El caso de Ayotzinapa pone de manifesto dos fenรณmenos entrelazados que han resultado de la creciente violencia en Mรฉxico en los รบltimos ocho aรฑos: las desapariciones y la protesta social en contra de la inseguridad. ¿Quรฉ sabemos sobre las desapariciones en Mรฉxico? ¿Cรณmo ha reaccionado la sociedad mexicana ante esta situaciรณn? ¿Quรฉ se ha logrado? ¿Quรฉ falta por hacer? ¿Es posible generar cambios a partir de la movilizaciรณn ciudadana?
Personas no localizadas
En febrero de 2013, la Secretarรญa de Gobernaciรณn anuncio una lista preliminar de 26,121 personas no localizadas entre diciembre 2006 y noviembre 2012. Cotejando este nรบmero con los casos de desapariciones reportados ante las procuradurรญas locales, la Procuradurรญa General de la Repรบblica depurรณ la lista y hasta agosto de 2014, aรบn se buscaba a 12, 532 personas desaparecidas durante la administraciรณn de Felipe Calderรณn. A lo largo de los primeros 19 meses del gobierno de Enrique Peรฑa Nieto (diciembre 2012 a julio 2014), se reportaron 23,234 personas no localizadas, de las cuales fue posible ubicar a 13 mil 444. Las 9,790 personas que faltan por encontrarse se suman a las 12, 532 que desde el gobierno de Calderรณn estรกn desaparecidas. Es decir, nos falta por ubicar a 22,322.
El tรฉrmino persona no localizada se refiere a todas aquellas personas de las cuales se desconoce su paradero, independientemente de la causa: ausencias voluntarias, problemas domรฉsticos, privaciรณn ilegal de la libertad y desapariciรณn forzada. Una definiciรณn asรญ de amplia tiene por lo menos dos implicaciones importantes:
- Al no distinguir las causas y clasificar cada tipo de evento por separado, el gobierno mexicano no reconoce la participaciรณn del Estado en al menos una porciรณn de estos eventos.
- En consecuencia, resulta sumamente difรญcil generar polรญticas pรบblicas que atiendan y solucionen efectivamente el problema de desapariciones forzadas, como lo es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La poca claridad del fenรณmeno de desapariciรณn ha implicado que no se establezcan protocolos apropiados para la atenciรณn de cada tipo escenario. Y, lo que es aรบn mรกs grave es que no se hacen las investigaciones pertinentes para encontrar a las personas ausentes. Si se toma en cuenta el nรบmero de averiguaciones previas iniciadas por casos de personas no localizadas, resulta que solo se investiga el 1 % del total de desapariciones(y en muchas de estas investigaciones, aunque haya buena voluntad de las autoridades, estas suelen no con contar con la capacidad real (equipo, entrenamiento ni experiencia) para, por ejemplo, identificar cuerpos).
Las protestas contra la violencia y la inseguridad, 2006-2012
La sensaciรณn de total ineficacia gubernamental e impunidad ha empujado a miles de mexicanos a tomar las calles. Desde el sexenio pasado, estas historias se han repetido una y otra vez en cada marcha por la paz. Entre 2006 y 2012, se organizaron 1,014 protestas pacรญficas – marchas, manifestaciones, ayunos, bloqueos, paros laborales y ocupaciรณn de edificios pรบblicos– en contra de la violencia y la inseguridad.[1]
Antes de la serie de movilizaciones detonadas por la desapariciรณn de los normalistas de Ayotzinapa hubo tres puntos crรญticos de acciรณn colectiva en torno al tema de violencia e inseguridad en Mรฉxico.
- 2008. Tras el secuestro de Fernando Martรญ se generรณ una primera ola de protestas, justo cuando la administraciรณn calderonista intentaba convencer a la opiniรณn pรบblica de su estrategia de seguridad. En ese momento, las manifestaciones giraron en torno al tema de secuestros.
- 2010. Durante el punto mรกs crรญtico de la inseguridad en el estado de Chihuahua y la creciente violencia en contra de los periodistas, la organizaciรณn de movilizaciones fue cada vez mรกs frecuente (en la segunda mitad del aรฑo, se llegaron a organizar marchas semanalmente). Todas ellas reprochaban la incapacidad del estado mexicano para cumplir con su funciรณn mรกs bรกsica: la provisiรณn de seguridad.
- 2011. Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia en el estado de Morelos, se generaron una serie de marchas en toda la Repรบblica que demostraron que los homicidios y desapariciones no se limitaban al estado de Chihuahua. Cientos salieron a las calles. En este aรฑo sucedieron el 42% de las protestas en contra de la violencia organizadas en todo el sexenio calderonista.
Mapa de protestas contra el crimen en Mรฉxico, 2006-2012
¿Quiรฉnes organizaron estas protestas y en dรณnde?
Mรกs de un tercio de las protestas que ocurrieron entre 2006 y 2012 fueron organizadas por grupos de la sociedad civil dedicados a la defensa de los derechos humanos en Mรฉxico. Las vรญctimas y sus familiares organizaron el 11% de estos eventos. Las escuelas y universidades fueron responsables de organizar el 10%. Los estudiantes que hoy se ven duramente afectados por el caso de Ayotzinapa, han sido fundamentales para movilizar a ciudadanos dentro y fuera del paรญs y exigir justicia.
En tรฉrminos de geografรญa, el estado de Chihuahua exhibiรณ los niveles mรกs altos de protesta (224 eventos), seguido por Guerrero (97 protestas) y Nuevo Leรณn (66 eventos). Los estados de Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala generaron el menor nรบmero de movilizaciones en torno al tema de violencia.
¿Quรฉ se ha ganado?
Si midiรฉramos el รฉxito de estas protestas por su impacto en el control de la violencia y la polรญtica de seguridad del paรญs, ciertamente no verรญamos resultados alentadores. Sin embargo, fue gracias a las movilizaciones del sexenio anterior que se aprobรณ la Ley General de Vรญctimas y cambiรณ el discurso oficial que hasta entonces habรญa ignorado o incluso negado la victimizaciรณn civil. Hoy, es imposible justificar la violencia bajo expresiones como “daรฑos colaterales” o “se matan entre ellos.”
Aรบn mรกs importante es que hoy las muertes de los criminales tampoco se perciben como un fortalecimiento del Estado de derecho. Este proceso de reflexiรณn y asimilaciรณn no fue fรกcil ni rรกpido y se cobrรณ las vidas, no solo de las vรญctimas sino tambiรฉn de aquellos quienes se arriesgaron en insistir en su denuncia y lucha por justicia.
Ayotzinapa: Desapariciones y protesta social
Durante los primeros dos aรฑos de la administraciรณn de Peรฑa Nieto se han generado mรกs de 140 protestas en contra la violencia. Mรกs de la mitad fueron organizadas por el caso de Ayotzinapa en el รบltimo mes. La mayor parte de los participantes de estas manifestaciones son estudiantes de escuelas y universidades pรบblicas y privadas. Instituciones educativas, ciudadanos extranjeros y otros sectores sociales que no habรญan sido parte de protestas anteriores. ¿Quรฉ pasรณ? ¿Quรฉ cambiรณ?
En esta ocasiรณn el vรญnculo entre crimen organizado, policรญas locales y autoridades pรบblicas es claro. Usualmente resulta difรญcil identificar y demostrar el involucramiento de las fuerzas armadas o policiacas en los eventos de desapariciรณn porque las autoridades tienden a protegerse unas a otras, lo cual imposibilita que las vรญctimas escalen sus casos a instancias superiores y sean visibles a una audiencia mรกs amplia. Si protestar y denunciar es arriesgado en Mรฉxico, la falta de claridad sobre quiรฉn es responsable de generar y de atender la violencia complica aรบn mรกs la posibilidad de generar la respuesta articulada de la sociedad.[2] Sin una atribuciรณn clara de responsabilidades resulta difรญcil saber a quiรฉn dirigir las demandas sociales y de quรฉ forma hacerlo.[3]
Ante los recientes acontecimientos de violencia, resulta necesario mantener la unidad entre los distintos sectores y no caer en provocaciones. Solo asรญ serรก posible exigir cuentas y hacer cumplir la ley. En la conferencia de prensa del 29 de octubre, los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa nos dieron una clase de ciudadanรญa. Nos dejaron en claro que no es posible romper el diรกlogo con el Estado porque “es su responsabilidad” encontrar a sus hijos. Le recordaron a las autoridades que “la confianza no se pide, se gana” y aรบn mรกs importante, que no le vienen a “pedir un favor, sino a exigir justicia.” Si como ellos, el resto de nosotros aprendemos a exigir nuestros derechos y hacer que el gobierno rinda cuentas, hay esperanza.
Los esfuerzos de movilizaciรณn en los aรฑos anteriores tuvieron logros importantes, pero aรบn falta mucho por hacer. La ola reciente de manifestaciones pacรญficas tiene el potencial de cambiar el status quo. Es urgente exigir que se establezcan mecanismos de justicia transicional y protocolos de bรบsqueda de personas desaparecidas que operen desde las procuradurรญas locales, asรญ como transparentar la base de datos de personas no localizadas. Solo asรญ podremos avanzar en la construcciรณn de la verdad y la justicia en Mรฉxico.
[1]Con base en una revisiรณn sistemรกtica de cincuenta periรณdicos locales y un periรณdico nacional, un equipo de asistentes y yo construimos una Base de Datos sobre Protesta contra el Crimen en Mรฉxico (PCM). Esta provee informaciรณn detallada de 1,014 eventos de protesta contra el crimen y la inseguridad, ocurridos entre 2006 y 2012, en los 31 estados mexicanos. La base solo incluye eventos de manifestaciรณn pacรญfica organizados por ciudadanos, con el fin de expresar su oposiciรณn a eventos especรญficos de violencia o la inseguridad en general, asรญ como su demanda por cambios en la polรญtica de seguridad. Por tanto, las protestas organizadas por grupos criminales no son parte de este anรกlisis. Las protestas organizadas por fuerzas policiacas demandando mejores condiciones de seguridad tampoco fueron incluidas aquรญ.
[2]Para mayor informaciรณn sobre la importancia de la atribuciรณn de responsabilidad en procesos de protesta social, ver: Javeline, Debra. 2003. The Role of Blame in Collective Action: Evidence from Russia. American Political Science Review 97(1): 107-121.
[3]Las encuestasrealizadas hacia finales de la administraciรณn de Calderรณn indicaban que al menos un tercio de los mexicanos creรญan que los narcotraficantes eran responsables de la violencia.. En el caso de Iguala, la mayorรญa de la poblaciรณn le atribuye el crimen al gobierno,no al narco.
Es doctora en Ciencia Polรญtica por la Universidad de Duke e investigadora visitante en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame.
