegurados, ademรกs, no estรกn protegidos ante el envejecimiento: o bien se reducen sus pensiones o aumentan sus contribuciones, aunque supuestamente hayan sido โdefinidasโ de forma previa.
En los Estados Unidos, el consejo de asesores de la seguridad social acaba de estimar que el fondo sanitario se extinguirรก en 2026 โtres aรฑos antes de lo pronosticado en 2017โ y el fondo de pensiones para la vejez lo harรก un aรฑo antes. Ante ello, Donald Trump vende la ilusiรณn de que la ley de reforma tributaria resultarรก en un incremento de las contribuciones (muchos republicanos sueรฑan con la privatizaciรณn de estos servicios). Pero ya lo ha desmentido el consejo de asesores. Sesenta millones de personas serรกn perjudicadas si no se negocia una reforma.
Argentina y Francia han propuesto una reforma provisional.
Brasil y Colombia aceptan que necesitan cambios.
Segรบn el Banco de Espaรฑa, para 2050, el costo de las pensiones subirรก un 3.5% del PIB. El BBVA pronostica que la tasa de dependencia en ese paรญs serรก la mayor de Europa, a razรณn de 78 adultos mayores por cada cien trabajadores activos.
ยฟCaldo de cultivo para otras rebeliones? ~
es catedrรกtico distinguido emรฉrito de economรญa y estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y especialista en seguridad social. En 2007 recibiรณ el Premio de la OIT al Trabajo Decente (compartido con Nelson Mandela) por su labor en pro de la protecciรณn social en el mundo.
