El sistema educativo mexicano vive un presente sombrío a cargo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien las reformas y políticas educativas de los últimos treinta años no han podido revertir en lo general los deficientes niveles de aprendizaje y la inequidad que lo caracterizan, la actual administración federal ha sumado al menos dos grandes agravios al frustrante estado de cosas previo: incluso antes de la pandemia, cayó la cobertura de educación básica y media superior –algo nunca visto desde el final de la Revolución mexicana–, y se restauró el uso y abuso clientelar de la educación.
Resulta doloroso y preocupante constatar en el libro La regresión educativa (Grijalbo, 2021) los efectos que las decisiones de la actual administración están teniendo en el sistema educativo o en algunos de sus elementos más relevantes. En catorce ensayos, los diecisiete autores de esta obra hacen un examen ordenado y minucioso del deterioro que se extiende rápidamente en diversos aspectos de la educación mexicana.
El libro surgió por iniciativa de Gilberto Guevara Niebla, quien fue subsecretario de educación básica al inicio del gobierno lopezobradorista y renunció al cargo al experimentar de primera mano la ruta que tomaba la Secretaría de Educación Pública (SEP). El panorama que ofrecen los textos reunidos en el libro podría segmentarse en cinco categorías: lo precedente y su negación, las iniciativas propias de este gobierno, los retos de la covid-19, los resultados que ya pueden advertirse y la lógica política que subyace a todo lo anterior.
Aun entre estudiosos de la educación y de las políticas educativas mexicanas sería infrecuente un interés homogéneo por el conjunto de sus elementos y ámbitos. Pero, más allá del análisis puntual de algunas de las personas que mejor conocen estos temas, el libro ofrece la posibilidad de aquilatar algunas claves fundamentales sobre lo que padece el sistema educativo mexicano. En mi interpretación, son las siguientes.
Domesticar a los sindicatos. Por concurso de ingreso al servicio profesional docente, de 2014 a 2018 se asignaron 147,688 plazas y otras 36,383 mediante concursos de promoción. Este mecanismo meritocrático, sin participación del SNTE y de la CNTE, anuló un negocio ilegal por venta de plazas cuyo valor oscila entre $1,792 y $3,052 millones de pesos. Esa es la estimación que hacen Marco Antonio Fernández Martínez, del Tec de Monterrey, y Laura Noemí Herrera, de México Evalúa, al examinar el presupuesto educativo. Mediante los cambios al artículo 3° y la derogación de diversas leyes, AMLO suprimió esos concursos de oposición y restauró los procesos de escalafón.
Con las organizaciones sindicales de vuelta en las comisiones mixtas de la carrera docente, el gobierno reinstauró la opacidad y la gobernabilidad corporativa en la educación, cuyo funcionamiento y evolución explica Jorge Javier Romero Vadillo, de la UAM-Xochimilco. Asimismo, mantuvo elementos de la reforma peñanietista. El texto de Roberto Rodríguez Gómez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, permite distinguir qué se revirtió y qué se retuvo, como fue el caso de la centralización de la nómina en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), que concentra la mayor parte del presupuesto educativo. Al actual gobierno federal, eso le permite controlar de modo patrimonialista la toma de decisiones y la gestión financiera de la nómina magisterial, dejando de lado a los gobiernos locales.
Sin información, ni evaluación ni rendición de cuentas. Si la idea misma de evaluación docente se volvió inadmisible para los sindicatos, bastaba con retirarle al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la atribución de definir sus términos y dejar que continuara produciendo información de calidad sobre las condiciones del sistema y sus niveles de logro educativo, como lo había venido haciendo desde su origen. Hoy es difícil negar que su sacrificio y reemplazo por una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de magro presupuesto, modesto nivel técnico y adscrita a la SEP, tuvo como fin implícito facilitar la opacidad sobre los malos resultados que en adelante tendrían el sistema en su conjunto y los aprendizajes de sus estudiantes. El texto con el que Eduardo Backhoff Escudero expone el origen, desarrollo y extinción del INEE (2002-2019) ayuda a apreciar la profundidad de ese vacío.
Clientelismo. No es exagerado afirmar que las becas Benito Juárez, a todos los niveles, son en realidad limosnas discrecionales, sin medios de verificación que comprueben el destino de los recursos o el logro de su presunto objetivo: mantener a las personas en la escuela. Lo anterior se desprende del análisis metódico de Dinorah Miller Flores, de la UAM-Azcapotzalco, sobre el funcionamiento de ese programa. Esto también se puede decir de las asignaciones directas a cabezas de familia para atender necesidades de infraestructura de las escuelas. Pese a ello, las becas Benito Juárez representan actualmente el 24% del gasto educativo. Financiarlas ha implicado sacrificar la calidad de la oferta educativa, suprimiendo la mayoría de los programas focalizados de la SEP que sí funcionaban.
Debilitamiento e intimidación. El volumen de matriculados en las Universidades para el Bienestar es tan modesto (27,896 en 2021, frente a los 300 mil proyectados) que difícilmente resulta un instrumento clientelar. Más bien, su creación ha sido la coartada para reasignar al menos mil millones de pesos anuales a cambio de suprimir aquellos fideicomisos y programas de incentivos al desempeño, iniciados en 1989, por los que las universidades competían para subsanar la brecha creciente entre su presupuesto y la expansión de la matrícula. Al ver debilitados sus mejores programas institucionales e intimidados a sus mejores cuadros, las universidades públicas han preferido el pasmo antes que la protesta, en aras de evitar ataques peores. Esto es claro si se combina la lectura del capítulo sobre las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, de Alejandro Canales (UNAM-IISUE), con la del que plantea los efectos del populismo en la educación superior, de Adrián Acosta Silva (Universidad de Guadalajara).
Simulación. El gobierno de AMLO no tiene un proyecto pedagógico ni le interesa tenerlo. Lo asegura Guevara Niebla y lo demuestran varios autores del libro. Al modificar el artículo 3°, los operadores políticos del gobierno admitieron que los especialistas se esmeraran en definir conceptualmente el derecho a la educación, pero se aseguraron de suprimir cualquier instrumento que permitiera hacerlo ejercible, así como cualquier referencia al término “calidad”, tan vilipendiado desde sus prejuicios. La descripción de ese proceso de contrarreforma al artículo 3° constitucional está a cargo de Alma Maldonado Maldonado, del Cinvestav, y de Bernardo Bolaños Guerra, de la UAM Cuajimalpa.
Como secretario de Eduación, Esteban Moctezuma Barragán impulsó un concepto de “Nueva Escuela Mexicana”, similar en su contenido al nuevo modelo educativo del gobierno anterior. Pese a que fue inscrito como Título Segundo de la Ley General de Educación (2019), ha sido ignorado por el presidente y por su sucesora al frente de la SEP y no ha merecido programas ni presupuesto concretos. De esto en particular se ocupa Carlos Ornelas, de la UAM Xochimilco.
Abandono de los docentes. Durante la campaña electoral, el hoy presidente les ofreció redignificar su profesión y un normalismo renovado, pero recibieron un portazo. La SEP ignora sus propuestas, planteadas mediante la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (2019) tras amplios debates. En cambio, este gobierno ha ejercido una insólita reducción presupuestal: de asignar a las normales 783 millones de pesos en 2018, destinó solo 170 millones en 2021 (ver Fernández y Herrera). Lo mismo acontece con los programas de capacitación y acompañamiento a docentes en servicio. Ni siquiera la necesidad de enfrentar el impacto de la covid-19 ha motivado un alto o una reversión de esta sequía presupuestal. Con azoro, los docentes y normalistas advierten que ni con las políticas neoliberales sufrieron un abandono semejante. Así lo asegura Marco Antonio Savín Castro, de la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix” en La Paz, Baja California, al escribir sobre las escuelas normales y su actual circunstancia.
Pandemia e inequidad. A lo largo de dos años, la covid-19 ha representado retos insoslayables para la educación en todo el mundo. Dos capítulos abordan sus implicaciones desde la pedagogía y la psicología: Benilde García Cabrero (UNAM) y Salvador Ponce Ceballos (UABC) son autores del primero y Claudia Juárez Batista, psicóloga clínica, del segundo. Frente a ese panorama, nuestro sistema educativo se ha desempeñado en la dirección contraria a lo requerido con los criterios, las reformas y los programas del gobierno de López Obrador. Carlos Mancera, con la colaboración de Martha Barrios Belmonte, identifica una creciente inequidad, tanto en el aspecto del acceso como en el de los niveles de aprendizaje, situación que perjudica principalmente a los estudiantes y a las comunidades escolares más vulnerables.
Si queremos evitar un futuro desolador, es urgente devolver el sistema educativo mexicano a su razón de ser: sus educandos. Amplias porciones del mismo han sido secuestradas para los fines políticos del titular de la Presidencia de la República, perjudicando aún más su calidad. Ojalá que muy pronto el presente sombrío que vive la educación en México pueda revertirse para que se consolide como un recuerdo amargo y no como una desgraciada herencia.
(Ciudad de México, 1978) es internacionalista y escritor. Es autor de Josefina Vicens (2021), ensayo biográfico publicado por la Enciclopedia de la Literatura en México (ELEM) y de la novela El misterio de la noche polar (2011, Jus).
