El 20 de noviembre el Partido Popular obtuvo el mejor resultado electoral de su historia. La formación liderada por Mariano Rajoy tiene 186 escaños en el Congreso de los Diputados y goza del mayor grado de poder del actual periodo democrático. En algunos sentidos, es un regalo envenenado. Hereda cinco millones de parados, una situación de emergencia económica y una ciudadanía dominada por el desánimo. Aunque su campaña ha sido deliberadamente opaca, para cumplir los objetivos de reducción del déficit tendrá que realizar recortes impopulares. Pero tiene la oportunidad y la responsabilidad de realizar reformas económicas que lleven al país a retomar el camino del crecimiento. El PP gobierna en once de las diecisiete autonomías –probablemente, pronto se sumará Andalucía–, y eso debería facilitarle afrontar los problemas de financiación autonómica, así como replantear aspectosde servicios transferidos. Con la tasa de desempleo más alta del mundo industrializado y la mitad de los menores de treinta años sin trabajo, debe modernizar la legislación laboral española, que crea un sistema de dos vías –la de los contratos fijos y lostemporales–, dificulta la contratación y produce una elevada tasa de paro estructural, que se dispara cada vez que se produce una crisis económica. La educación debe garantizar la movilidad social, pero hay mucho que corregir, entre otras cosas porque está demostrado que una buena educación mejora el crecimiento: nuestra media de estudiantes con puntuación alta en el informe PISA está por debajo de la de la OCDE (3,4% frente al 7,6%, que es la cifra de Alemania, mientras que el Reino Unido tiene el 8% y Francia el 9,6%). El nuevo gobierno también debe adelgazar los trámites administrativos: según el Banco Mundial, hay 132 países en el mundo en los que es más fácil montar un negocio que en España. Y, para que lo podamos mantener, el Estado del bienestar debeafrontar los cambios demográficos.
El PP debe tener la valentía de hacer esas reformas, que pueden desencadenar protestas sociales y sindicales, y también debe tener la fortaleza de resistir frente al sector más conservador de sus votantes, o a las presiones más ultramontanas de la iglesia católica. La magnitud de su victoria y la dificultad de la situación deberían ayudarle. Aunque el PP recoge los votos de un espectro que va desde el centro liberal a la extrema derecha, uno de los méritos de Mariano Rajoy ha sido rodearse de un equipo solvente y moderado, que también es representativo de algunos cambios de la sociedad española. Sin duda, la gestión de la crisis del gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero fue desastrosa. Decretó medidas populistas, negó la crisis, la minimizó y, aunque realizó reformas cuando se vio obligado a hacerlas, las hizo sin convicción y sin saber explicarlas. Pero el PP no debería renunciar a ciertos avances. Aunque a menudo la ejecución estuvo por debajo de las intenciones y la propaganda, la dependencia es un asunto importante en una nación envejecida, no podemos ignorar las cuestiones de género, la televisión pública debería aspirar a la objetividad y la transparencia, y un país serio no debería tener muertos en las cunetas. Uno de los errores de estos años –y el PP comparte la responsabilidad– ha sido convertir todo eso en temas ideológicos y divisivos. Pero también se han producido progresos en los derechos civiles, como la ley del matrimonio homosexual, recurrida ante el Tribunal Constitucional. Una de las cosas que han paliado los efectos de la crisis en nuestro país es la fortaleza de las familias, que llegan donde el Estado no puede llegar. El matrimonio gay goza de aceptación social y no socava las institucionesde la familia y el matrimonio. Al contrario, además de igualar una forma de amor, es el reconocimiento de la potencia de esa idea familiar, que ahora se ve enriquecida porque existen otros tipos de familia. A veces se esgrime el argumento etimológico –el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer–, que es pura sofistería y lleva en sí su propia negación: si algo nos enseña el estudio de la etimología es que el significado de las palabras cambia con el tiempo. Tampoco tiene sentido cambiar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La cuestión no es si uno está a favor o en contra del aborto –se van a producir inevitablemente–, sino si pensamos que una mujer debería ir a la cárcel por abortar. La ley reconoce como un derecho el aborto libre hasta las catorce semanas y en algunos aspectos es más restrictiva que la normativa anterior, que el PP no tocó en su tiempo en el gobierno. Desde que está en vigor, se han producido menos abortos (no solo por la ley, sino a causa de métodos anticonceptivos como la píldora del día después, que desde 2009 se puede adquirir sin receta en farmacias). Uno de sus aspectos más polémicos es que permite que las chicas de dieciséis años puedan interrumpir su embarazo, siguiendo la Ley de Autonomía del Paciente, que estableció en los dieciséis la mayoría de edad sanitaria en 2002. De forma un tanto innecesaria, la legislación del aborto obliga a las menores a informar a los padres, salvo en los casos excepcionales en los que esa decisión suponga un riesgo para ellas. Quizá resulte incómodo que una menor pueda tomar esa decisión, pero no parece mucho mejor que sus padres puedan obligarla a tener un hijo.
En campaña, Rajoy especuló con cambiar la ley que desde enero de 2010 prohíbe fumar en los espacios públicos. El PSOE cometió errores: la normativa de 2006 era más permisiva y para adecuarse a ella muchos hosteleros realizaron reformas en sus locales, creando una zona de no fumadores y otra de fumadores. Pero la nueva ley, que ha sido admitida, con la excepción de algunos hosteleros y algunos filólogos, y no impide que nadie fume, ha mejorado la atmósfera de los bares y los restaurantes, y es similar a las de los países de nuestro entorno. Hay que hacer un esfuerzo de voluntarismo para creer la retórica de “una gran nación” de Mariano Rajoy. Pero resulta aún más difícil pensar que, para llegar a serlo, España deba tener los suelos de los bares llenos de colillas.
Desde el proceso para acabar definitivamente con el terrorismo de ETA al paro, pasando por los problemas del euro y ellugar de España en la UE, parece que el nuevo gobierno tiene problemas demasiado importantes como para revocar el matrimonio homosexual o la ley del aborto. Sería una maniobra de distracción destinada a convencer a los más radicales de sus filas y supondría un retroceso general. Tanto en los aspectos sociales como económicos, sería mejor que el gobierno buscara dar a los ciudadanos más libertad y responsabilidad, y no menos. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
