Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste
La estafa maestra
Ciudad de México, Temas de Hoy, 2018, 216 pp.
En el 2000 el PRI perdió las elecciones presidenciales por primera vez en su historia. Tardó doce años en regresar al poder. Se supone que ese paréntesis le habría servido para transformarse en un “nuevo PRI”, menos corrupto. Para relanzar su renovada imagen escogió la bandera de la lucha contra el hambre. Más que un programa, anunció una “cruzada”. Trajo al expresidente Lula da Silva –que en Brasil había promovido una estrategia efectiva para combatir la pobreza– para dar el banderazo de salida a este ambicioso programa, cuya meta era rescatar de la extrema marginación a 7.4 millones de personas dispersas en cuatrocientos municipios del país. Seis meses después de haber anunciado esa “cruzada” la maquinaria priista volvió a ponerse en marcha: la Auditoría Superior de la Federación (asf) ha detectado que requirió ese tiempo para comenzar a saquear 41 millones de pesos, provenientes de ese programa que pretendía acabar con la pobreza. ¿Solo seis meses pudieron contenerse? Por supuesto que no. “Por lo que parece, las irregularidades del entramado que tejieron para desviar el dinero estaban listas para operar a la par de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya se tenía un modelo y una batería de empresas para los primeros contratos entregados para cumplir los objetivos”, sostiene Miriam Castillo, coautora de La estafa maestra. Cabe suponer que antes de asumir el poder habían comenzado a fraguar el mecanismo para delinquir. Nunca pensaron recuperar la presidencia para atender las necesidades de la población sino para robar y conservarse en el gobierno. En total, entre 2013 y 2015, 2 mil 224 millones de pesos destinados a combatir el hambre fueron desviados para otros fines. Una parte de esos recursos fueron a parar a manos de los funcionarios, otra la utilizaron con fines electorales a favor del PRI. Seis años después volvieron a perder el poder, espero que esta vez sea para siempre.
La estafa maestra reúne las investigaciones de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste en torno a uno de los muchos mecanismos de los que echa mano el corrupto sistema político mexicano. Los periodistas, coordinados por Daniel Moreno, revisaron las cuentas públicas federales comprendidas entre los años 2013 y 2014, y pudieron comprobar un fraude de 7 mil 670 millones de pesos. Se concentraron en revisar 73 convenios realizados por once dependencias federales con ocho universidades públicas, que corresponde solo al 3.5% de los 2 mil 81 convenios de ese tipo que se habían ejecutado en lo que iba del sexenio. La punta del iceberg.
El mecanismo del fraude funciona así: “Las dependencias de gobierno –según se señala en la introducción de este libro– inventan supuestos servicios, por ejemplo, hacer un concierto o dar apoyos a campesinos y escogen a ciertas universidades para que lo lleven a cabo; obviamente, no se puede cumplir, pero cobran una comisión y luego contratan a otras empresas para que lo hagan. Dichas compañías tampoco proporcionan los servicios mencionados porque no son reales, solo existen en un papel, no tienen empleados, oficinas ni capital. Son lo que llaman ‘empresas fantasma’. Y el dinero público (tus impuestos) simplemente desaparece.” El complemento de este mecanismo es la impunidad: “Los funcionarios de distintos niveles violan la ley y desvían recursos porque saben que nunca serán juzgados, porque en los órganos encargados de investigar también hay cómplices.”
La “dictadura perfecta” que funcionó durante setenta años estaba basada en un conjunto bien aceitado de “estafas maestras”. Desde el poder se desviaban recursos para financiar campañas políticas mediante las cuales se conservaría el poder y, desde ahí, seguir desviando recursos para financiar campañas políticas mediante las cuales… Es decir, un mecanismo sin fin para perpetuarse, o casi, en el poder. “La única manera de acabar con la corrupción –considera José López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entrevistado para este libro– es mover la estructura y solo se logrará ‘con independencia y autonomía de los fiscales’.” Por eso es tan importante que el nuevo fiscal general sea independiente del poder ejecutivo, aunque, al parecer, eso no está en los planes del nuevo gobierno.
No se trata de un fraude aislado sino de un sistema de corrupción protegido y alentado desde el poder. La “estafa maestra” implica a once dependencias federales. ¿Quién tiene el poder para instrumentar un fraude que involucre a ese número de secretarías de Estado? Los controles de Hacienda son tan estrictos que no es posible que una anomalía de esta magnitud haya pasado inadvertida. “La estafa está protegida desde muy alto rango”, comentan los investigadores. No es casual que los principales involucrados en este esquema de desvío de fondos –Rosario Robles, Emilio Lozoya y Alfredo del Mazo– formaran parte del primer círculo del presidente Peña Nieto. Por supuesto, ningu- no de ellos firmó documento alguno que los incriminara de manera directa; la tarea recayó en los mandos medios y bajos de las dependencias.
Un detalle escandaloso de este asunto es que gran parte del dinero desfalcado haya sido tomado de recursos que estaban destinados a programas sociales para los más necesitados: programas para combatir el hambre, para terminar con el analfabetismo, etcétera. Esa absoluta inmoralidad debe perseguirse y castigarse. Me parece un desatino que el próximo gobierno pretenda otorgar “perdón” a los responsables de este y otros fraudes perpetrados desde la punta de la pirámide del poder ejecutivo. Comenzar el ejercicio del poder con un acto de impunidad provocará que se refuerce la imagen del gatopardismo: que todo cambie para que todo siga igual.
El esquema “dependencias federales-universidades públicas-empresas fantasmas” es una de tantas tramas de corrupción vigentes en el gobierno federal (a nivel estatal y municipal se multiplican hasta el vértigo). Los autores solo pudieron investigar un reducido número de contratos que funcionaron de esa manera. Calculan que el fraude equivale a un total de 31 mil 830 millones de pesos.
Al momento de escribir esta reseña, la asf ha comenzado el proceso para sancionar a 63 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social implicados en este fraude. Faltan procedimientos semejantes en diez dependencias. Hasta ahora ningún funcionario de ninguna secretaría ha sido castigado. En nuestro país, la probabilidad de que un delito se resuelva es del 0.9%. “En México –señalan los investigadores– es más fácil que un exgobernador se saque dos veces la lotería a que sea sentenciado por peculado. Ganarse la lotería no es una misión sencilla. La probabilidad es una en cinco millones.”
La coalición Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción como su máxima prioridad. El anticipado perdón a los altos funcionarios del presente gobierno, su negativa a que un fiscal autónomo encabece la nueva Fiscalía General de la República, pero sobre todo la expectativa voluntarista que afirma que “si el presidente no roba no robarán sus subordinados” no parecen presagiar nada bueno. Tendrán que ser la sociedad civil y los medios de comunicación los que se encarguen de denunciar los abusos. Por lo pronto, este libro (cuya investigación llevó a sus autores a recibir en España el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018) es una excelente muestra de lo que la sociedad civil y los periodistas pueden aportar en el combate contra el cáncer de la corrupción. ~
