En los días siguientes a la elección de 2024, que devolvió a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y entregó el control del Congreso al Partido Republicano, una larga lista de agoreros anunciaba el comienzo de una prolongada hegemonía del movimiento MAGA y el colapso del partido Demócrata. Era, como ha quedado claro, una exageración.

Pero argumentos no faltaban.

Trump había vuelto al poder a pesar de haber alentado los esfuerzos por revertir la voluntad popular expresada en las elecciones de 2020, que culminaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Aquel intento de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden fracasó gracias, en buena medida, a la determinación del propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, quien se negó a desconocer los resultados electorales.

El episodio debió costarle a Trump la vida política. La cobardía de los dirigentes republicanos, aterrados ante el alcance del atractivo del caudillo entre sus bases, consiguió lo contrario. Durante la presidencia de Joe Biden, Trump ejerció como líder de facto de la oposición, construyendo, a la usanza de otros dirigentes populistas, una suerte de presidencia alternativa, instalada en las sombras, desde donde dictaba la agenda del Partido Republicano y mantenía intacta su influencia sobre millones de estadounidenses. Ni siquiera las múltiples investigaciones judiciales y su condena penal consiguieron debilitar su ascendiente sobre el electorado republicano.

La fragilidad de Biden, cada vez más evidente conforme avanzaba su mandato, la persistencia del malestar económico provocado por la inflación posterior a la pandemia y la obstinación de sectores progresistas en las guerras culturales asociadas con el movimiento woke terminaron por abrirle nuevamente las puertas de la Casa Blanca a Trump.

El triunfo en el 2024 no representó un mandato electoral abrumador, pero sí una victoria política de enorme trascendencia. Por primera vez desde su irrupción en la política estadounidense, Trump llegaba a la Casa Blanca con un partido prácticamente sometido a su voluntad y sin los contrapesos internos que habían limitado, al menos parcialmente, los excesos de su primera presidencia.

El triunfo de Trump y su partido dio paso a un río de tinta que auguraba una larga noche para los demócratas. Dan Balz, uno de los analistas políticos más experimentados de The Washington Post, publicó un ensayo cuyo título resumía el estado de ánimo de la oposición: “Los demócratas enfrentan un ajuste de cuentas y una larga reconstrucción. No hay soluciones rápidas”.

La discusión no se limitaba a la derrota de Kamala Harris. Lo que estaba en entredicho era la identidad misma del partido Demócrata, su capacidad para representar a las clases trabajadoras, su relación con los votantes latinos y su creciente dependencia de un electorado urbano, universitario y económicamente acomodado. La pérdida de terreno entre sectores tradicionalmente asociados con la coalición demócrata parecía anunciar un realineamiento político de consecuencias históricas.

El partido Republicano parecía haber encontrado una fórmula capaz de reunir a sectores de la clase trabajadora blanca, votantes conservadores de distintas minorías y una nueva generación de ciudadanos desencantados con las élites políticas y culturales del país.

El partido Demócrata, por el contrario, parecía condenado a una larga travesía por el desierto.

Dos años después, aquellas certezas merecen una revisión profunda.

La erosión de las aspiraciones hegemónicas del partido Republicano tiene mucho que ver con las decisiones de su propio líder. El Trump que llegó a gobernar a principios de 2025 resultó ser una versión más radical y revanchista que el neófito político que conquistó la presidencia en 2016. Ese afán de venganza transformó la primera mitad de su segunda presidencia en un ejercicio de confrontación e irresponsabilidad hacia el exterior y de concentración del poder hacia el interior. El resultado ha sido una administración marcada por decisiones de graves consecuencias económicas, políticas e institucionales, cuyo costo electoral comienza a hacerse evidente.

La economía ha sido un factor central. Trump volvió a la Casa Blanca prometiendo revertir las consecuencias de la inflación que aquejó al gobierno de Biden y que los republicanos explotaron hasta la última gota durante la campaña presidencial de 2024. El resultado es el desencanto. La vivienda, los alimentos, la energía y el acceso al crédito han seguido siendo preocupaciones fundamentales para millones de familias. Y, a diferencia de otros episodios, Trump difícilmente puede atribuir la fragilidad económica a factores ajenos a sus propias decisiones: fue él quien decidió emprender una nueva ofensiva arancelaria y quien optó por abrir un frente de guerra en el corazón del mercado energético mundial.

La guerra con Irán es otra clave para entender el desgaste republicano. Desde su irrupción en el escenario político en 2015, Trump criticó reiteradamente las intervenciones militares estadounidenses y prometió evitar nuevas guerras en el exterior. Su segunda presidencia terminó por contradecir aquella promesa. La intervención militar contra Irán expuso las tensiones entre su retórica aislacionista y el ejercicio efectivo del poder, además de añadir incertidumbre a los mercados energéticos y alimentar una nueva discusión sobre el costo económico y político de los compromisos militares de Estados Unidos.

A ambas decisiones, Trump sumó una política migratoria cuya aplicación ha estado marcada por denuncias de abusos y violaciones de derechos. Las detenciones de personas sin antecedentes penales, las polémicas sobre el debido proceso y los casos de ciudadanos estadounidenses sometidos por las autoridades migratorias provocaron indignación y cuestionamientos públicos. Una política que Trump había presentado como un instrumento para recuperar el control de la frontera terminó por suscitar un debate mucho más amplio sobre los límites del poder del Estado y las garantías individuales. La crueldad de la política migratoria también sirvió para revertir los avances electorales que los republicanos habían conseguido entre determinados sectores del electorado hispano.

Del otro lado, el partido Demócrata –desahuciado por tantos analistas febriles hace apenas un par de años– demostró que no estaba tan muerto. Su principal virtud fue comprender la importancia de una selección sensata de candidatos. El partido, que hasta hacía poco había exigido una disciplina ideológica tan rígida como improductiva, entendió que debía recuperar la flexibilidad y atender las particularidades de cada distrito y de cada electorado.

Así, escogió en Texas a James Talarico, un candidato joven, de tono pastoral y con evidentes dotes de predicador, que resultó ser una combinación ideal para un electorado texano desencantado. Talarico consiguió traducir el malestar local en una candidatura capaz de disputar el terreno cultural y político que los republicanos daban por conquistado.

Algo similar ocurrió en la Cámara de Representantes. En el sexto distrito de Arizona, tradicionalmente muy disputado, los demócratas eligieron a JoAnna Mendoza, una mujer hispana y veterana de las fuerzas armadas, para intentar derrotar al congresista republicano Juan Ciscomani. Mendoza consiguió lo que no había logrado la candidata demócrata anterior, Kirsten Engel: arrebatar el escaño a los republicanos. La lista de ejemplos es larga.

Si el partido Republicano se encaminaba hacia un periodo de hegemonía, esa aspiración ha desaparecido, al igual que los obituarios del partido Demócrata.

Lo que no ha desaparecido es la amenaza contra la democracia estadounidense.

Aunque en las horas posteriores a la elección, Trump dio el paso inédito de reconocer la validez de la tunda, todavía podría cambiar de opinión. Si Trump opta por tratar de revertirla, los republicanos podrían recurrir a maniobras improbables, pero no imposibles.

La nueva legislatura tomará posesión el 3 de enero de 2027. El exjuez federal Michael Luttig ha advertido en The New Republic sobre una posible maniobra: que Mike Johnson sustituya al secretario de la Cámara de Representantes por un funcionario dispuesto a excluir del registro a legisladores demócratas cuyos triunfos hayan sido certificados por los estados. Así quedarían impedidos de participar en la organización de la Cámara, bloqueando el acceso de la nueva mayoría al poder. Los afectados podrían exigir su inclusión ante los tribunales, pero Luttig contempla incluso el desacato de una orden judicial. La Cámara podría después negarles sus escaños con el pretexto de un supuesto fraude, invocando su facultad constitucional para juzgar las elecciones de sus integrantes. Luttig sostiene que esa atribución no permite desconocer triunfos legítimos y que los tribunales podrían revisar la decisión. Pero la disputa podría prolongarse durante semanas o meses y desembocar en una crisis constitucional. Ese es el peligro: que los republicanos intenten conservar mediante maniobras institucionales el poder que los ciudadanos les hayan retirado en las urnas.

Después del golpe en la mesa del electorado el 3 de noviembre, redoblar la apuesta por la erosión democrática en un intento desesperado por permanecer en el poder parecería una conducta temeraria, casi absurda. Pero el trumpismo no opera bajo las normas de la civilidad ni de la racionalidad política. En cualquier caso, la decisión que Trump impulse desde su caldo de cultivo de resentimiento tendrá reverberaciones no solo durante los dos años finales de su presidencia, sino también sobre el futuro del partido del que se ha adueñado.

El electorado estadounidense le ha puesto límites dramáticos a su propensión autoritaria y ha reivindicado más de dos siglos de vida democrática. Si Trump y sus aduladores insisten en vulnerarla, la lección podría repetirse en 2028. Quizá entonces el partido Republicano salga del trance. Después de todo, el límite de la terquedad en política es la derrota. ~