Letras Libres ha reunido a un grupo de expertos para que detallen los desafíos más apremiantes que tiene México hoy día en materia económica, ambiental, educativa, de género y seguridad. Si en algo coinciden todas esas voces es en que la voluntad política se ha contentado con crear instituciones huecas y aprobar reformas mancas que no convocan el apoyo de los sectores clave ni de la ciudadanía. ¿Qué diagnósticos tomar en cuenta para poner estos temas sobre la mesa? Este número es una apretada agenda de malestares nacionales. Pero más que eso: un panorama para empezar a tener una discusión más transparente.
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Este año se disputarán en México más de 2,770 cargos oficiales a nivel federal, estatal y municipal.1 Hay diferencias importantes entre estos puestos, lo que debería verse reflejado en la discusión pública. Los problemas de la Ciudad de México no son idénticos a los de Oaxaca, ni los retos del poder ejecutivo federal los mismos que los del Congreso de la Unión. Cada contienda tiene sus particularidades, y deberíamos estar al pendiente de todas ellas. Por supuesto, la sugerencia también aplica a “los asuntos de género”. A pesar de que el contexto de cada elección importa –y mucho–, por ahora me concentraré en lo común, y no en las diferencias, con el propósito de señalar algunos problemas de discriminación por género que deberían ser parte de los debates y las evaluaciones de las próximas candidaturas.
¿Por qué es importante hablar sobre discriminación?
Frente a la corrupción, la violencia y la pobreza, ¿por qué habríamos de enfocarnos en la discriminación? Y, más aún, ¿en la de género? Un pregunta similar surge cuando se mencionan los derechos de las personas LGBTI; en el mejor escenario, estos se entienden como reclamos “identitarios” que poco o nada tienen que ver con los “verdaderos asuntos de clase y pobreza” que aquejan a la nación. Juicios de este tipo son producto de una conceptualización limitada y muy problemática de la discriminación.
En primer lugar, no se puede separar la discriminación de la mayoría de los problemas del país; por el contrario: está relacionada de manera íntima con ellos. La pobreza, por ejemplo, no ocurre al azar, sino que de manera sistemática afecta más a ciertos grupos que a otros. Año tras año tras año, los indicadores confirman que el origen étnico, el género y la discapacidad son factores significativos a la hora de identificar a los mexicanos más pobres. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 70.2% de la población indígena gana hasta un salario mínimo al día (2,200 pesos mensuales por persona); solo el 38.6% de la población no indígena recibe este nivel de remuneración. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demostró, en un estudio de 2013, que la discapacidad repercute en el nivel de ingreso: el 37.9% de las personas sin discapacidad gana entre cero y dos salarios mínimos; en cambio, el 57.6% de las personas con discapacidad se encuentra en esta situación. Por último, un informe del INEGI en 2016 dio a conocer que el número de mujeres de quince años en adelante que no cuenta con ingresos propios cuadruplica la cantidad de hombres que no perciben retribuciones económicas. La pobreza también menoscaba la vida de las mujeres trans –y lo hace de manera brutal, de acuerdo con los pocos estudios que existen al respecto–. Por ello, los candidatos que quieran hablar de la pobreza deberán reconocer que esta afecta en modos específicos a algunos grupos de la sociedad –además de comprender que estas diferencias las provocan sistemas complejos de discriminación.
Algo parecido ocurre con la violencia. Las cifras más recientes indican que el género –así como la edad, la ubicación geográfica y el nivel socioeconómico– determina en gran medida el riesgo de vivir ciertos tipos de violencia. Entre el 2007 y el 2016, por ejemplo, 208,433 personas fueron asesinadas: el 88% de las víctimas fueron hombres (185,951) y el 12%, mujeres (22,482). Resulta evidente: el género importa. En este caso, es un factor que parece incidir de manera desproporcionada al hablar de homicidios. Esto significa, entre otras cosas, que quien pretenda formular una propuesta seria para reducir el número de asesinatos deberá tener claro el papel que en ello juega la masculinidad.
Ahora bien, las investigaciones revelan otras diferencias entre el tipo de violencia que viven los hombres y el que padecen las mujeres. Según el análisis de José Merino y Carolina Torreblanca, el 32.3% de las mujeres asesinadas entre el 2004 y el 2016 murieron en sus casas (antes del 2004 este número solía ser mucho más alto); en cambio, solo el 12% de los hombres víctimas de homicidio fueron asesinados dentro del hogar. De ello se infiere que las casas son un espacio amenazante para las mujeres. En general, el riesgo de ser asesinado es mayor entre niñas y adultas que entre niños y adultos. Por otra parte, el 64% de los hombres asesinados en el mismo periodo murieron heridos por un arma de fuego, mientras que el 41% de las mujeres fueron ejecutadas de esta manera. En proporción, el porcentaje de mujeres estranguladas y de aquellas que mueren por culpa de la violencia familiar o sexual es significativamente mayor que el de los hombres.
Lo que se desprende de esos números es que no basta con implementar políticas para garantizar la seguridad en las calles –donde ocurre más del 60% de los homicidios de hombres, pero solo el 42% de los homicidios de mujeres–. Además de atender el espacio público, se necesita poner la mira en el hogar. Estos datos también sugieren que promover una política para el control de armas es insuficiente: se necesita poner atención a las maneras en que las personas son asesinadas –por ejemplo, en el caso de las mujeres.
Valga lo anterior para aclarar que los problemas no se tratan de violencia o discriminación, sino de violencia y discriminación. Pobreza y discriminación. Todo está relacionado, y quien no lo perciba no estará a la altura de la encomienda que supone un cargo público.
La discriminación en sus múltiples manifestaciones
Tener en mente la discriminación hace que no reduzcamos “los asuntos de género” a un solo tema. No: los feminicidios no son el único problema. Y tampoco basta con hacer referencia a la violencia sexual en las calles para tener “cubiertas” las demandas de las mujeres.
Como asuntos prioritarios están, entre otros, la distribución desigual del trabajo doméstico, la discriminación laboral y la violencia familiar. Insisto: todos son fenómenos relacionados. Para empezar, las posibilidades que tienen las mujeres de conseguir un trabajo de tiempo completo y bien remunerado disminuyen si también se hacen cargo del trabajo doméstico. Ser parte del mercado laboral, no serlo o apenas tener acceso a trabajos parciales, mal remunerados e informales no solo afecta el poder económico de las mujeres, daña además las dinámicas de pareja e incrementa la probabilidad de que sean víctimas de la violencia. El análisis de Irene Casique, basado en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, demuestra que mientras más autonomía y poder de decisión tenga una mujer, menor es el riesgo de que se enfrente a la violencia física y sexual de su pareja. ¿Otro dato? Cuando los hombres se involucran más en el quehacer del hogar, también baja el riesgo de que las mujeres padezcan violencia física, sexual y emocional por parte de sus novios, maridos o concubinos.
Así, el candidato que genuinamente quiera reducir la violencia familiar, deberá proponer una política que distribuya de manera más equitativa las tareas del hogar entre los miembros de la pareja. A la vez, deberá pensar en cómo erradicar la discriminación laboral. Para ello hay que cambiar los sistemas de cuidado que existen en la actualidad, pues ponen sobre las madres (u otra mujer de la familia) esta responsabilidad de forma casi exclusiva, o bien, delegan en otras mujeres este trabajo, sin que reciban a cambio seguridad social o siquiera un buen sueldo. Valga como regla: no puede tomarse en serio a ningún candidato que diga preocuparse por las familias, la economía o la pobreza, y que no hable del trabajo doméstico y la discriminación en el empleo, de la precariedad e informalidad laboral.
Otro asunto prioritario, por supuesto, es el acceso a la salud sexual y reproductiva. Al respecto, debe considerarse al aborto como una política que merece ser apoyada por varios motivos, y que es relevante para distintas agendas como –de nuevo– la de la pobreza. Las restricciones que hoy existen para acceder a un aborto seguro y legal inciden, sobre todo, en las mujeres de escasos recursos –las demás pueden acudir a un hospital privado o viajar a una jurisdicción donde el aborto no sea ilegal–. Pero, ¿qué hacen las mujeres que no tienen estas posibilidades? Muchas se someten a procedimientos médicos inseguros y rara vez tienen a dónde acudir en caso de emergencia. Por ello, las limitaciones jurídicas que se imponen al aborto no son un asunto exclusivo de la moral; la clase social tiene mucho que ver en el tema. También es imprescindible relacionar el aborto con la igualdad. Si uno piensa que las mujeres son capaces de decidir el rumbo de sus propias vidas y está a favor de la “equidad de género”, no puede estar, al mismo tiempo, en contra del aborto, porque eso implicaría adoptar una postura que no termina por asumir a las mujeres como sujetos.
Por otra parte, debemos estar al pendiente de los derechos de las personas LGBTI. La discriminación sigue existiendo en las leyes (solo tres entidades federativas permiten que las personas cambien su nombre y sexo en el acta de nacimiento) y en las familias (según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI, el 41% de los encuestados dijeron haber sido marginados o excluidos del ambiente familiar). La discriminación se repite en las escuelas, el mundo laboral, las calles y en el acceso a una variedad de servicios, incluidos los de salud. Vale la pena poner atención a las posturas de los políticos sobre el acceso al matrimonio: es una manera fácil de saber qué tan seriamente acatan la Constitución –esta es muy clara: nadie debe ser discriminado por su género o preferencia sexual–. Desde esta perspectiva, se puede argumentar que quien se oponga al reconocimiento de estas uniones se opone finalmente a la Constitución. ¿Y cómo confiar en un candidato o candidata así?
Ni pitos, ni cárceles, ni instituciones huecas
En el contexto de las elecciones hay que tener en mente dos aristas sobre la discriminación de género. Lo primero que debe hacer un votante es identificar si las y los candidatos hablan del tema. Y si lo hacen, ¿cuándo lo hacen, en qué foros, por qué hablan o dejan de hablar de ello? El segundo asunto es qué proponen para resolverlo, ya que en esta materia –como en otras– las ocurrencias, el populismo punitivo y las propuestas huecas están a la orden del día. ¿Cómo olvidar los silbatos que repartió el gobierno de Miguel Ángel Mancera para combatir el acoso sexual en el metro? (¿Se imaginan que repartieran candados para combatir el robo?) ¿Qué hay de las mallas que repartió la diputada del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre, para cercar las casas y con ello prevenir la violación de niñas? (Cuando lo cierto es que este delito ocurre, por lo general, al interior de las casas.) ¿Y qué decir de Jaime Rodríguez, el Bronco, quien sugirió a las familias decirles “la verdad” a sus hijas –“a una niña gorda no la va a querer nadie”– para prevenir el embarazo adolescente?
Más allá de las ocurrencias, muchas de las políticas que se implementan para combatir la discriminación por género son problemáticas; es necesario saberlo y entenderlo para evaluar las propuestas de campaña de forma crítica.
Las políticas que resultan discutibles a primera vista son aquellas empeñadas en penalizar nuevas conductas o aumentar los años de cárcel para los delitos ya establecidos en la ley. Un grave inconveniente es que se aprueban reformas sin garantizar que existan las condiciones institucionales para que los delitos se persigan de manera adecuada. Por otra parte, estas reformas no suelen cambiar de fondo la desigualdad. Hay que decirlo: el derecho penal no reduce desigualdades, ni cambia las dinámicas de poder; en el mejor de los casos, castiga, lo que muchas veces está más motivado por la venganza que por la necesidad de disuadir una conducta. La cárcel es una medida paliativa, superficial, que en México es absolutamente ineficaz a causa de la impunidad. En este contexto, la penalización no es más que una falsa protección, una pantomima que les permite a los políticos fingir que sí hacen su trabajo.
En segundo lugar hay que vigilar las propuestas que pretendan crear instituciones especializadas, porque no hay garantía de que funcionen. En los últimos años se han establecido, tanto a nivel local como federal, cuatro órganos de este tipo: los institutos de las mujeres, las unidades de género, las fiscalías especializadas y los centros de justicia para las mujeres. La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Alejandra Ríos y la organización no gubernamental equis Justicia para las Mujeres llevaron a cabo un estudio para cada caso. Los resultados muestran, para efectos prácticos, que estos nuevos órganos fueron creados como instituciones huecas. En algunas ocasiones, porque se les asignan varias funciones sin la partida presupuestaria que se necesita para ejecutarlas. En otras, porque fueron diseñadas para ser débiles: un simple decreto puede desaparecerlas, no están a cargo de su propio personal, no tienen un plan de trabajo, ni definen criterios claros para quienes las dirigen. La moraleja: no basta con que las y los candidatos digan que van a crear una institución; tenemos que exigir los detalles: con qué presupuesto, adscritas a qué órgano, con qué funciones, con qué competencias, con qué personal.
En realidad, lo anterior aplica para todo. Debemos exigir diagnósticos y propuestas, análisis completos de lo que se ha hecho y de lo que se ha omitido. Hay que preguntar, escrudiñar, obligarles a rendir cuentas. En este y en todos los temas. ~
1 La página del Instituto Nacional Electoral informa que se disputarán 2,777 cargos. Según el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, del Instituto Nacional de las Mujeres, serán 3,416 cargos. En cambio, la organización Strategia Electoral dice que serán 3,326 cargos.
responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE. "El área en la que estoy es única."
