En un final casi de fotografía, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a finales de agosto y principios de septiembre que nada hay en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que entre en conflicto con la Constitución de la República. En cuatro sesiones, los once ministros se ocuparon del juicio de amparo que, poco después de promulgarse el ordenamiento que introduce en nuestro país el sistema de precio único, promovió Costco, el club de compras que consagra al libro un espacio microscópico de sus áreas de exhibición.
Poco faltó para que la balanza se inclinara hacia el lado del quejoso, en buena medida porque los argumentos presentados en la discusión delataban poco conocimiento de las prácticas comerciales en el orbe editorial: los debates en el alto tribunal estuvieron poblados de abstrusos tecnicismos y graciosas ocurrencias, anécdotas de este o aquel ministro sobre la venta de libros, disquisiciones sobre la oposición entre ciertos derechos –el de comercio y el de acceso a la cultura, por ejemplo– y aun lecciones de economía entre los togados, que parecen afectos al sutil arte de insultarse con elegancia.
Cuatro dolencias le produjo a Costco la ley del libro: la empresa se sentía afectada en su libertad de comercio, aducía un trato desigual entre productores y vendedores de libros, temía inseguridad jurídica frente a las decisiones de los particulares que, según la legislación, deben fijar los precios de venta al público y percibía en la ley obstáculos a la libre concurrencia económica. Olga Sánchez Cordero, que fue la ponente, consideró que ninguna de esas afectaciones eran tales o, si lo eran, no resultaban de peso suficiente, por lo que propuso negar la protección de la justicia federal ante los actos del Congreso de la Unión. Y aunque en la exposición de la ministra se escuchaban nítidamente los argumentos que se han esgrimido desde que se gestaba en las cámaras esta pieza legislativa, incurrió en errores que le hicieron notar incluso algunos de los miembros de la corte que terminarían apoyándola.
El debate arrancó en torno al posible conflicto de la ley impugnada y la libertad de comercio establecida en el artículo quinto constitucional; con sus baterías alineadas en favor de Costco se manifestó sobre todo el beligerante Salvador Aguirre Anguiano, que no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la ministra ponente por haber tomado una definición de “algo que se llama Wikipedia”, en vez de hacerlo del Código de Comercio, y consideró que en la ley “hay una bella intención envuelta en los fundamentos de la bruma”. Con siete votos contra cuatro, sin embargo, el pleno determinó que el precio único limita pero no atenta contra la libertad de comercio.
En el siguiente tema, el de la igualdad, el ministro Cossío repitió la posición que había expresado en el anterior: estaba de acuerdo con la ponencia pero difería en los argumentos. Su planteamiento, en esta ocasión y más adelante, fue el más comprensivo, en el doble sentido de la expresión: abarcaba el fenómeno en toda su amplitud y lo entendía, o buscaba hacerlo, a cabalidad; de ahí que afirmara que “no es lo relevante de la ley la fijación de un precio, es la fijación de las condiciones para estructurar un mercado del libro”. Al momento de votar, los pros y los contras fueron iguales que en el caso previo, situación que se modificó levemente al abordar la presunta violación a la seguridad jurídica, donde la mayoría llegó a ser de ocho ministros.
La médula del debate habría de venir cuando entró en escena la competencia económica y el ominoso fantasma del monopolio. El telón de fondo, por lo tanto, fue el artículo 28 de la carta magna, que se ocupa de materias tan dispares como la emisión de moneda, el servicio de telégrafo y el “privilegio” de los autores e inventores respecto de la explotación de sus obras, amén de que ahí se plantea la existencia de precios máximos para algunos productos. Guillermo Ortiz Mayagoitia, que votaría en contra, repitió el argumento de que el precio único atenta contra los libreros alejados de los polos urbanos, que deben afrontar unos costos de distribución en teoría prohibitivos. Margarita Luna Ramos, que también buscaba conceder el amparo, discurrió sobre quién debería fijar el precio, de tratarse de un precio máximo: el Estado o un particular, y en su momento puso el dedo en una de las principales llagas de la ley: la ausencia de sanciones en su articulado. En vista de las inexactitudes en que incurrían los debatientes, Cossío echó mano de “Confusiones sobre el mercado del libro”, el esclarecedor artículo que Gabriel Zaid publicó en estas páginas hace ya un lustro, en el que se explica el abusivo engaño que subyace al otorgamiento de grandes descuentos a unos cuantos libreros, en perjuicio de todos los demás puntos de venta y, por ende, de todos los compradores que no tienen acceso a las tiendas favorecidas. Experto en los aspectos económicos del derecho, Cossío concluyó que “se está privilegiando no la posición de los vendedores de los libros –o de ciertos vendedores de los libros– sino la construcción de una red cultural”.
Aguirre Anguiano quiso demostrar que Cossío “está equivocado de la a a la z”, pero a lo más que llegó fue a mostrar lo poco que entiende sobre los tipos de mercado –Cossío le recomendó más adelante consultar “cualquier libro de economía muy, muy básico”– y a mostrar la jerarquía con que ordena el mundo, pues descartó el argumento de Zaid aduciendo que “no es abogado, es editorialista”, a lo que Cossío replicó: “Que no sea abogado no implica que no pueda mencionar cosas jurídicas, como el ministro Aguirre hasta donde yo sé no es agricultor pero ayer nos hablaba de pepinos.” No le vendría mal al ministro tapatío zambullirse en otro texto zaidiano, “Malos argumentos”, publicado en 2006 en El Universal (www.eluniversal.com.mx/cultura/49902.html), donde queda clara la naturaleza monopólica del derecho de autor.
Al cabo de los enfrentamientos, ora sustanciosos, ora meramente confusos, también se negó el amparo a Costco por lo que toca a la libre concurrencia económica, si bien el marcador quedó con seis ministros en esa dirección y cinco en la contraria.
Por semejanza con este caso, el amparo planteado por la librería Porrúa habrá de ser resuelto de la misma manera. Queda allanado, pues, el camino para que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se aplique en plenitud. O mejor aún: para que imaginemos las reformas que necesita para convertirse en el verdadero punto de apoyo que necesitamos para mover el mundo del libro. ~
