El modelo
La llamada Cuarta transformación (4T), con todo y su “Segundo piso”, no es un modelo de desarrollo con una visión integral del futuro del país. Es un modelo de dominación política que ajusta su perfil a lo que numerosos politólogos llaman gobiernos populistas. A partir de lo realizado por López Obrador, continuado por Claudia Sheinbaum, podemos identificar que el modelo tiene cuatro componentes.
El primero, que constituye el objetivo real del proyecto, es la concentración máxima de poder en el Ejecutivo, lo que supone la desaparición, debilitamiento, sometimiento y/o manipulación de todos los contrapesos. Un presidencialismo abierta y profundamente autoritario, que dice ser la representación única del pueblo.
El segundo, las políticas orientadas a incrementar los ingresos de la población pobre mediante los subsidios monetarios a diversos grupos sociales y los incrementos al salario mínimo. Su fin no es reducir la pobreza o las desigualdades, ni garantizar el ejercicio de los derechos sociales y económicos, sino crear y mantener clientelas electorales leales.
Un tercer componente es Morena, que se encarga, por un lado, de organizar y mantener las clientelas electorales para traducirlas en votos y, por el otro, de seleccionar las candidaturas a los puestos de elección popular, procesando los conflictos y evitando rupturas.
El cuarto componente es una narrativa “populista” difundida masivamente desde todos los aparatos del Estado con el apoyo de medios de comunicación privados. Su función ha sido generar identidad y cohesión en las bases sociales y dotar de sentido al esfuerzo “transformador”. Es la gasolina de la popularidad presidencial.
El modelo probó ser eficaz y exitoso si se considera como criterio el objetivo de concentrar y mantener el poder. El triunfo de Claudia Sheinbaum es la principal, pero no la única evidencia.
La otra cara de la moneda es la desatención o el agravamiento de los problemas del país, ya que solucionarlos no ha sido nunca el objetivo. La economía se estancó; la violencia e inseguridad se expandieron; la salud y la educación se deterioraron.
Pero eso no importa mientras se mantenga elevado el respaldo social a la gestión presidencial y las simpatías se traduzcan en votos. Y eso ha sido posible gracias, por un lado, a la política social y salarial (beneficios directos) y, por el otro, a la narrativa oficial que a los gobiernos salidos de Morena les permite evadir la responsabilidad de los problemas del país (que adjudican a los enemigos del pueblo) y mantener la lealtad hacia sí mediante la identificación entre pueblo y líder y la promesa de un futuro mejor.
Esta identificación se sostiene también en las entregas periódicas de dinero, convertidas en la evidencia dura de que el presidente (y, en algunos casos, por extensión, el gobierno) sí se preocupa por las personas y las convierte en el centro de sus acciones y preocupaciones.
Los fundamentos resquebrajados
Todas las piezas políticas del modelo encajan perfectamente y eso puede hacer pensar que está blindado. Sin embargo, el fundamento último del modelo es económico, y hay tres realidades que son su talón de Aquiles.
La primera, inmediata y obvia, son las finanzas públicas, ya que sin recursos presupuestales no habría programas sociales que repartan dinero. Al tomar posesión, López Obrador tenía finanzas públicas sanas (déficit pequeño, deuda pública controlada, abundantes fondos de reserva) que le permitieron destinar todos los recursos que quiso no solo a los programas sociales (que pasaron de alrededor de 300 mil millones de pesos a poco menos de 900 mil millones) sino a dilapidar más de dos billones de pesos en cancelar el aeropuerto, subsidiar a Pemex y CFE, y construir obras faraónicas de dudosa utilidad. Los últimos tres años de su gobierno contrató deuda con singular alegría, acumulando un saldo final en 17.7 billones, seis billones más que en 2018.
El resultado: le dejó a Claudia Sheinbaum un erario sostenido con alfileres. El déficit público heredado es de 6 puntos porcentuales del PIB, equivalente a alrededor de 1.5 billones de pesos. Desaparecieron todos los fondos de reserva; el margen para contratar más deuda se redujo considerablemente (si se excede, las calificadoras pueden quitarle al grado inversión al país) y el pago de los intereses ha crecido considerablemente, por lo que absorbe mayores recursos presupuestales, en detrimento del gasto para fines sociales o económicos.
El paquete económico para 2025 y su promesa de reducir el déficit público en dos puntos porcentuales fue aceptado, aunque con muchas dudas, por el sector privado, los inversionistas y las calificadoras. Sheinbaum solo ganó tiempo porque es muy probable que no se cumplan los pronósticos de la SHCP y tarde o temprano en el año, las cuentas no cuadrarán. Por lo pronto el gobierno ya anda a la caza de recursos para tratar de salir adelante. Los 2.4 billones de pesos de los trabajadores que administra el Infonavit están en la mira.
La segunda realidad sobre la que se soporta el modelo es el crecimiento económico, pues si la economía crece y lo hace con productividad, aumentan la recaudación y las condiciones para incrementar los salarios. Sin embargo, tanto López Obrador como los principales funcionarios y líderes morenistas no lo consideran relevante. ¿Se acuerdan cuando AMLO propuso sustituir al PIB por un índice alternativo que incluyera la felicidad del pueblo? Nunca hubo en el gobierno de AMLO una estrategia para impulsar el crecimiento económico.
El sexenio pasado tuvo el peor desempeño en incremento del PIB en los últimos 36 años, pues apenas creció 0.8% en promedio anual, por debajo de sus odiados gobiernos neoliberales. El saldo fue una economía en desaceleración que habrá crecido 1.5% en 2024 (contra 3.2 en 2023), nivel que aproximadamente se mantendrá este 2025. Sin crecimiento económico no habrá dinero en las arcas públicas para mantener el nivel de gasto actual.
Aquí entra la tercera realidad económica que interviene en la viabilidad de la llamada 4T, compuesta por algunos de los factores que hacen posible el crecimiento económico. En primer lugar, la confianza empresarial, sin la cual se frena la inversión privada, uno de los motores fundamentales del crecimiento. La primera grieta apareció cuando López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco; tras el triunfo de Sheinbaum y la construcción ilegítima de las mayorías calificadas de Morena en ambas cámaras del Congreso, junto con la aprobación de la reforma del Poder Judicial, la confianza se fue en picada. El índice de confianza empresarial global (que incluye el de manufacturas, comercio, servicios y construcción), elaborado por el INEGI, cayó de más ocho a menos cinco puntos entre enero y noviembre de 2024.
Detrás de las ilegítimas mayorías calificadas, la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos y la ampliación de la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa hay un poder excesivo, sin límites legales y un profundo debilitamiento del estado de derecho. Esto arroja a la actividad económica al abismo de la incertidumbre, de la discrecionalidad y los caprichos de funcionarios, legisladores y jueces. Y el estado de derecho es una segunda condición fundamental para la operación de cualquier economía La inversión productiva creció 16% en 2023; en 2024 lo hizo en apenas 5% y se espera que en 2025 decrezca 3%.
La discusión de la reforma judicial está centrada en el desastre que será la elección de los jueces en junio próximo, pero poco se habla de lo que significará para las empresas el colapso del sistema de justicia, de los cientos de miles de procesos judiciales que serán mal resueltos por deficiencias técnicas o por corrupción, de los años extra de rezago que sufrirán debido a la inexperiencia e ineptitud de muchos de los nuevos juzgadores. Para completar, seguirá el auge de la ideologización de las decisiones de política económica en sectores clave para el desarrollo: que la CFE tiene que ser empresa dominante por lo que deben ponérsele trabas a la inversión privada en electricidad; que Pemex es el garante de la soberanía nacional y, por tanto, hay que destinarle billones de pesos; que el maíz transgénico afecta a la salud, por lo que hay que arriesgar la permanencia en el T-MEC o pagar multas multimillonarias y elevar a rango constitucional su prohibición a falta de pruebas científicas; que necesitamos ferrocarriles de pasajeros, así que gastemos una fortuna en trenes que irán vacíos y necesitarán subsidios como símbolo de la irracionalidad presupuestal. La lista es más grande y crecerá.
La presidenta presentó el Plan México para aprovechar la relocalización de empresas, factor que pudiera dinamizar la economía aunque no en la magnitud prometida. Lástima que los muy escasos recursos para la inversión pública en 2025 no estarán destinados a las áreas necesarias para crear las condiciones propicias: energías limpias, agua, puertos, autopistas y, por supuesto, estado de derecho. Tampoco se eliminan las contradicciones políticas del crecimiento.
A la ausencia de confianza de los inversionistas por la debilidad del estado de derecho y la ideología de los morenistas, habrá que añadir los impactos que tengan las políticas antimexicanas de Donald Trump. No sabemos de qué magnitud y extensión serán los aranceles, pero impondrá algunos y se traducirán en menos exportaciones y menor crecimiento. Tampoco sabemos la magnitud de las deportaciones masivas prometidas, pero en el mejor de los casos, van a llegar cientos de miles y eso tendrá impactos sociales y políticos relevantes en la frontera norte del país. La incertidumbre sobre los términos de la revisión del T-MEC producirá, en el mejor de los casos, desconfianza para invertir que durará, por lo menos, hasta 2026. Si se complican las cosas y la revisión se convierte en renegociación, las consecuencias podrían ser más graves.
Los escenarios y las opciones
Visto todo lo anterior, la economía difícilmente crecerá lo suficiente en todo el sexenio como para financiar la expansión de un proyecto que reparte enormes sumas de dinero y gasta cantidades inmorales en proyectos con una utilidad social y económica muy dudosa, al tiempo que deja sin recursos las áreas que son condiciones básicas del desarrollo: educación, salud y seguridad, causa de malestares sociales crecientes. De no suceder algo extraordinario, el sexenio será meramente inercial, pues con crecimiento de 1 o 2% podrá mantener, aunque con grandes dificultades y arriesgando el grado de inversión, el nivel actual de dispendios sociales y productivos. Ese sería el escenario optimista.
Pero las probabilidades de un deterioro y eventualmente una crisis económica son muy elevadas. Las causas de eso serían básicamente dos: las políticas antimexicanas de Trump y los errores de conducción económica del actual gobierno, si Claudia Sheinbaum no abandona sus convicciones autoritarias, sus dogmas estatistas ni sus ilusiones de que México y el estado de derecho van muy bien.
Así visto, la lista de detonantes de una crisis económica puede ser larga: finanzas públicas descontroladas para incrementar los programas sociales o las obras faraónicas; mantener la ruta que lleva Pemex; instrumentar políticas económicas absurdas (campo, ferrocarriles, minería); generar mayor desconfianza en el sector privado, como por ejemplo una reforma hacendaria que pretenda recaudar más, pero que espante a la inversión y genere fuga de capitales, lo que la volvería contraproducente; permitir que el crimen organizado siga apropiándose de territorios e instituciones estatales con el cobijo de Morena.
También puede darse una combinación de crisis en la relación comercial con Estados Unidos y errores internos. En este caso lo más probable es que se vaya deteriorando gradualmente la economía y haya crecimientos mínimos, como en el sexenio anterior, sin descartar una crisis (recesión, devaluación, inflación, desempleo, recortes severos del gasto público). A los descontentos por cuestiones sociales y de seguridad se añadirían los afectados por la crisis económica.
La historia del sexenio de AMLO es que la popularidad presidencial dejó de pasar por los malos resultados y que una buena parte de la sociedad ignora la realidad cuando se trata de evaluar al gobierno. Este fenómeno ha continuado con Claudia Sheinbaum, en buena medida, por la narrativa maniquea que le permite evadir su responsabilidad al culpar a los gobiernos neoliberales de la situación del país, y por la credibilidad que a ese discurso dan los programas sociales.
¿Cuánto tiempo más será eficaz al antídoto de la narrativa frente a la realidad? ¿Cuándo pesarán más en los creyentes de la llamada 4T las angustias sociales –y en un futuro muy próximo las económicas– que las transferencias monetarias? Es difícil responder esas preguntas, pero es fácil pensar que la balanza se irá inclinando poco a poco en sentido contrario a lo que ha sucedido hasta ahora, debido a las nuevas variables que van a entrar en juego: los efectos de unas finanzas públicas frágiles y una economía que difícilmente resistirá los embates de Trump y del propio gobierno mexicano. ~
Es especialista en seguridad nacional y fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Es socio de GEA.
