La diversidad lingüística es una de nuestras principales características como país. España es plurilingüe. Se hablan varias lenguas y, al mismo tiempo, contamos con una lengua mayoritaria conocida por todos, el español. Las situaciones de diversidad son indudablemente más difíciles de manejar que aquellas donde predomina lo homogéneo y, quizás por ello, el tema de las lenguas nos incomoda y es motivo de sectarismos y enfrentamientos, también en democracia.
Al mismo tiempo, no hay duda de que, desde 1978, en la España democrática, el uso y el prestigio del catalán, el euskera y el gallego ha experimentado un enorme progreso. La ciudadanía, mayoritariamente, está a favor de los programas de apoyo y difusión de las lenguas cooficiales, tanto en las propias comunidades donde se hablan como en el resto del país.
Sin embargo, en el debate público los parámetros de discusión sobre las lenguas no están vinculados a la convivencia, el interés ciudadano y los derechos lingüísticos, como sería deseable. Las cosas no han ido del todo como se esperaba en 1978 y actualmente nos encontramos con que las lenguas nos dividen y son causa de virulentos enfrentamientos entre partidos políticos y también entre la propia ciudadanía.
El mal que nos aqueja es el de tener unas lenguas politizadas al servicio de intereses partidistas. La España democrática no ha logrado pacificar las lenguas y poner en valor la riqueza cultural que suponen, además de la necesidad democrática de respetar los derechos lingüísticos de todos. ¿Por qué las cosas no han ido por los caminos esperados?
Un buen punto de partida
En el campo lingüístico, la España democrática arranca en 1978 con el artículo 3 de la Constitución, un artículo justo y prometedor que parecía augurar un nuevo tiempo en el campo de las lenguas en España, dejando atrás las prohibiciones y uniformidades de la dictadura. Este es su redactado:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Reflejando sin duda el sentir colectivo del país en aquel momento, los constituyentes quisieron ser muy cuidadosos y generosos con las lenguas. Lógicamente, se quería compensar por el dolor causado durante la dictadura y se otorgó el máximo rango al catalán, al euskera y al gallego, el de lenguas cooficiales. Además, se realizó un explícito reconocimiento a la diversidad de lenguas en España como una riqueza cultural que debe respetarse y promoverse. Y, atendiendo también a la realidad sociolingüística del país, se declara el español como la lengua oficial en toda España y el derecho de toda la ciudadanía a usarlo.
En 1978 se hizo lo que se tenía que hacer, lo que era justo. Pero las cosas no han ido por lo derroteros esperados. Los gobiernos nacionalistas han estado todos ellos ocupados en proyectos de construcción identitaria a través, principalmente, de las lenguas cooficiales; han hecho un mal uso de las políticas lingüísticas.
Este mal uso ha tenido consecuencias aciagas para el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos de todos: gradualmente, los partidos políticos y parte de la ciudadanía han devenido acérrimos “defensores” unos de las lenguas minoritarias –el catalán, el euskera y el gallego– y del español, otros. Y así se han formado unas profundas trincheras donde algunos están muy radicalizados y no son capaces de ponerse en el lugar del otro, ignorando toda ecuanimidad y pasando por alto el necesario respeto a los derechos lingüísticos de todos.
¿Por qué no hemos podido llevar a cabo políticas lingüísticas realmente inclusivas y al servicio de la convivencia y los derechos lingüísticos de todos? La principal razón se encuentra en que hablamos de lenguas y es la lengua, precisamente, la base del nacionalismo, su rasgo definitorio. En España, los nacionalismos son nacionalismos lingüísticos. Si alguien lo dudara, solo hace falta mirar el mapa de España, y verá enseguida que allí donde se habla una lengua distinta del español, allí es donde surgen las pulsiones separatistas.
La construcción del otro español se asienta sobre la lengua que habla, una lengua que se quiere ajena al nosotros catalanohablante, vascohablante o gallegohablante. Por ello el tema de las lenguas ha devenido una cuestión de alto voltaje, donde estas están puestas al servicio de la ruptura y no al servicio de la convivencia, como sería deseable.
¿Qué es el Estado plurilingüe?
Frente a esta situación en la que nos encontramos en el campo lingüístico, debemos también preguntarnos por aquello que se ha realizado o no realizado por parte de los sucesivos gobiernos centrales y las instituciones y organismos estatales, los cuales también tienen una responsabilidad en el tema. ¿Cuál ha sido la actitud y actuación del Estado frente a la diversidad lingüística del país?
Para esclarecer esta cuestión, volvamos al artículo 3 de la Constitución, el cual ya hemos señalado como el punto de partida de los principios que rigen el régimen lingüístico de la democracia. A partir del artículo 3 se deriva una normativa estatal, no muy amplia pero tampoco pequeña, de acciones que las instituciones del gobierno y del Estado deben realizar en favor de las lenguas cooficiales y sus hablantes.
Algunos ejemplos son: las páginas web de los ministerios están en todas las lenguas oficiales, así como las webs de Renfe o Correos, además de la atención telefónica; los premios y subvenciones a creaciones culturales son para obras en todas las lenguas oficiales; el Instituto Cervantes imparte cursos en las cuatro lenguas oficiales; en el Senado se puede hablar en español, catalán, euskera y gallego; RTVE dispone de un circuito de televisión y radio en catalán y gallego. A ello se añade la llamada administración periférica del Estado en las comunidades bilingües, cuya acción lingüística está regulada y bien organizada desde inicios de 1990 para funcionar en castellano y en la lengua cooficial. La expedición de documentos es bilingüe: nuestros dni, carnets de conducir, libros de familia y títulos académicos son bilingües.
En mi experiencia, todas estas acciones mencionadas son muy poco conocidas. ¿A qué es debido este gran desconocimiento de las actuaciones plurilingües del Estado por parte de la ciudadanía?
La razón se encuentra, principalmente, en que los diferentes gobiernos centrales han optado siempre por la inhibición en este tema. El Estado no acaba de comprender el valor de todas las actuaciones que ya lleva a cabo en favor del catalán, el euskera y el gallego y cómo estas acciones son una muestra de respeto estatal a los derechos lingüísticos de todos los hablantes, acorde con el espíritu y la normativa sectorial que emana del artículo 3 de la Constitución.
Aquellos que vivimos en Cataluña podemos comparar nuestros dni bilingües emitidos por el ministerio del interior con nuestras tarjetas sanitarias monolingües, competencia de la Generalitat, una clara muestra de las diferentes posiciones por parte de una administración y de la otra. A pesar de esta diferencia en prácticas, desafortunadamente, los diferentes gobiernos centrales han optado siempre por el silencio, por no comunicar nada sobre las lenguas. Se limitan a reaccionar a las demandas y cuestiones que les plantean los gobiernos autonómicos. No hay reflexión ni elaboración de un discurso propio por parte del Estado sobre un tema tan importante para el país. En pocas palabras, no hay plan lingüístico estatal para abordar esta cuestión; solo hay actuaciones, como las que hemos señalado, que se tramitan de manera burocrática, ignorando el valor que tienen.
Necesitamos una ley de lenguas oficiales
Si no queremos que el nacionalismo lingüístico y sus prácticas a favor del monolingüismo duren eternamente en nuestro país, debemos pensar en iniciativas nuevas para intentar reorientar las cosas. Una iniciativa en esta dirección es la propuesta para una ley de lenguas oficiales y derechos lingüísticos, su nombre completo, que desarrollé en un libro publicado en marzo de 2019.
((Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo, Madrid, Deusto, 2019.
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La propuesta de una ley de lenguas es una hoja de ruta para que el Estado tome conciencia de la crucial importancia de este tema en nuestro país y se implique en su regulación y su gestión. Que devenga, gradualmente, un nuevo actor lingüístico en nuestro país, representando también a los hablantes del catalán, el euskera y el gallego. Desde un punto de vista legal, la ley de lenguas es una normativa estatal, que debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados, y cuyo objetivo legislativo es implementar una reforma lingüística en España. La ley de lenguas supondría la culminación del Estado plurilingüe organizado, instituyendo el pleno reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Además de ordenar y sistematizar las acciones plurilingües que ya se realizan también ampliaría su número y calado.
Algunos ejemplos de esta ampliación serían estos: todos los actos importantes y las ceremonias de Estado, los cuales ahora se llevan a cabo exclusivamente en castellano, incluirían también la presencia oral y escrita del catalán, el euskera y el gallego. Otra acción nueva consistiría en que los edificios estatales más emblemáticos de Madrid, que no son ni de la cam ni de la ciudad de Madrid, sino que son estatales y por tanto de todos, como el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Congreso o el Senado, tengan la rotulación exterior en forma cuatrilingüe. Por ejemplo, en el edificio del Senado el rótulo diría Senado, Senat, Senatuak, Senado.
Por otra parte, la ley de lenguas también aborda las problemáticas lingüísticas de las comunidades bilingües a través del establecimiento de unos derechos lingüísticos mínimos en toda España, siguiendo la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia autonómicos de la que disponemos sobre este tema.
La propuesta no regula las lenguas sino los derechos lingüísticos de sus hablantes como ciudadanas y ciudadanos españoles. Lo hace estableciendo unos derechos lingüísticos mínimos en toda España que permitan a la ciudadanía en las comunidades bilingües acceder a documentos administrativos también en castellano o, en el campo cultural, poder acceder a premios y subvenciones para la creación también en castellano, entre otras actuaciones.
La implementación de la ley de lenguas supondría una profunda mejora en el tratamiento del plurilingüismo en España. Permitiría subsanar el vacío histórico y simbólico que supone un Estado pasivo en materia lingüística en un país plurilingüe como España y donde las lenguas, al ser la columna vertebral de los nacionalismos, son fuente de exacerbados conflictos.
Desde 1978 los únicos que han realizado políticas lingüísticas y han desarrollado un relato sobre nuestras lenguas son los gobiernos mayoritariamente nacionalistas de las comunidades bilingües. Ha llegado la hora de que el Estado también actúe, desarrollando una política lingüística propia que reconozca plenamente la diversidad lingüística de España y sitúe los derechos lingüísticos en el centro de su legislación y de su relato. Todas las iniciativas en esta dirección deberían ser alentadas para, gradualmente, ser capaces de percibir y abordar de mejor manera nuestra diversidad lingüística. ~
