La Universidad Nacional Autónoma de México convocó a cerca de 58 mil aspirantes a un examen presencial de control tras detectar resultados atípicos en la primera aplicación en línea de su concurso de ingreso a licenciatura. Entre 2021 y 2025, alrededor de 3% de los participantes había obtenido cien o más aciertos de un total de 120. Este año, la proporción ascendió a 16%. Los resultados superiores a 110 aciertos se multiplicaron aproximadamente por seis.
La anomalía no prueba un fraude generalizado. La UNAM recibió miles de respuestas, pero no pudo determinar con certeza cuáles reflejaban el conocimiento de sus autores. Algunos aspirantes pudieron aprovechar las vulnerabilidades del sistema; otros obtuvieron legítimamente sus resultados. Ante la imposibilidad de distinguirlos, quienes actuaron correctamente deberán demostrar otra vez lo aprendido.
La discusión se ha concentrado en las fallas de la plataforma informática en que se presentó el examen originalmente, la supervisión a distancia y el posible uso de inteligencia artificial. Son asuntos indispensables. La Universidad deberá explicar lo ocurrido, la insuficiencia de sus mecanismos de seguridad y las responsabilidades de la empresa contratada y de sus propias autoridades. Sin embargo, el episodio plantea una cuestión más profunda: ¿qué significa ser universitario en México?
Para miles de jóvenes y sus familias, ingresar a la Universidad puede modificar una trayectoria personal, ampliar las oportunidades laborales y hacer posible una vida distinta. Esa expectativa explica el énfasis puesto en conquistar un lugar. El problema comienza cuando reducimos la educación superior a una escalera individual: superar los filtros, obtener una credencial y avanzar. El aprendizaje y la relación con el conocimiento pasan entonces a segundo plano.
Bajo esa mirada, el posible fraude representaría solamente una forma injusta de adelantarse en la fila. Alguien habría ocupado el lugar correspondiente a otra persona. El daño sería real, pero no alcanzaría a explicar la dimensión del problema.
La sociedad encomienda a las universidades una tarea más amplia: producir conocimiento, someterlo a prueba, transmitirlo y reconocer públicamente a quienes lo han comprendido. Comprender no consiste en poseer una respuesta correcta, sino en poder explicar el razonamiento, confrontarlo con las preguntas de otros y revisar las propias conclusiones. La conversación no es un complemento del aprendizaje, sino el espacio donde la comprensión se demuestra. Así, la formación universitaria permite distinguir la información del conocimiento, la repetición de una idea de su comprensión y una opinión de un razonamiento sustentado.
Esa función adquiere un valor particular en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, 75.9% de la población adulta consultada en zonas urbanas manifiesta mucha o alguna confianza en las universidades públicas. Es el porcentaje más alto entre las instituciones públicas incluidas en la medición. Las cámaras de Diputados y Senadores alcanzan 29.7%; los partidos políticos, apenas 23.9%.
El dato no expresa solamente prestigio. En un país donde buena parte de las autoridades y los órganos de representación han perdido credibilidad, la sociedad todavía confía en las universidades para distinguir el conocimiento de su apariencia. No supone considerarlas impecables ni aceptar sus decisiones sin reservas. Significa reconocer autoridad a sus procedimientos para investigar, contrastar, evaluar y acreditar.
De esa confianza nace una responsabilidad concreta. Nace porque otras personas dependen de conocimientos y acreditaciones imposibles de verificar por sí mismas. Un paciente no puede reconstruir por completo el razonamiento de su médico; una familia carece de medios para comprobar los cálculos estructurales del edificio donde vive; un ciudadano no siempre puede evaluar el dictamen de un abogado o las conclusiones de un investigador. Confían en una formación, pero también en la capacidad del profesionista para explicar sus decisiones, escuchar objeciones y responder por sus consecuencias.
Presentar como propio un resultado incomprendido no viola únicamente una regla ni supone solo adelantarse en la fila: significa reclamar una confianza sin poder justificarla. Esa es la contradicción revelada por el examen de la UNAM: algunos aspirantes pudieron intentar ingresar mediante una simulación a una institución cuya autoridad pública descansa en acreditar la comprensión.
La responsabilidad, sin embargo, no recae únicamente en ellos. La UNAM decidió aplicar completamente en línea un examen a más de 158 mil personas. Incorporó verificación de identidad, grabación del entorno, un navegador especial y mecanismos automatizados de supervisión. A pesar de esas medidas, produjo resultados imposibles de validar con suficiente certeza.
La institución debe sujetarse a la misma exigencia planteada a los aspirantes. No puede pedirles pruebas de su comprensión y eximirse de ofrecer evidencia sobre sus propias decisiones. Necesita explicar las fallas, el momento de su detección, la información disponible y aquello todavía desconocido. También debe justificar el examen presencial de control como la alternativa más equitativa y evitar trasladar todo el costo de su error a miles de jóvenes honestos. La transparencia no es una concesión: es la manera institucional de responder por la confianza recibida.
José Vasconcelos y Manuel Gómez Morin entendieron la responsabilidad universitaria como una forma concreta de responderle a México. Vasconcelos llevó el conocimiento más allá de las aulas y lo convirtió en educación, cultura y conversación pública: la Universidad debía ayudar al país a comprenderse y ampliar las posibilidades de sus habitantes. Gómez Morin defendió la condición necesaria para cumplir esa tarea: una comunidad autónoma, capaz de estudiar la realidad, intercambiar razones y sostener sus conclusiones sin someterse al poder. Vasconcelos mostró para qué debía servir la Universidad; Gómez Morin, la libertad que necesitaba para hacerlo.
Ninguno concibió la formación universitaria como un privilegio privado. Comprender mejor la realidad aumentaba la responsabilidad de actuar sobre ella: enseñar, participar en la vida pública, construir instituciones y responder por las propias afirmaciones. Esa es la tradición que México necesita recuperar. En un país donde la polarización comienza a romper incluso los acuerdos sobre los hechos, no basta con acumular información ni exhibir credenciales. Se necesitan universitarios dispuestos a explicar lo que saben, confrontarlo con otros y rectificar cuando la evidencia contradiga sus conclusiones.
Recuperar esa tradición no significa volver a la Universidad del pasado ni responder a las nuevas tecnologías con la prohibición. La inteligencia artificial permanecerá en las aulas y modificará las maneras de investigar, escribir y aprender. El desafío consiste en incorporarla sin renunciar a la comprensión, el criterio, la autoría. Habrá que combinar trabajos escritos con explicaciones orales, documentar los procedimientos empleados y exigir la defensa personal de las soluciones presentadas.
Tampoco bastará una nueva materia de ética. La responsabilidad frente al conocimiento se aprende al estudiar, investigar y evaluar. Si solo cuenta el producto entregado, la tecnología facilitará sustituir la comprensión por una respuesta plausible. Si cada estudiante debe explicar, contrastar y defender su trabajo, la Universidad podrá reconocer la capacidad intelectual detrás del resultado.
Lo ocurrido no demuestra una pérdida de confianza en la UNAM ni permite juzgar al conjunto de las universidades mexicanas. Pero sí revela las condiciones necesarias para conservarla.
Ser universitario en México significa responder por una confianza pública. Esa responsabilidad comienza en quien aspira a ingresar, continúa en las aulas y alcanza a la propia institución. Hoy la Universidad conservará esa autoridad si demuestra, en sus prácticas y decisiones, que todavía puede responder por aquello que pide a la sociedad reconocer como verdadero. ~
