Todo ejercicio duradero del poder descansa sobre un pacto social, aunque casi nunca esté expresado de forma explícita. Los gobiernos llegan al poder a través de una oferta concreta a la sociedad y obtienen a cambio legitimidad, apoyo político y margen para gobernar. Ese pacto rara vez coincide plenamente con lo que dicen las constituciones, los estatutos de los partidos y los programas de gobierno. En la práctica, se revela en las prioridades reales de los gobiernos, implícitas en sus discursos y acciones.

En las democracias que funcionan adecuadamente las elecciones operan como un mecanismo de validación o rechazo de estos pactos. Un gobierno que incumple aspectos centrales de ese acuerdo se arriesga a perder el apoyo popular y –eventualmente– el poder. Cuando una sociedad percibe que el arreglo previo dejó de funcionar surgen espacios para liderazgos que prometen redefinir las reglas del juego.

Los pactos impulsados por Nayib Bukele en El Salvador y por Andrés Manuel López Obrador en México responden a esa lógica. Son proyectos opuestos en sus prioridades y políticas, pero ambos descansan sobre una combinación similar: amplios beneficios concretos para la población, fuerte legitimidad electoral y una progresiva concentración del poder político, acompañada de restricciones crecientes sobre derechos y contrapesos democráticos.

Tanto el presidente mexicano como el salvadoreño llegaron al poder en elecciones competitivas y asumieron el cargo con apenas seis meses de diferencia: AMLO en diciembre de 2018 y Bukele en junio de 2019. Desde entonces, sus respectivos países han registrado deterioros significativos en la calidad de la democracia. De acuerdo con el “Informe sobre la democracia 2025” del Instituto V-Dem¹ entre 2018 y 2024 El Salvador cayó del lugar 95 al 153 entre los 179 países considerados, ubicándose en el quintil más bajo de la distribución. En ese mismo periodo, México pasó del lugar 90 al 122, una caída de 32 puestos que lo ubica en el tercio más bajo a nivel global.

El Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU) describe una trayectoria similar.² Mientras El Salvador registró un deterioro más severo entre 2018 y 2024 (de 6.15 a 4.92 en una escala de 10), México también experimentó una caída, pero más moderada (de 6.19 a 5.32). En cualquier caso, los dos países son ya clasificados por la EIU como regímenes híbridos. Para poner ambos movimientos en contexto, es importante considerar que en ese mismo periodo se produjo una caída en el promedio del índice a nivel mundial (de 5.48 en 2018 a 5.17 en 2024).

En El Salvador, Bukele fue reelecto el 4 de febrero de 2024 con el 84.65% de los votos válidos y con una participación de 53% del electorado. En el caso de México, no hay reelección presidencial desde 1928. AMLO promovió como su sucesora a Claudia Sheinbaum, apalancándose en el pacto social construido durante su sexenio, el cual se vio refrendado por su victoria el 2 de junio de ese mismo año con el 59.75% de los votos y una participación de 61% del electorado. En ambos casos, los mandatarios lograron las mayorías necesarias para modificar el marco constitucional.

Ambos triunfos tienen cuestionamientos constitucionales. Bukele se reeligió a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía, gracias a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por cinco magistrados nombrados por una Asamblea Legislativa controlada por su partido, luego de la destitución exprés de los magistrados anteriores el 1 de mayo de 2021. Esa resolución habilitó su candidatura para un segundo mandato consecutivo. Morena y sus aliados, por su parte, obtuvieron la mayoría calificada para reformar la Constitución gracias a su control del Tribunal Electoral. Ese control se mantuvo al bloquear la renovación de magistrados que la Constitución mandaba realizar, pero cuyas ternas debían ser propuestas por una Suprema Corte que no controlaban. El resultado fue una sobrerrepresentación legislativa superior a la permitida por el propio texto constitucional.

En el caso de El Salvador, el pacto propuesto por Bukele está fuertemente anclado en restaurar la seguridad ciudadana en un país que tenía uno de los índices más altos de criminalidad a nivel mundial. En su actual mandato Bukele propone mejoras significativas en las políticas de salud y educación pública, apoyadas con un mayor gasto público en estos rubros, y un mejor entorno para la inversión privada y el crecimiento económico. En contraste, el gobierno está buscando reformar el sistema de pensiones e introducir un componente de ahorro privado y responsabilidad individual cada vez mayor –para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo– y tiene una política de transferencias sociales muy limitada, concentrada en apoyos a la pobreza extrema y ciertos territorios específicos.

La idea rectora de este pacto es que el gobierno provee seguridad, bienes públicos (en especial infraestructura, salud y educación) y la creación de empleo formal que se deriva del crecimiento económico. En ese contexto, el ciudadano se hace responsable por la generación de sus ingresos y se está buscando reformar el sistema de pensiones para que incluso se haga cargo de una parte importante de su pensión.

En México, los fundamentos del pacto propuesto por AMLO y refrendado por Claudia Sheinbaum son sustancialmente distintos a los de Bukele. La redistribución del ingreso y la narrativa de justicia social ocupan un lugar central, materializadas en dos transformaciones clave. Primero, hubo en el sexenio de AMLO una recuperación significativa del salario real, impulsada por aumentos sostenidos del salario mínimo –que venía muy rezagado en términos de poder adquisitivo durante décadas– y por reformas orientadas a ampliar los derechos laborales, como la limitación al outsourcing, la ampliación de vacaciones y la reducción de la jornada laboral. Segundo, la transición desde un sistema de transferencias condicionadas –en el que México fue referente global– hacia un esquema de transferencias universales, que amplía cobertura y simplifica su operación, pero reduce la focalización y los incentivos asociados a la acumulación de capital humano. En estos dos ámbitos se produjeron los logros más importantes del sexenio de AMLO. Esta estrategia ha sido sostenida por Sheinbaum.

Más allá de sus efectos distributivos, este diseño también reconfigura la relación entre el Estado y los ciudadanos. Al privilegiar transferencias directas –si bien son universales y en principio todos tienen derecho a ellas– el mecanismo de reparto debilita el papel de los intermediarios como organizaciones sociales, gobiernos subnacionales y burocracias técnicas, fortaleciendo un vínculo más directo e inmediato entre el ejecutivo y amplios segmentos de la población. Esta arquitectura tiene ventajas en términos de rapidez y visibilidad, pero también concentra poder político y erosiona los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas. Los encargados de distribuir estas transferencias –los Servidores de la Nación– pasaron de ser promotores y defensores del voto de Morena a trabajar para la Secretaría del Bienestar, que está a cargo de todos estos programas. Esto permite vincular a los programas con el voto en favor de Morena. Como parte de esta estrategia Ariadna Montiel, quien fuera la secretaria del Bienestar con AMLO y en los primeros dieciocho meses de Sheinbaum, fue nombrada presidenta de Morena el 3 de mayo de 2026.

A diferencia del caso salvadoreño, este pacto asigna un menor peso relativo a la seguridad ciudadana. La consigna de “abrazos, no balazos” sintetiza la visión en la materia y llevó a una fuerte penetración del crimen organizado en varios gobiernos locales, hasta niveles nunca antes vistos  en México. El caso más emblemático es el de Sinaloa, donde se supo desde la elección de 2021 que el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, contaba con el apoyo y recursos del crimen organizado. El gobierno luego pagaría estos “servicios” con protección e impunidad. La penetración del crimen en el sistema de aguas de riego lo muestra en una de sus dimensiones más perversas. La solicitud por parte del gobierno de Estados Unidos de detención para fines de extradición de Rubén Rocha y nueve de sus allegados le dio una dimensión pública a algo conocido, que hasta ese entonces no había tenido mayor consecuencia.

Este modelo asume el costo de un menor crecimiento económico, no solo en el corto plazo, sino en el mediano. En el corto plazo, para poder ampliar las transferencias, se redujo el gasto público en muchos otros rubros. La inversión pública pasó del 2.6% del PIB en 2018 al 2.2% en 2025, después de un pico en 2024 del 3.1%. Más allá de su magnitud, las principales obras impulsadas durante el sexenio de AMLO, si bien pudieron haber respondido a múltiples objetivos –políticos, territoriales y de integración–, en ningún caso estuvieron orientadas a ampliar la capacidad productiva del país.

El gasto en salud y educación está estancado, por más que se ha ampliado nominalmente el derecho a la salud. En El Salvador, el gobierno ha apostado por expandir la cobertura y mejorar la provisión de servicios mediante inversión pública y el uso intensivo de tecnología –incluyendo iniciativas como DoctorSV y alianzas con plataformas digitales– con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa del sistema. En México, en cambio, el énfasis redistributivo del pacto se ha canalizado principalmente a través de transferencias directas, mientras que el gasto público en salud perdió dinamismo relativo durante el sexenio.

La estrategia del gobierno de México tiene implicaciones claras. Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud aumentó un 41.4%, mientras que los gastos catastróficos crecieron un 64.5%. La lógica del pacto es muy práctica: estos eventos afectan a una proporción relativamente acotada de la población, mientras que el aumento del ingreso disponible –impulsado por salarios y transferencias– permitió mejoras en el bienestar material de amplios segmentos, particularmente en los primeros nueve deciles de ingreso.³

Esta gráfica permite ver el problema desde otro ángulo. Los mexicanos que se enferman crecientemente utilizan servicios privados de salud. Un gobierno con retórica estatista en la práctica ha privatizado los servicios de salud.

Las diferentes prioridades hacen espejo en los resultados de ambos arreglos. En materia de seguridad para 2018, El Salvador tenía 53.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Al cierre de 2024 esa estadística se situaba en 1.9, la más baja del continente americano por debajo de Estados Unidos (5.8) y al nivel de Canadá (1.9). Dado que para el momento de la llegada de Bukele (2019) la tasa de homicidios y otros crímenes venía en tendencia decreciente desde su pico en 2015 (107.6, considerado el país más peligroso del planeta), es necesario hacer un ejercicio estadístico para determinar el impacto incremental de sus intervenciones. Una investigación reciente a nivel de distritos del país estima el impacto incremental (por encima de la tendencia preexistente) en caídas del 42% para homicidios y del 62% en violaciones.⁴

Estos impactos están concentrados a partir de marzo de 2022, luego de que el país experimentara el episodio más violento y letal en treinta años: 87 asesinatos en tres días, incluyendo 62 solo el 26 de marzo. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No. 333, declarando un Régimen de Excepción en virtud del artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador (1983). Este decreto suspendió derechos constitucionales esenciales, incluidos la libertad de asociación, el derecho a la defensa legal en caso de detención y las garantías de habeas corpus. Asimismo, facultó a las autoridades para desplegar a la policía y al ejército en áreas controladas por pandillas. En los nueve meses siguientes, la población carcelaria de El Salvador aumentó de 40,600 a 93,200, un incremento del 130% que representa uno de los episodios de encarcelamiento masivo más grandes que hayan sido documentados. Los criminales más peligrosos –algo menos de 15,000– se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un complejo de 23 hectáreas de edificios de reclusión rodeado por 140 hectáreas de perímetro de seguridad supervisado por el gobierno, lo que lo convierte en el centro penitenciario de máxima seguridad más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Aunque originalmente se decretó por treinta días, el Régimen de Excepción ha sido prorrogado de manera continua desde su implementación, con lo cual los derechos de los salvadoreños se encuentran expresamente limitados.

En contraste, si bien en México las tasas de homicidios experimentaron una desaceleración entre 2018 y 2024, pasando de 29.4 a 24.9 por cada 100,000 habitantes, se mantienen en niveles muy altos, razón por la cual el sexenio de AMLO rompió récord en el número total de homicidios para una presidencia: 199,621 –frente a los 156,066 del gobierno de Peña Nieto y los 120,463 de Calderón (cifras del Inegi)–. México se encontró durante todo el sexenio pasado entre los diez países con mayor tasa de homicidios a nivel mundial.⁵  Para 2024, siete de las diez ciudades más violentas del mundo se encontraban en territorio mexicano (Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana, Ciudad Obregón, Celaya y Zamora), de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Los homicidios han caído de forma significativa con el gobierno de Sheinbaum, pero la percepción sobre la inseguridad ha aumentado, dada la expansión del crimen organizado en muchas localidades.

En términos de crecimiento las diferencias también son muy significativas. En el período de 2018 a 2025 –incluyendo la caída por la pandemia y la recuperación posterior– El Salvador creció a un ritmo promedio de un 2.3% por habitante, con lo cual su ingreso por habitante creció un 19.9%. En el caso de México, la tasa de crecimiento por habitante promedio en ese mismo periodo fue de un 0.1%, con lo cual el ingreso por habitante creció apenas un 1.1% en ese mismo periodo. A este ritmo, a El Salvador le tomaría treinta años duplicar su ingreso por habitante, mientras que en el caso de México serían 520 años.

El mayor énfasis en la justicia social y políticas de redistribución de AMLO también se refleja en los indicadores de desigualdad y pobreza. El coeficiente de Gini –medida universalmente aceptada para estimar la desigualdad de ingresos– de México cayó de 42.6 en 2018 a 39.1 en 2024 (ENIGH-Inegi), lo que representa una reducción significativa de la desigualdad. En este índice los progresos suelen ser más lentos. Otra manera más simple e ilustrativa de observar el efecto redistributivo es el hecho de que la participación del decil más alto en el ingreso nacional cayó de 36.4% en 2016 a 30.3% en 2024 (ENIGH), frente a aumentos significativos en los otros nueve deciles (entre 16% y 36% real entre 2018 y 2024). Mientras tanto, El Salvador ha sido un país menos desigual que México, pero entre 2018 y 2024 se registró un leve incremento de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, que pasó de 38.6 a 39.8.

Las tendencias son similares, con algunos matices, si analizamos la evolución de la pobreza. Si tomamos como base el indicador de pobreza del Banco Mundial que usa como referencia las líneas de pobreza adoptadas por cada país, en México se ha registrado una reducción significativa entre 2018 y 2024, pasando del 41.9% al 29.6% del total de la población. En contraste, El Salvador tiende a ser un país con menor pobreza relativa, pero entre 2018 y 2024 no se han registrado avances significativos (estable entre el 26% y el 27% de la población). Si tomamos como base el indicador de ingresos inferiores a 4.20 dólares por día ajustados por paridad del poder de compra –una medida más uniforme, comparable y también más extrema de pobreza– entre 2018 y 2024 en México la pobreza se redujo de 9.1% a 4.1%, mientras que en El Salvador se registran avances más moderados, cayendo de 10.2% a 8.6%.⁶

Conclusiones

Aunque los pactos sociales impulsados por Bukele y AMLO descansan sobre prioridades muy distintas, ambos reflejan una transformación política más profunda y cada vez más visible en América Latina: la creciente disposición de las sociedades a tolerar una mayor concentración del poder a cambio de resultados concretos en seguridad, bienestar o estabilidad material. Esta concentración del poder viene aparejada con diversos mecanismos para limitar el juego de la oposición y un control creciente del sistema judicial.

Las diferencias entre ambos modelos son, sin embargo, sustanciales. En El Salvador, el núcleo del pacto está anclado en la recuperación de la seguridad ciudadana, la expansión de bienes públicos y una apuesta por el crecimiento económico. En México, la legitimidad del proyecto descansa principalmente en la redistribución del ingreso, la recuperación salarial y las transferencias directas a los hogares. A pesar de esas diferencias, ambos proyectos mantienen niveles extraordinariamente altos de aprobación y respaldo electoral y han utilizado ese capital político para redefinir las reglas del juego institucional en favor del ejecutivo.

Estas diferencias en el pacto social subyacente y sus prioridades también tienen su espejo en los resultados. El Salvador logró una transformación radical en seguridad y una aceleración del crecimiento económico, aunque al costo de un deterioro más acelerado también en los derechos individuales y las garantías constitucionales México, en cambio, obtuvo mejoras distributivas relevantes – particularmente en salarios, desigualdad y pobreza – pero sin resolver los problemas estructurales de bajo crecimiento y violencia criminal creciente que arrastra desde hace décadas.

La comparación entre El Salvador y México es una abstracción cuyos límites son muy evidentes. El Salvador es un país pequeño (6 millones de habitantes en 21,041 km²) y relativamente homogéneo, en contraste con una federación continental profundamente desigual como México (130 millones de habitantes en un territorio de 1,964,375 km²). Dentro de ese diverso territorio coexisten lugares como la Ciudad de México (con un ingreso  per capita similar al de Italia), Nuevo León (semejante al de Grecia), Quintana Roo (Costa Rica), Michoacán (Argelia), y Chiapas (Bangladesh).⁷

De hecho, cualquier estado del sur mexicano probablemente sea una referencia comparativa más apropiada para contrastar a El Salvador, cuya estructura productiva está basada en pilares similares (textiles, agricultura, servicios y turismo) y comparten rasgos comunes como la alta informalidad, baja productividad y un pasado violento que ha dejado una herencia de debilidad institucional. Con todo, en términos de ingreso per capita ajustado por poder de compra, El Salvador se encuentra hoy en día por encima de los tres estados en rango aproximado de 40%-65%.⁸

La mayor diferencia de ingreso es precisamente con el estado más cercano, Chiapas. Paradójicamente, se trata también de uno de los estados de menor crecimiento económico –incluso después de recibir una parte importante de la inversión pública emblemática del gobierno federal, sobre todo en infraestructura ferroviaria– pero donde el pacto político construido alrededor de transferencias, salarios y redistribución quedó sólidamente refrendado con más del 74% de los votos obtenidos por la coalición que respaldó a Claudia Sheinbaum en la elección del 2024. Los pactos sociales contemporáneos en América Latina parecen estar premiando más la capacidad de los gobiernos para entregar resultados visibles y concretos para las mayorías que su apego a las reglas institucionales liberales. Ese es un escenario peligroso, porque además de la erosión a la democracia liberal, con frecuencia esa capacidad viene por cortesía de políticas difíciles de sostener en el mediano plazo, lo que a su vez provoca fuertes vaivenes políticos que acentúan la inestabilidad, atentan contra los propios resultados y alimentan un ciclo vicioso de promesas incumplidas y decepciones. Por eso es tan importante preservar la democracia como recuperar la funcionalidad de los gobiernos democráticos y su capacidad para responder de manera efectiva a las demandas de las mayorías y sus aspiraciones por elevar sus niveles de calidad de vida. ~

1. Varieties of Democracy Project (V-Dem), Liberal Democracy Index (LDI). Disponible AQUÍ. ↩︎
2. The Economist Intelligence Unit, Democracy Index. Disponible AQUÍ. ↩︎
3. “Situación del gasto en salud de los hogares en México: 2018 vs. 2024”. México Evalúa, Julio de 2025. Disponible AQUÍ. ↩︎
4. Santos, Murillo, Balmori, y Rodríguez (2026). “Crime Impacts of El Salvador’s crackdown policy”. Disponible AQUÍ. ↩︎
5. De acuerdo con la base de datos World Development Indicatorsdel Banco Mundial, México estaba clasificado como el noveno país más peligroso entre los 148 países que tienen estadísticas disponibles para 2018, y como número diez entre los 103 países que cuentan con datos al cierre de 2024. ↩︎
6. En el caso de El Salvador, esta última cifra corresponde a 2023, último dato disponible en la serie de World Development Indicators del Banco Mundial. ↩︎
7. Los ingresos en dólares ajustados por la paridad del poder de compra (PPP) de los que se derivan estas equivalencias vienen de World Development Indicators del Banco Mundial para países, y OECD Economic Surveys 2024 para el caso de estados de México (a su vez basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi). ↩︎
8. Idem. ~ ↩︎