El equipo editorial del semanario Proceso puso en su portada del pasado 26 de septiembre lo que se pretendía fuera una suerte de certificado de defunción de la carrera del periodista Joaquín López-Dóriga: la copia de un supuesto cheque emitido a su nombre por el Gobierno del Estado de México que mostraba —según el reportero Jenaro Villamil— los negocios que el conductor ha hecho al amparo del gobierno.
En páginas interiores, la afirmación era contundente: “Proceso tiene copia de un cheque, fechado el 20 de mayo de 2012 y emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de México por 464 mil pesos a nombre de Joaquín López-Dóriga, pero la entidad gobernada por Eruviel Ávila no ha precisado los contratos firmados con el conductor del noticiario estelar de Televisa”.
Pero Proceso no tenía copia de cheque alguno. Su reportero usó una imagen alterada que circula en internet desde mayo de 2012 como supuesta evidencia de los pagos realizados al periodista para hablar bien de Enrique Peña Nieto. Era evidente que el nombre, la fecha y el monto estaban escritos con tipografías diferentes; un montaje burdo, pero útil para encender en tiempos electorales a un sector militante e incauto.
Un ejercicio mínimo de verificación habría permitido comprobar que el RFC del propietario de la cuenta origen del cheque era de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, pero antes de poner a circular la imagen esta fue sometida a una segunda manipulación para hacer menos legibles esos detalles.
Villamil y Proceso presentaron como auténtico un documento falsificado con photoshop a pesar de que hoy es posible hallar la imagen original del cheque, escaneado en alta resolución, con datos claros y en una sola tipografía, expedido en 2011 en beneficio del ayuntamiento de Teocaltiche.
En la página 10 de la misma edición del semanario se publicó una entrevista con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien se atribuían afirmaciones como que el gobierno federal había pretendido, en diciembre pasado, “arrasar” con la Normal de Ayotzinapa sin importar si eso significaba un baño de sangre, y que había tenido conocimiento de ello gracias un diálogo, vía internet, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Unas horas después de la publicación, el gobernador reaccionó con extrañeza. No solo no había existido tal conversación con el secretario de Gobernación, sino que nunca habían tenido contacto vía telefónica o por internet. Es decir, la reportera había desvirtuado el sentido de varios tramos de la entrevista.
Por ejemplo, mientras en la conversación con la periodista él había mencionado el despliegue de 12 mil efectivos del Ejército y mil 200 de Gendarmería como parte de un plan para blindar los límites de Guerrero con los estados de Michoacán y Morelos, en el relato de la reportera los efectivos federales se convirtieron en refuerzos del supuesto ataque contra la Normal.
Ortega fue más allá. En una nota aclaratoria enviada al semanario señaló las expresiones inventadas y entrecomilladas que la periodista intentó pasar como citas textuales. Obligada a reconocer su error, la reportera concedió que el gobernador no habló nunca de baños de sangre ni de arrasar la escuela. Incluso admitió haber mutilado la respuesta negativa del entrevistado a la pregunta de si desde el gobierno federal se le había pedido reprimir a los estudiantes.
Sin embargo, a la réplica del político, la periodista respondió acusándolo de estar “empeñado en la literalidad”. Más aún, buscando justificarse, argumentó que las palabras y expresiones con las que había vestido su texto eran sinonimias: “Téngase en cuenta que entre las acepciones del verbo ‘arrasar’ se encuentran las de ‘entrar en casa ajena contra la voluntad de su dueño’, ‘vencer o superar alguna dificultad o inconveniente’”. La reportera volvía a equivocarse en algo: las acepciones transcritas correspondían al verbo “allanar”, no a “arrasar”.
José Manuel Burgueño intenta explicar en La invención en el periodismo informativo la tergiversación e invención de hechos. Tras estas malas prácticas, dice, se encuentran periodistas con bajo nivel de compromiso ético, perezosos practicantes de la información no contrastada, sin el talento habilidad para conseguir la historia de otra forma. Si la verdad se niega a colaborar, ellos elaboran algo más atractivo, o como lo expresaba el brasileño Nelson Rodrigues: “si los datos no nos apoyan, peor para los datos”.
Cuando un medio miente, envenena la colectividad. Desvirtúa lo que podría haber sido una aportación a la denuncia, porque ante la incapacidad para encontrar una historia verdadera, se fuerza la realidad para que refleje la parte de la verdad que supuestamente busca el periodista. En cualquier caso, se comete un fraude, se engaña al lector, pues se traiciona el acuerdo tácito de confianza depositado por el público en el informador: un periodista responsable nunca (nunca) falsifica.
Cuando se carece de mecanismos de control al interior de una redacción, cuando no se puede actuar con honestidad y transparentar ante el lector las decisiones editoriales, la integridad profesional es sustituida con una sección de cartas en la penúltima página, que sirve como cementerio de desmentidos y malas prácticas periodísticas.
Eso, en el mejor de los casos. De la imagen manipulada, publicada en su portada, Proceso y su reportero han guardado silencio. Ni una explicación a los lectores. ~
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
