Las designaciones en el INE: Morena frente al espejo

En su etapa final, el proceso para elegir a los consejeros del INE obliga a Morena a decidir entre ser un partido faccioso o uno conciliador, que valide las nuevas designaciones aunque con ello debilite la narrativa victimista de cara al 2021.
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La designación, el próximo miércoles 22 de julio, de quienes ocuparán por los siguientes nueve años las cuatro vacantes en el Consejo general del Instituto Nacional Electoral será resultado de una negociación política, cuyo principal objetivo es dotar de legitimidad al árbitro para organizar las elecciones de 2021. Así aconteció en la instalación del primer consejo general del INE de 2014 y en la más reciente designación de tres consejeros en 2017.

Más allá de las presiones recurrentes de las que es objeto (por ejemplo, muchos de los que hoy promueven entusiastas la “defensa” al INE se enfrentaron a la decisión de no haber retirado el registro al Partido Verde en 2015), la autoridad electoral necesita contar con la calidad de referente moral que proviene, en buena medida, del reconocimiento y el respaldo de los partidos políticos y de la ciudadanía para realizar su misión.

Una prueba de lo que ocurre cuando este respaldo no es uniforme está en la fallida designación del consejo electoral del IFE en 2003, cuando la aplanadora del PRI y el PAN dejó fuera de la negociación al PRD, erigiendo una autoridad maltrecha que poco pudo hacer para enfrentar una elección tan cerrada y polémica como la de 2006.

Si en 2003 una mayoría en la Cámara rompió el consenso y le pasó por encima a la oposición, hoy es el partido en el poder y con mayoría en el Congreso el que muestra incapacidad para hacer política al interior de su base y encontrar una salida al laberinto en el que los metió uno de sus más alborotados operadores, integrante del Comité Técnico que evaluó a los aspirantes a los cuatro cargos vacantes.

John Ackerman tenía una sola misión al momento de incorporarse al Comité Técnico: garantizar que hubiera al menos una correa de transmisión del gobierno de la 4T en el Consejo General. En su lógica, eso estaría plenamente justificado, porque la única manera de “limpiar” al INE es usar el poder para servir a su proyecto político. Otros lo han hecho así en el pasado y ahora nos llegó la hora, pensaría. Que todo cambie para que nada cambie. Gatopardismo a la 4T.

Pero falló. Y entonces, Ackerman descalificó al proceso porque quedó fuera su candidata y principal apuesta, Diana Talavera, y entraron quienes no son de su agrado, como Javier Aparicio, Carla Humphrey o Miriam Hinojosa, todos ellos con méritos ampliamente demostrados para ocupar un lugar en el Consejo General, pero cuyo principal defecto sería, a juicio del propio Ackerman, no simpatizar con el partido en el poder.

Es muy importante reconocer el trabajo que hicieron Silvia Giorguli, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia, Sara Lovera, José Roldán Xopa y Diego Valadés, los otros integrantes del Comité Técnico, al evaluar a cientos de aspirantes hasta llegar a veinte perfiles distribuidos en cuatro quintetas. El propósito era restarle discrecionalidad a las designaciones y hacer más visible y, por tanto, relevante, el conocimiento, prestigio y experiencia en materia electoral de las y los aspirantes. Entre las personas finalistas se encuentran perfiles académicos y profesionales sólidos que pueden garantizar autonomía ante presiones políticas propias de este encargo.

Al descalificar el trabajo de sus colegas, Ackerman abrió un nuevo frente al partido y al presidente que tanto aplaude. Primero, porque hizo evidentes las divisiones al interior de Morena y colocó a Mario Delgado en una posición incómoda frente a la oposición, con la que debe llegar a un acuerdo de aquí al miércoles para votar las cuatro vacantes. Tras reconocer públicamente el trabajo del Comité Técnico, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena en Diputados dice estar comprometido a continuar por la ruta marcada para la ley. Debería entonces rechazar las exigencias jurídicamente disparatadas de un grupo de diputados de Morena, PT y PES para rehacer el proceso o dejar al INE sin cuatro consejeros, si bien ambas posibilidades están canceladas por la posibilidad contemplada en la ley de que, a falta de un acuerdo parlamentario, la Suprema Corte puede sortear las posiciones a partir de las quintetas que el Comité ya presentó el jueves pasado.

La posición chantajista de este grupo de diputados, que quiere descalificar las designaciones aun cuando su partido llevó mano en la integración del Comité Técnico, preside la Jucopo y cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, pone en la mira a un grupo más progresista, del que son figuras destacadas el propio Delgado, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o al mismo Porfirio Muñoz Ledo.

Es importante plantear la pregunta respecto a qué tipo de partido busca ser Morena, pues en esta definición pueden descarrilar el proceso de integración de una institución clave para la vida democrática del país. ¿Uno faccioso, que descalifica la nueva integración del árbitro electoral y con ello cancela la posibilidad de construir un consenso con la oposición –reeditando así los costosos errores de 2003– o, por otro lado, uno conciliador, que valide las nuevas designaciones aunque con ello debilite la siempre gustada narrativa del “fraude que se avecina” como excusa anticipada en caso de que Morena pierda votos en el 2021? La respuesta debería llegar el 22 de julio, cuando la Cámara concluya el proceso de designación postergado ya casi tres meses debido a la emergencia sanitaria.

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es investigador del CEIICH-UNAM y especialista en comunicación política.


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