Francis Fukuyama se ha referido en varias ocasiones a un problema reciente de las sociedades democráticas: la decadencia política. Se trata del hecho de que un régimen no puede procesar transformaciones necesarias en beneficio de la sociedad. Un corolario de la decadencia política es el estancamiento y la inmovilidad de un país. Así como hay decadencia política de los gobiernos, también la puede haber de los partidos políticos o incluso de la sociedad civil.
El dilema al que hoy se enfrenta la oposición en México puede ser ilustrado por el concepto descrito por Fukuyama. Para cualquiera que haya testimoniado la calidad de los candidatos a puestos de representación popular propuestos por los partidos políticos en los últimos años, es un hecho incontrovertible que esta es al menos mediocre, si no paupérrima. Existen limitaciones institucionales y de cultura política en los partidos políticos que les están impidiendo proponer candidatos capaces, inspiradores y con capacidad de liderazgo en todo el espectro político: de municipios a estados de la Federación, de diputados y senadores a la Presidencia de la República.
Ante esta situación, un sector de la sociedad civil ha reaccionado y se encuentra trabajando en una propuesta ciudadana que permita que este proceso sea conducido, al menos en parte, por los ciudadanos. Sería deseable que esta propuesta, o alguna otra puesta sobre la mesa por la sociedad civil, sea tomada en cuenta por los partidos políticos –sobre todo por el PAN, en la actual coyuntura–, que son quienes finalmente siguen teniendo capacidad de decisión en esta área.
La propuesta debe tomar en cuenta algunas ideas (expuestas a continuación sin que indique un orden de importancia):
Uno. Que, por su relevancia, al menos la candidatura presidencial de oposición sea decidida con la participación ciudadana y no solo por los cuadros y las burocracias partidistas, aunque es necesario insistir en que actualmente solo la dirigencia del PAN está oponiendo resistencia, por razones pragmáticas, a que los ciudadanos elijan al candidato de oposición. Lo cierto es que nada sería más beneficioso para la oposición que tener un candidato producto de una deliberación ciudadana, ya que establecería un claro contraste con la forma en que se hará el nombramiento en Morena y aliados, cuyo candidato será impuesto indudablemente por el presidente.
Dos. Que no solo puedan competir candidatos de partidos políticos, sino también aspirantes que carezcan de membresía partidista. La actual coyuntura política requiere, como lo dijo recientemente Anne Applebaum en el caso de México, de una audacia política que quizá los candidatos de los partidos no pueden ofrecer, al estar atados a estructuras anquilosadas.
Tres. Que durante el proceso de selección del candidato presidencial existan verdaderos debates entre quienes aspiran a dirigir al país. Es necesario el contraste de proyectos de país y de propuestas de política pública. Estos debates deberían ser reales y no simulados, para que los electores en verdad puedan elegir entre diversas alternativas. Debe buscarse que los debates sean difundidos lo más extensamente posible, quizás con acuerdos con las principales televisoras de país, y también por medio del uso intensivo e inteligente de las redes sociales.
Cuatro. Se podrían combinar diversos procesos de toma de decisiones por parte de la ciudadanía. La designación del candidato podría hacerse de manera ponderada: una parte por encuestas, otra parte por medio del voto digital y otro por medio del voto en urna tradicional. Se puede, desde luego, pensar en otras modalidades. El objetivo es asegurar que el proceso implique a la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas que quieran participar.
Cinco. Un problema, desde luego, es el costo de este ejercicio. Se han hecho cálculos que señalan que este proceso democrático sería muy asequible para los partidos. También se puede pensar en formas en que la propia sociedad civil podría contribuir financieramente a este esfuerzo.
Seis. Se necesita, desde luego, de un árbitro imparcial que califique la elección del candidato presidencial de la oposición. Aquí existen dos posibilidades: que fuera el INE o que fuera algún organismo ciudadano creado ex profeso para este menester. En el primer caso, de entrada se puede garantizar la objetividad e imparcialidad que ha caracterizado por casi un cuarto de siglo a nuestra institución electoral autónoma. Sin embargo, esto podría cambiar dependiendo del éxito que tenga el gobierno federal en promover el llamado Plan B y su intento de colocar a representantes suyos como consejeros electorales, incluyendo a su nuevo presidente. En el segundo caso, la sociedad civil misma podría integrar al árbitro. Podría ser de gran ayuda la asesoría de los antiguos consejeros presidentes del IFE-INE, así como de otros funcionarios de este organismo que tienen gran experiencia en organizar elecciones. De cualquier manera, es fundamental que este cuerpo ciudadano garantice la imparcialidad y eficiencia de la elección del candidato presidencial de la oposición.
La transición a la democracia en México que comenzó en la década de los noventa –aunque sus raíces provienen de luchas anteriores– es un proceso en marcha que se encuentra ahora ante uno de sus mayores desafíos. La decadencia política de los partidos políticos no debería de ser también la decadencia de la sociedad civil. Todo hace pensar que no es así: las dos recientes manifestaciones masivas en defensa de la democracia son un testimonio de que la ciudadanía mexicana se encuentra en movimiento y de que no permitirá que, como lo dijo Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo desaparezca.~
(ciudad de México, 1967) es ensayista, periodista e historiador de las ideas políticas.
