En la investigación recientemente publicada por el Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, sobre la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, hay una frase especialmente incómoda para quienes creyeron que la llamada Cuarta Transformación representaría una ruptura con las prácticas autoritarias del pasado: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

La frase no es sino la conclusión de Under attack: Targeting of journalists and human rights defenders in Mexico, una investigación que documentó lo ocurrido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. Durante ese periodo, Berkeley contabilizó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados; 78 periodistas y 259 defensores.

El informe documenta también vigilancia, hostigamiento digital, procesos legales y una persistente estigmatización pública de quienes ejercían labores de vigilancia sobre el poder.

Así, lo que emerge del texto es una campaña sostenida contra periodistas y defensores que comenzaba con una descalificación pública, continuaba con acciones de hostigamiento digital o vigilancia y, en sus manifestaciones más extremas, violencia física.

La universidad no busca demostrar que el gobierno federal haya ordenado los asesinatos. Tampoco todos los homicidios de periodistas en México tienen necesariamente la misma causa. Lo que hace es documentar un entorno en el que quienes investigaban el crimen, la corrupción y los abusos del Estado eran señalados como adversarios y quedaban expuestos a niveles extraordinarios de violencia e impunidad.

La investigación de Berkeley merece atención por una razón particular: no nació como un informe académico sobre la violencia contra periodistas. Nació mirando hacia La Haya. El Human Rights Center explica que la investigación fue concebida originalmente como una presentación jurídica ante la Corte Penal Internacional y su objeto era llevar a debate si la persecución de periodistas y defensores durante ese periodo, incluyendo la participación o tolerancia de instituciones estatales, podría reunir los elementos de un crimen de lesa humanidad.

Habría que preguntar qué tuvo que ocurrir en México para que un centro universitario terminara considerando que la persecución de periodistas podía ser examinada como un crimen de lesa humanidad.

La discusión sobre los ataques a periodistas en México se ha reducido muchas veces a una sucesión de tragedias: otro periodista asesinado, otro reportero amenazado, otra investigación que no llega a ninguna parte. El equipo de Berkeley propone mirar el conjunto y pensar qué sucede cuando la violencia que sufren los periodistas desde distintos frentes convive con un discurso presidencial que los presenta como adversarios y con un sistema de justicia incapaz de garantizar consecuencias.

La ironía es que al asumir la presidencia, López Obrador prometió precisamente aquello que la investigación obliga ahora a revisar. Ofreció que no habría espionaje a opositores ni a ciudadanos; que se respetaría la libertad de expresión y que “nunca” el gobierno aplicaría censura a ningún periodista o medio de comunicación. En otro de sus compromisos aseguró: “Se garantizará la libre manifestación de ideas […] y la libertad de prensa”. También prometió que el Ejecutivo dejaría de ser “el poder de los poderes”.

No eran promesas accesorias. Formaban parte de la ruptura que López Obrador decía representar frente al antiguo régimen. Y por eso la contradicción resulta más significativa: un movimiento que había denunciado durante años el uso faccioso del Estado llegaba al poder ofreciendo una nueva relación con la prensa y mayores garantías para quienes ejercieran la crítica.

Berkeley resume así lo que vino después: “López Obrador llegó al poder tras dos campañas presidenciales perdidas que, en parte, atribuyó a la prensa, y llevó consigo ese resentimiento al gobierno”. Desde las primeras semanas de su mandato, comenzó a darse algo mucho más que una mala relación con la prensa: el poder presidencial comenzó a tratar a los periodistas críticos como enemigos. Desde Palacio Nacional se les señaló, desacreditó y exhibió como parte de los intereses que, según el discurso oficial, conspiraban contra la transformación.

El jefe del grupo político en el poder convirtió la descalificación de periodistas en una práctica cotidiana. Les llamaba “chayoteros”, “conservadores”, “hipócritas”, “mercenarios”, “hampa del periodismo”; a los medios los trataba de “pasquín inmundo” y decía que quienes lo cuestionaban “muerden la mano de quien los liberó del bozal”. Berkeley analizó mil 437 conferencias mañaneras y encontró 2 mil 827 segmentos que su metodología identificó como estigmatizantes hacia periodistas.

En abril de 2025, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que las conferencias mañaneras habían operado como un instrumento de estigmatización de periodistas críticos. Sus integrantes sostuvieron que, mediante recursos públicos, se señalaba unilateralmente a periodistas como “mentirosos” y que el poder político se atribuía de facto la facultad de definir qué era verdad y qué era mentira.

El criterio publicado por el Poder Judicial describió aquello como un sistema de propaganda gubernamental “postfactual” en busca de imponer una versión deformada de la verdad: “Se emplean recursos públicos bajo la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno”.

La hostilidad no se quedó en las palabras. Berkeley reconstruyó, a partir de contratos, registros de adquisiciones y otros documentos, evidencia sobre el uso de herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores durante el sexenio, así como la participación de estructuras militares en su adquisición y operación. El gobierno que había prometido terminar con el espionaje a opositores no solo mantuvo esa capacidad: la utilizó sobre quienes investigaban y cuestionaban al poder.

Aquí conviene bajar el volumen antes de subirlo. La Corte Penal Internacional no ha abierto una investigación contra Andrés Manuel López Obrador; no existe un procedimiento para llevarlo a juicio en La Haya. México tampoco figura actualmente entre las situaciones que la Fiscalía de la Corte tiene bajo investigación. Presentar el informe de Berkeley como una acusación formal contra el expresidente sería, además de impreciso, una frivolidad. Lo que Berkeley plantea es algo más puntual: que la evidencia reunida sobre la persecución de periodistas y defensores durante su gobierno merece ser examinada por la Fiscalía para determinar si puede existir un crimen de lesa humanidad de competencia de la Corte.

En otras palabras, Berkeley no está diciendo que la Corte haya encontrado un crimen ni que López Obrador deba ser llevado a juicio. Está pidiendo que la Fiscalía mire hacia México. Después de años de documentación, el Human Rights Center sostiene que existe suficiente evidencia para justificar una evaluación preliminar.

La pregunta es, por tanto, qué ocurre cuando el poder deja de considerar la crítica periodística como algo propio de la democracia y comienza a tratarla como una amenaza, incluso como una actividad golpista, y pone la palabra presidencial y los recursos del Estado al servicio de convertir al crítico en enemigo.

Entonces, la discusión deja de ser únicamente sobre aquello que hace el poder y empieza a ser sobre algo más inquietante: la realidad que el poder necesita construir para justificar la persecución de periodistas y defensores.

Camus se preguntaba “¿qué es un hombre rebelde?”. Y respondía: “Un hombre que dice no”. El peligro comienza cuando el poder consigue convertir ese no en otra cosa; cuando un acto de libertad empieza a aparecer, dentro del relato oficial, como una prueba de culpabilidad. ~