Los periodistas solemos creer que las historias comienzan con un expediente. Una denuncia. Un acta. Una declaración ministerial. Esta comenzó con otra cosa: un video. Un profesor con veinticinco años de antigüedad. Una denuncia por abuso sexual. Un suicidio. Horas después, millones de reproducciones. Días después, una ley con nombre propio.

El 14 de julio, una estudiante del plantel Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra el profesor Alberto Israel Jasso Cruz. De acuerdo con el relato que el propio profesor hizo en video, la joven lo acusó de haberla tocado en seis ocasiones durante un mismo día, situación que habría derivado en una crisis de ansiedad de la estudiante por la que requirió de atención médica.

Una semana después, el 21 de julio, Jasso Cruz habría sido hallado sin vida en su vivienda, pero antes de morir, grabó un video de poco más de tres minutos en el que, sin levantar la voz ni mostrar enojo, sostuvo que la denuncia era falsa, cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia y explicó por qué no pensaba enfrentar el proceso penal.

“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario”, afirmó. Después sostuvo que en este tipo de casos la presunción de inocencia no se respeta y aseguró sentirse en desventaja frente al sistema judicial. Insistió en que su decisión debía entenderse como “un acto de rebeldía” y “un sacrificio” para llamar la atención sobre lo que consideraba fallas estructurales del sistema de justicia mexicano, al que acusó de ser corrupto y de provocar un desgaste económico, emocional y social para las personas denunciadas.

Y luego, silencio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido un comunicado oficial que detalle el estado de la carpeta de investigación. El IEMS, por su parte, publicó un comunicado, sin confirmar hechos ni lamentar la muerte de docente alguno, en el que acusó que la difusión del caso propicia “escarnio y revictimización de las personas afectadas por un posible hecho violento”, pero no ofreció detalles sobre algún procedimiento administrativo interno existente ni sobre las evidencias que lo sustentaban.

El equipo de Televisa N+ solicitó información a la Fiscalía respecto a la carpeta de investigación y, según reportó, las autoridades solo respondieron que estaban “buscando información del caso”. La historia que tuvo enorme repercusión en redes se sostiene casi exclusivamente sobre el testimonio póstumo de una persona que ya no podrá ser confrontada.

Por lo demás, no hay familiares pidiendo justicia, ni imágenes del funeral, ni del sepelio en el Panteón San Miguel Tecopoluán, en el Estado de México, del cual no hay un registro público claro, pues en los buscadores y cartografía pública el nombre no existe.

Vale la pena detenerse aquí. No porque esa versión sea necesariamente falsa; de hecho existe un acta de defunción. Tampoco porque deba asumirse como verdadera. Sino porque el periodismo, antes de decidir entre una y otra, tendría que hacer algo más elemental: establecer qué sabemos, qué ignoramos y qué simplemente estamos repitiendo. Ésa era, hasta hace no mucho, una de las funciones más nobles del oficio.

Antes de que alguien pudiera reconstruir los hechos, el video de Jasso ya había organizado las conclusiones. En cuestión de horas, los titulares se repitieron, los alumnos anunciaron movilizaciones, la organización Equidad y Justicia habló de una “Ley Alberto” y la conversación pública se instaló en un terreno donde ya no cabían los matices. El maestro era una víctima. La denunciante era una mentirosa. El sistema de justicia era el villano. Todo a partir de una sola fuente: un testimonio póstumo.

La propuesta, en abstracto, no es desechable; revisar los protocolos institucionales, proteger la presunción de inocencia y castigar los señalamientos falsos son objetivos legítimos. Pero el momento que eligen para hacerla pública y el nombre revelan que la ley no nació del caso; el caso fue usado para bautizar la ley. La organización indicó que lleva meses trabajando en una iniciativa para fortalecer el respeto a la presunción de inocencia y combatir las denuncias de hechos falsos, pero compartieron que decidieron ponerle el nombre de “Ley Alberto” tras darse a conocer el caso del profesor, aunque no existe confirmación de que se haya presentado una iniciativa formal ante el Congreso.

En el funeral, jóvenes a los que se acreditó como sus alumnos declararon que el profesor solo pecó de preocuparse de más por sus alumnos y que nunca fue irrespetuoso; que era no solo un buen profesor, sino también un buen hombre. La página de Facebook “Justicia para el profesor Alberto Jasso” difundió una versión según la cual el contacto físico ocurrió únicamente cuando el profesor despertó a la alumna porque se había quedado dormida y cuando la tomó del brazo para evitar que se cayera. Ninguna de estas afirmaciones fue sometida a verificación independiente. La prensa las replicó como si fueran hechos probados. La opinión pública las aceptó como verdades reveladas.

En el video, Jasso Cruz hace exactamente lo que los colectivos feministas han denunciado durante años: expone el nombre y la fotografía de la estudiante que lo denunció. La señala públicamente como mentirosa, expoiéndola a una ola de acoso digital.

El colectivo Las Brujas del Mar calificó el video como “el último acto de violencia contra Jocelyn Ramírez”. El profesor, desde su propia lógica, se presentó como un mártir, ofreciéndose como sacrificio para que el sistema de justicia sea mejorado y se respete la presunción de inocencia. Pero el sacrificio no fue solo suyo. La denunciante, cuyo nombre quedó registrado en la prensa, fue sometida a una condena pública que, en la práctica, invirtió la carga de la prueba: ella ya era culpable antes de que nadie examinara su testimonio.

Conviene preguntarse quién encontró en esta historia la confirmación de sus propias certezas. Los hubo en todos los bandos. Quien confirmó que el feminismo destruye vidas. Quien confirmó que todo cuestionamiento a la denuncia es violencia. Quien confirmó que el sistema judicial está roto. El algoritmo premia certezas. Indignación. Mártires. Villanos. Nunca expedientes.

Tal vez dentro de unos meses conozcamos el expediente completo. Tal vez confirme la versión que hoy circula, tal vez la contradiga. Para entonces ya habremos aprendido otra lección: una sociedad puede discutir durante días un expediente que nunca leyó, y no darse cuenta.

El caso de Jasso, más que una aparente tragedia individual, revela la facilidad con la que sustituimos documentos por convicciones, la facilidad con la que prescindimos de la evidencia, la comodidad con la que elegimos un bando antes de que los hechos estén sobre la mesa.

Durante días se ha discutido con apasionamiento un expediente que nadie, o casi nadie, ha leído. Opinamos sobre diligencias que desconocíamos. Convertimos un video en prueba, la conversación en investigación y nuestras intuiciones en certezas. Quizás ésa sea la noticia más importante de toda esta historia. ~