En un entorno que ha pasado de entender la tecnología como la salvación de la democracia a convertirla en su máxima amenaza, las manipulaciones informativas de distinta naturaleza están, al menos desde 2016, presentes en los procesos electorales de todo el mundo. Aunque algunos las consideran como parte connatural del código comunicativo de las campañas electorales, en distintas ocasiones se ha demostrado que estas manipulaciones provienen de la acción estratégica de terceros estados como Rusia, China e Irán, que han convertido las elecciones en un espacio más de su política exterior en el que apoyar gobernantes afines o sembrar la inestabilidad y debilitar a los elegidos con la sospecha de la duda.
Esto ha provocado que desde hace unos años, en el marco de las elecciones, se desarrolle un debate sobre la capacidad de la tecnología para condicionar la autonomía de la voluntad, que aunque afecta al debate de la libertad humana en general, en este contexto afectaría a la libertad del voto. A pesar de un buen número de argumentos que reforzarían la idea, la falta de evidencias empíricas concluyentes ha provocado que las respuestas ofrecidas hasta el momento primen la importancia de la libertad de expresión, especialmente relevante para la libertad de actuación, y ofrezcan soluciones vinculadas a la transparencia; soluciones que buscan facilitar el proceso de decisión del voto, denunciando las manipulaciones y aumentando la información ofrecida.
La decisión del Tribunal Constitucional Rumano (32 de 5.12.2024) de anular las elecciones presidenciales, tras haber confirmado la validez de su primera vuelta, y a menos de 72 horas de la celebración de la segunda vuelta, supone un cambio radical en esta tendencia. La causa ha sido la injerencia rusa a favor del candidato independiente, y pro-ruso, Călin Georgescu, que pasó de un apoyo en las encuestas que rondaba el 1% a un resultado en las urnas cercano al 24% que le permitió ganar la votación y pasar a la segunda vuelta.
Según la información desclasificada por el gobierno rumano, la campaña híbrida se realizó a través de las plataformas sociales, especialmente Tik-Tok donde se crearon más de 25.000 cuentas falsas en la última semana y se distribuyó publicidad política sin etiquetarla como tal (en contra de las normas de la plataforma y de la ley electoral rumana). Para lograrlo se financió a influencers, cuyos mensajes se amplificaban con la actuación de bots y granjas de trolls coordinados. Además durante la semana previa las páginas oficiales relacionadas con el censo y la elección sufrieron un aumento progresivo de ciberataques masivos. Según los documentos revelados la mayoría de estas actuaciones estaban financiadas y coordinadas desde fuera del país, por medio de canales de Telegram y Discord, para tratar de eludir el control de las autoridades. Todo lo anterior permitió a los investigadores del CSTA (Consejo de Seguridad Nacional) concluir que hubo injerencias de Rusia en el proceso electoral y que estas favorecieron a un candidato, Georgescu Călin.
La decisión adoptada, anular unas elecciones, supone poner en tensión todo el sistema democrático, cuestionando las condiciones en que los electores han decidido su voto, y reconociendo, en último término, la incapacidad de garantizar la integridad del proceso electoral celebrado. Aunque peor sería modificar los resultados, o inventárselos sin ninguna base en los hechos, como vimos recientemente en Venezuela, antes de anular una elección, en casos similares se opta por evitar o contrarrestar estas injerencias, o incluso por suspender o modificar algún aspecto del proceso como la forma de votación.
Sin embargo, una vez celebrada la elección, su nulidad es una medida extraordinaria y extrema, algo así como la decisión de cortar un cable para evitar que explote una bomba, cuando se han intentado ya, sin éxito, todas las formas de desactivarla. Los motivos se reducen a una serie de causas establecidas expresamente en la ley (aunque en ocasiones como conceptos jurídicos indeterminados) y habitualmente relacionadas con la votación (en un número representativo de los colegios electorales), la inelegibilidad de los elegidos y la ausencia de garantías necesarias, que es donde se incluirían las coacciones a la libertad del voto o la ausencia de equidad. En todo caso, las irregularidades deben ser graves (afectando sustancialmente la integridad electoral), dolosas y determinantes para el resultado de la elección, primando en caso de duda la validez de la elección. Más extraordinaria es todavía la nulidad general de todo el proceso electoral, algo que se prohíbe expresamente en algunos países, cuyas causas son tan extraordinarias como: su celebración sin convocatoria previa, su realización en día distinto al de la convocatoria, o la existencia de actos de violencia o coacción suficientes para alterar su resultado.
En el caso que nos ocupa los motivos alegados en la sentencia son por un lado, la ventaja de un candidato, y el trato de favor de la plataforma social, que afecta al principio de equidad electoral; por otro, la opacidad algorítmica que afecta a la necesaria transparencia de estos procesos y, en tercer lugar, las serias sospechas de financiación irregular, evidenciada por el descuadre entre los millones de euros empleados en favorecer la campaña de Georgescu (por ejemplo una cuenta de TikTok que en un mes pagó más de 360 mil euros para favorecer mensajes favorables al candidato), mientras él mismo declaraba al órgano electoral no haber invertido ni un euro en publicidad.
Sin embargo, la decisión, adoptada sin un marco normativo previo adecuado en base a la aplicación directa de los principios generales de la Constitución y algunos principios de softlaw de la recientemente aprobada Declaración interpretativa de la Comisión de Venecia, plantea serias dudas.
La primera porque, más allá de la reiteración de las manipulaciones informativas promovidas por Rusia, evidenciadas en los informes desclasificados de las agencias de inteligencia, no se ha realizado un análisis riguroso del impacto de las conductas realizadas en el resultado.
La segunda porque la decisión llega tras iniciar, en base a la DSA, un procedimiento contra TikTok, al que se acusa de ser cooperador necesario de estas manipulaciones, donde, de momento, Bruselas se ha limitado a advertir a la plataforma de su obligación de conservar la información para no afectar la investigación.
La tercera, por la ausencia de medidas durante todo el proceso, cuando dado el volumen de las mismas el organismo electoral debería haber denunciado estas manipulaciones y actuado en consecuencia.
La cuarta, por la naturaleza del órgano que adopta la decisión de anular las elecciones. Aunque la materia objeto de la decisión y la decisión no son equiparables, el órgano actuante nos devuelve ecos de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Venezuela. En este caso la decisión viene precedida, además, por la exclusión de una candidata, que ya generó dudas sobre la imparcialidad del órgano. Además, su decisión de mantener en funciones al Presidente saliente, sin un mandato constitucional expreso, tampoco ayuda a su credibilidad.
Esto plantea dudas sobre el papel en este proceso de los órganos electorales, que pese a ser dos no aparecen mencionados en la sentencia. Y rompe otra tendencia que pasa por dotar a estos órganos electorales de nuevas competencias y capacidades para velar por la integridad electoral ante estas nuevas amenazas.
Aunque la decisión se ha querido leer como una derrota de Rusia en su plan de influencia, resulta precipitado anticipar sus efectos. Como cuando el artificiero corta el cable de la bomba segundos antes de su explosión, anular una elección tiene un riesgo elevadísimo de acelerar el estallido que pretendía evitar. En el plano interno será difícil evitar una percepción general de falta de respeto por la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, cuando la gran mayoría de ellos no son conscientes de esta manipulación y por tanto consideran que su voto refleja fidedignamente su voluntad, lo que puede tener efectos en el voto cuando se vuelva a celebrar la elección.
Además, aumentará la inestabilidad del país, extendiendo el virus de la duda y permitiendo a los posibles promotores cuestionar el carácter democrático de los países de la Unión Europea, especialmente entre sus ciudadanos, pero no solo.
Por último, y esto es quizás lo más relevante, se está creando un precedente, avalado por la Unión Europea, que deja en manos de organismos constitucionales de más o menos independencia la decisión de anular una elección por la existencia de manipulaciones informativas, independientemente del marco legal establecido.
Rumanía nos recuerda que las manipulaciones informativas amenazan seriamente las elecciones democráticas, y de paso, nos advierte sobre la necesidad de adoptar con antelación medidas preventivas que adapten el marco normativo, estrategias de comunicación persuasiva, incluso políticas educativas, dirigidas a proteger la integridad electoral, antes de acudir a este tipo de medidas desesperadas cuyos efectos pueden ser peores que los que se trata de evitar.
Rafael Rubio es doctor en Derecho Constitucional y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
